2015: El año que no fue - José Joaquín Brunner

2015: El año que no fue

Al concluir el segundo año de la administración Bachelet todo apunta, me temo, a un balance mediocre, poco enérgico, de desempeño desigual entre sectores de la vida nacional pero con escasa creatividad y proyección en general.

Alcances de una ambición

2015 iba a ser el año de máxima intensidad en el despliegue del Programa del gobierno Bachelet. Tras un inicio centrado en la reforma tributaria y el fin del lucro, el copago y la selección en los colegios, el segundo año de la administración fijaría un punto de inflexión y abriría un nuevo ciclo histórico. Luego vendría un tercer año dedicado a la consolidación de los cambios y a las elecciones municipales, puerta de entrada hacia el desenlace del actual periodo presidencial y la elección del sucesor o sucesora de Bachelet.

El Programa de campaña de la Presidenta, que tan relevante papel ideológico jugó al comenzar el gobierno, anuncia los alcances del nuevo ciclo en los siguientes términos (resumo verbatim):

- El país está preparado para entrar a un nuevo ciclo político, económico y social.
- Este programa entrega los cimientos para este nuevo ciclo.
- La necesidad de resolver las brechas de desigualdad que hoy tenemos nos exige realizar cambios profundos y estructurales.
- La más importante de estas transformaciones nos permitirá avanzar hacia una educación más equitativa y de calidad en todos sus niveles.
- Tenemos que contar con los recursos necesarios para hacer realidad estas transformaciones.
- La envergadura de esta tarea, así como la implementación de otros programas que apuntan a una mayor igualdad, nos exigen reformar nuestro sistema tributario.
- Necesitamos un nuevo marco constitucional y político que garantice derechos, defina obligaciones y que responda a las demandas de los ciudadanos por mayor participación y representatividad.
- Necesitamos prestigiar nuestra política y debemos contar con un sistema electoral que permita representar la amplia diversidad de visiones que tienen los chilenos y chilenas.
- Estos cambios estructurales unidos a algunas políticas sectoriales, como el fortalecimiento de la salud, en el ámbito público y privado, el establecimiento de nuevas condiciones laborales para nuestros trabajadores, la consolidación de un sistema integral de protección social, impulsar una descentralización efectiva, implementar una agenda de género, consolidar mejoras sustantivas en seguridad ciudadana, garantizar el respeto a nuestra diversidad e identidad, cuidar nuestro medio ambiente, avanzar en calidad de vida en el territorio y abrir nuevos canales de participación ciudadana, entre otras, son parte de los énfasis centrales del gobierno de la Nueva Mayoría (NM).
- Cuatro años es poco tiempo para la magnitud del desafío. Algunos cambios debemos implementarlos de inmediato, otros quedarán en marcha.
- Este es el comienzo de un proyecto transformador de largo plazo. Estamos hablando de hacer los cambios necesarios en el modelo de desarrollo que ha tenido Chile y que debieran orientar nuestros esfuerzos como país por las próximas décadas.

Dentro de ese mismo horizonte programático se plantea una serie adicional de transformaciones en todos los campos de la acción colectiva: economía, productividad y competitividad; energía; ciencia, tecnología e innovación; modernización del Estado; protección y defensa de los consumidores; competencia y transparencia; agricultura; pesca y turismo; minería y recursos hídricos; inversión pública y concesiones; emprendimiento de la micro, pequeña y mediana empresa; salud; trabajo; pensiones; seguridad ciudadana; justicia; descentralización; ciudad, vivienda y territorio; medio ambiente; cultura; deporte; transporte y telecomunicaciones; municipios; defensa; relaciones exteriores; superación de la pobreza; derechos humanos; equidad de género; pueblos  indígenas; infancia y jóvenes; discapacidad; igualdad y no discriminación; participación e inclusión; adultos mayores.

Casi todos los sectores de la nación cambiarían pues en el nuevo ciclo –en muchos casos con profundidad ‘estructural’–, al punto que palabras como 'refundación' y 'refundacional', no usadas desde 1981, volvieron a resonar en nuestro léxico político. Este sería el gobierno de un nuevo comienzo, de un cambio de folio, de una visión trascendente de transformación de la sociedad.

La nueva etapa traía consigo algo todavía más esencial, que subyace al Programa y que debía representar el espíritu más vital y profundo de la nueva administración. Se trataba de un nuevo modelo de desarrollo –el 'otro modelo', según se anunció– que estaría precedido por un 'cambio de paradigma' en el plano ideacional, cognitivo, de las políticas públicas.

¿En qué consistían ese diferente modelo y paradigma? ¿Qué significaba el atributo de 'estructural' de los cambios buscados?

Dicho brevemente, se trataba de pasar de un modelo paradigmático de tipo neoliberal a uno socialdemócrata de verdad. Es decir, con derechos sociales garantizados, Estado de bienestar en forma, gratuidad de servicios con cobertura universal, énfasis en bienes públicos provistos con cargo a la renta nacional, mayores y más progresivos impuestos, cultivo de las dimensiones comunitarias y solidarias de la convivencia y de una cultura emancipatoria. Ese tránsito iría acompañado de una ampliación de las libertades personales en todos los planos de la autonomía humana, haciendo posible así la libre elección de valores de acuerdo a los cuales cada uno desea conducir la propia vida.

En concreto, se pondría fin a los excesos del mercado y a la mercadización de las esferas no-económicas de la sociedad (política, educacional, científico-técnica, religiosa, erótica, familiar); a los fenómenos de mercantilización, comercialización y privatización; al predominio del individualismo y los intereses egoístas; a las soluciones privadas para los problemas públicos. Todo esto mediante una vigorosa acción del Estado y la promoción de las racionalidades democráticas: públicas, deliberativas y participativas.

Ambigüedades y límites de implementación

A mitad del andar de nuestro gobierno, puede constatarse que la dirección se ha extraviado y que la vía directa que debía llevar a la refundación de la sociedad se ha perdido. La encendida retórica inicial desapareció para ser sustituida por un lenguaje lleno de ambigüedades y contradicciones; el lenguaje del ‘realismo sin renuncia’, magnífica fórmula que resume las tensiones y límites del año gubernamental 2015.

En cuanto al ambicioso Programa, la confianza en él y sus autores quedó severamente dañada al conocerse su modo de producción y de financiamiento. El núcleo encargado de su elaboración salió prontamente defenestrado de La Moneda.

Las reformas centrales –tributaria, escolar y constitucional– sufrieron serios traspiés al entrar en contacto con la realidad. La primera, luego de aprobarse tras engorrosa negociación, está siendo rehecha ahora entre expertos que buscan simplificar y racionalizar su aplicación.  La implementación de la segunda se sujetó a la expedición de un conjunto de reglamentos, con lo cual los cambios se postergaron y su eco ideológico se ha ido apagando, sin que podamos esperar de ella un mejoramiento significativo de los aprendizajes. La tercera reforma, del orden constitucional, será canalizada a través de un proceso de educación cívica y consultas ciudadanas hacia el Congreso, que más adelante decidirá su procesamiento y aprobación. La asamblea constituyente quedó descartada por el momento (aunque no las ilusiones que se forjaron en torno a ella). La nueva carta fundamental, postergada hasta el próximo cuatrienio.

Las demás medidas de cambio –en los más diversos planos, desde la despenalización del aborto hasta el fortalecimiento de los sindicatos y la gratuidad de los estudios superiores– han experimentado similares dificultades de diseño, aprobación e implementación.

De hecho, las reformas, el gobierno como tal, la Presidenta y sus ministros y el desempeño de las autoridades y la NM en sectores considerados claves por la ciudadanía son evaluados en general a la baja por la opinión pública encuestada durante el año 2015. De modo que en vez de congregarse una corriente de entusiasmo, apoyo y movilización social tras las medidas impulsadas por la administración Bachelet, ha ocurrido lo contrario. Reina un clima de relativa apatía; las movilizaciones sociales corren en dirección contraria al gobierno y hay un constante murmullo de fondo sobre la escasa pericia de los gobernantes.

Factores de contexto

Sin duda, en dicho deterioro del apoyo al gobierno ha influido la vertiginosa pérdida de confianza en la clase política en general, motivada por los escándalos que afectaron a personal del propio gobierno e indirectamente también a la Presidenta, en primer lugar; a los partidos oficialistas enseguida; luego a la oposición de derecha que ha permanecido inerte político-ideológicamente, y también ahora último a la principal fuerza alternativa (el Partido Progresista), cuyo rostro representativo se encuentra bajo investigación de la fiscalía.

Es, pues, el sistema político en su conjunto –en sus instituciones centrales y prácticamente en todos sus liderazgos individuales con escasas excepciones– el que se halla cuestionado y ha perdido credibilidad durante el 2015.

Tampoco puede discutirse que las ambiciosas ideas de cambio del gobierno se han visto afectadas por el enfriamiento de la economía y la caída de expectativas de los consumidores. El dinamismo de los últimos años ha ido perdiendo vigor a lo largo de los 24 meses pasados y las perspectivas futuras son de estrechamiento de la actividad y de aún más reducidas expectativas de crecimiento. Una constante dialéctica negativa entre empresarios y gobierno contribuye a deprimir el ambiente de los mercados y hace dudar a la gente de que la actividad económica pueda recuperarse en el corto plazo. El bajo precio del cobre y las dificultades para elevar la productividad en diversos sectores, así como la difundida sensación de que al momento no hay una visión de desarrollo que articule los diferentes intereses, visiones de mundo e ideales, crea una nube de incertidumbres que impide ver el horizonte y apurar el paso.

Lo que viene ocurriendo con las comunidades científicas, su desilusión y real desazón con un gobierno que había prometido una política esclarecida de apoyo a las actividades de investigación y desarrollo, es un buen ejemplo del clima de frustración que se ha ido instalando en la ciudad política, nuestra polis. Como nunca antes las personas preocupadas por la invención, los descubrimientos, el conocimiento y la transformación del mundo físico y las ideas, han manifestado su preocupación y reclamado frente a la indolencia del gobierno. Acusan una falta de rumbo en este campo, inefectividad burocrática e ineficiencia de Conicyt y el desaparecimiento –en la práctica– de los temas de la ciencia académica y la innovación de la agenda pública y los planes de inversión.

Como sea, al concluir el segundo año de la administración Bachelet todo apunta, me temo, a un balance mediocre, poco enérgico, de desempeño desigual entre sectores de la vida nacional pero con escasa creatividad y proyección en general. (¿No es esa acaso la razón de la carrera presidencial anticipada que comenzó en 2015?).

Incluso temas tradicionalmente dinámicos y exitosos, como las relaciones exteriores del país, son objeto de una sorda y contenida crítica debido a la excesiva e injustificada focalización confrontacional con Bolivia, donde nuestro equipo jurídico fue tomado por sorpresa en La Haya. Hasta el momento del cambio del agente chileno, existía la idea –crecientemente compartida por amplios círculos– que el gobierno impulsaba una estrategia equivocada: reactiva frente a las autoridades bolivianas, de corto alcance, propensa a la polémica jurídica, atrincherada en el formalismo del derecho internacional pero insensible a las realidades político-culturales y a las percepciones de las autoridades internacionales, los países vecinos y los pueblos de la región. Al final, Chile parece progresivamente un colectivo enclaustrado tras los muros de sus tratados de límites, más confiado en la fuerza como última ratio que en la razón como primer puente de entendimiento y civilización. Una perspectiva que fácilmente puede descalificarse como decimonónica.

El año que concluye estuvo marcado también por una brecha entre la retórica regionalista y descentralizadora del poder y las realidades del persistente centralismo. Así, el permanente deseo de las autoridades de fortalecer el activismo del Estado central se ha conjugado con un debilitamiento de los poderes locales y, en primer lugar, de los municipios. En este cuadro cabe entender el continuo deterioro de la situación de La Araucanía y la multiplicación allí de la violencia y los actos terroristas; la falta de una oportuna previsión y ahora de una reacción efectiva frente a la situación de industrias de amplio impacto regional como la minería en el norte y la industria del salmón en el sur; y el renovado estado de semi-crisis que aqueja a los municipios, afectados por los crónicos déficits de sus colegios y servicios de salud.

Asimismo, la idea de que la acción del gobierno y las políticas públicas impulsarían la  renovación urbana, ciudades habitables, un mayor compromiso con los espacios públicos, mejores entornos para las comunidades y una existencia segura, atención a las condiciones de vida y habitación de las familias en sus localidades, todo eso ha ido borrándose del discurso para ajustarse a los parámetros de una más modesta continuidad de las políticas y al realismo de los presupuestos. En tanto perdura –y a ratos se agrava– el mal funcionamiento del transporte en la ciudad de Santiago (Transantiago) y se extiende la percepción de inseguridad frente al crimen, la violencia y las drogas, sobre todo en los sectores de menores ingresos.

Por lo demás, como ya resulta de ordinaria ocurrencia, también la administración Bachelet debió hacerse cargo de las destrucciones causadas por la naturaleza durante los dos primeros años del cuatrienio.

En suma, durante 2015, frente a la inflación de expectativas alimentadas por la promesa programática presidencial de un nuevo ciclo histórico, volvió a circular en sordina entre las élites y en el sentimiento popular –sobre todo a nivel de la opinión pública encuestada– la antigua pregunta del Centenario formulada originalmente por Enrique Mac Iver: ¿Qué ataja el poderoso vuelo que había tomado la República...?

E pur si muove

Sin embargo, no es cierto que la nación esté detenida o vaya en caída libre. Diagnósticos que exageran los males o son poco finos a la hora de analizar los progresos (aparentes o reales) ayudan poco a entender la situación en que nos encontramos.

Por lo pronto, en un cuadro de deterioro económico latinoamericano relativamente generalizado, Chile mantiene una expectativa de mínimo crecimiento. Los fundamentos de la economía –como suelen decir los practicantes de esa 'ciencia lúgubre' (dismal science), según la bautizó el historiador Thomas Carlyle (1795-1881) – están sanos, aunque la productividad se halla estancada en varios sectores. Asimismo, las instituciones funcionan normalmente, aunque con escaso reconocimiento y a veces sin efectividad, y la política, a pesar de su crisis, no se ha hundido en el populismo.

Interesantemente, el gobierno –que ya sabemos termina el año con bajos índices de popularidad y enredado en problemas de gestión política generados por su propia  incompetencia– sin embargo puede reivindicar en su favor varios cambios en la línea de su oferta programática.

En 2014 aprobó una reforma tributaria que –en régimen— sumaría el equivalente de hasta tres puntos adicionales del PIB al gasto social; logró una clara mayoría para su ley del fin del lucro, el copago y la selección escolar y creó una subsecretaría de educación parvularia dentro del Mineduc. En 2015 obtuvo –incluso con votos de la oposición– el reemplazo del sistema binominal y una 'ley corta' que introduce la gratuidad en la enseñanza superior, así como obtuvo el respaldo necesario para la creación de dos universidades estatales y de un centro de formación técnica del Estado en cada región del país.

Además, puso en discusión diversas materias en el Parlamento que durante 2016 se transformarán en leyes, entre ellas: una reforma laboral que –como sea que termine aprobándose– reforzará el poder de los sindicatos; una nueva carrera docente que, sin modificar de fondo la estructura, formación, funcionamiento y evaluación de los maestros, comprometerá una significativa suma de recursos para mejorar las remuneraciones de la profesión; el término de la administración municipal de colegios traspasándola a unos servicios locales y a un servicio nacional de educación, y los proyectos sobre probidad y corrupción que resultaron del Informe de la Comisión Engel.

Adicionalmente, tras una serie de indefiniciones conceptuales y de procedimiento, la Presidenta puso en marcha un proceso participativo en torno al establecimiento de una nueva constitución, materia que, ya vimos, será resuelta después de que concluya el actual periodo presidencial. También se puso fin al sistema binominal, aspiración continuamente sostenida desde los días de la Concertación.

A mitad de su camino, entonces, la administración Bachelet ha puesto en marcha una serie de cambios que, en parte al menos, responden a las propuestas del Programa y apuntan en general en la dirección de ampliar la esfera de bienestar del Estado y el papel proveedor, regulador y supervisor del mismo. En cada caso, claro está, la retórica ha ido por delante de la realidad y la excede; las promesas involucradas han sido exageradas y, particularmente, la gestión política de los proyectos ha suscitado fuertes críticas técnicas, tensiones dentro de la NM y acusaciones –sin lugar a dudas justificadas– de mal manejo, desprolijidad e improvisación.

Incógnitas de implementación e impacto

Por otra parte, no es posible evaluar aún el impacto de los cambios impulsados por el gobierno, pues en la mayoría de los casos las leyes correspondientes no han sido aprobadas, o su implementación todavía no comienza o los cambios esperados se hallan recién en fase preparatoria de ejecución.

Desde ya algunas cosas están claras, sin embargo. En ocasiones, como ocurre con la reforma tributaria, la legislación aprobada ha debido ser revisada a fondo para permitir una aplicación racional y dar frutos. En otros casos, como la ley educacional del fin de tres cosas (lucro, copago y selección), hay que dictar una docena o más de reglamentos para poner en marcha la reforma y algunos anticipamos que su impacto sobre la calidad de los aprendizajes escolares será insignificante y, por lo mismo, invisible.

También hay reformas que por la manera de aprobarse, a 'matacaballo', por ejemplo en el caso de la ‘ley corta’ de gratuidad, se hallan en estado líquido e inestable, a la espera de que se discuta una ley marco de la educación superior, la cual debería implantar un nuevo modelo de financiamiento de ese sistema, dentro del cual la gratuidad es solo una pieza más.

Otras reformas, como vimos, se hallan apenas en fase de tramitación, pero, desde ya, han  generado importantes efectos de incertidumbre y divisiones en diferentes ámbitos, como ocurre por ejemplo con la reforma laboral y con la desmunicipalización escolar, por ejemplo.

Balance de signo negativo

De manera que, a la luz de un balance que considere todos los elementos en juego, en las varias dimensiones del cambio ofrecido por el Programa enunciado por el gobierno Bachelet, salta a la vista, en primer lugar, la distancia entre el discurso programático y la implementación práctica.

Efectivamente, la brecha es de enorme magnitud y profundidad. No hay nuevo ciclo histórico, no hay cambio de paradigma, no se ha impuesto un nuevo modelo de desarrollo, no ingresamos en una dinámica virtuosa de mayor igualdad, no hubo efectivo recambio de la generación gobernante, la gestión política ha sido francamente mediocre, la NM no aparece como un pacto de largo aliento ni ha dado muestras de unidad de propósitos y de responsabilidad gubernamental, los aspectos técnicos y burocráticos de la administración han sido débiles y por debajo de las expectativas e incluso la Presidenta se ha visto incómoda en su  puesto, sin su acostumbrado liderazgo.

En segundo lugar, el balance confirma que a lo largo del año 2015 se instaló, y no pudo ser superada –como hemos venido sosteniendo en este espacio–, una crisis de conducción que, en última instancia, se traduce en la incapacidad práctica del gobierno de contar con una agenda, una carta de navegación, un equipo coherente de alta gestión gubernamental y una caja con suficientes herramientas para hacer frente a las complejidades de los desafíos que ha debido encarar. En cada uno de esos aspectos la gobernabilidad ha sido débil y se halla cuestionada.

La agenda aparece demasiado vaga y ambiciosa a la vez, le falta un diagnóstico realista y maduro y es improvisada y pobremente comunicada. El sueño del nuevo ciclo histórico no pudo materializarse, racionalizarse y sistematizarse. El Programa permaneció escrito en el cielo, en letras doradas, sin descender a la intrincada, compleja, a ratos fea, realidad.

No ha habido propiamente una carta de navegación, en el sentido que Edgardo Boeninger usaba este término. Por eso la continua sensación de que se improvisa, se varía el rumbo, se entra en callejones sin salida; que falta coordinación del conjunto y, en particular, una estrategia legislativa razonable y compartida con los liderazgos parlamentarios y de la NM.

El equipo central de la administración Bachelet, su núcleo, se desplomó a comienzos del 2015 y, desde ese momento, comenzó una sorda pugna entre los bloques rupturista y reformista. Aquel entiende el Programa como un dogma que debe ser impuesto mediante una operación de retroexcavadora al cual no se puede renunciar a riesgo de desdibujar la identidad del nuevo ciclo histórico. El otro (el bloque reformista) representa una visión realista del Programa, la necesidad de su reelaboración a la luz de las cambiantes circunstancias políticas y económicas, y un énfasis en la adaptación, efectividad y eficiencia del manejo de los asuntos gubernamentales. El Partido Comunista, que en la práctica lidera al bloque rupturista, reconoce abiertamente esa pugna. Así, en un documento reciente, señala que “al interior de la Nueva Mayoría hay una disputa ideológica-política de mayor calado por la direccionalidad del proceso. La disputa por la hegemonía de la dirección del proceso se ha agudizado al interior de la Nueva Mayoría”, recalca.

Por último, la caja de herramientas para el diseño, formulación, decisión y puesta en ejecución de las políticas públicas centrales parece haber estado mal dotada desde el comienzo, si uno se atiene a la mediocre elaboración técnico-jurídica de los proyectos y medidas gubernamentales  y al constante déficit de solidez de los mismos. La reforma tributaria enviada inicialmente al Congreso, y luego también su modificación y ajustes negociados y eventualmente aprobados, deben ser revisados ahora a fondo. Es un símbolo de la falla tecnoburocrática del gobierno y la débil apoyatura y asesoría recibida por parte de  los technopols próximos a la NM. Sobre todo, refleja la falta de un eficaz manejo de esa caja de herramientas; de conducción del proceso de formulación, diseño y adopción del cambio. La accidentada trayectoria de la iniciativa de gratuidad hasta culminar en la glosa objetada por el Tribunal Constitucional y luego en una deficiente ‘ley corta’, confirma la insuficiencia de la caja de herramientas con que trabaja la administración.

En tercer lugar, los hechos del 2015 permiten confirmar que la crisis de conducción gubernamental se halla acompañada –favorece a, y a la vez se retroalimenta con– la crisis que experimentan las élites nacionales: la élite política ante todo y, enseguida, la élite empresarial y la élite religiosa (de la iglesia católica), en medio de un ambiente de generalizada pérdida de reputación de las instituciones y el afloramiento de hechos de corrupción al interior de las FFAA y en el estamento directivo del fútbol.

La crisis de conducción que afecta a la gobernanza de la democracia y a sus mecanismos de dirección, orientación, representación, participación y deliberación, puso al descubierto –durante el año que concluye– que la esfera de las élites (en su conjunto) ha perdido legitimad, efectividad y prestigio. Se ha visto dislocada por la indebida penetración del dinero y los subsiguientes escándalos de los negocios en diferentes ámbitos. Ha perdido legitimidad transversalmente porque los principales grupos de poder aparecen envueltos en prácticas que no se condicen con las elevadas expectativas y responsabilidades de su posición en la sociedad. Han perdido en reputación y asentimiento, que son una parte esencial de su poder simbólico. Y, por ese solo concepto, hoy son más débiles y se ven impedidas de contribuir a resolver la crisis de conducción que experimenta el gobierno.

A su turno, esta falla del gobierno ha limitado durante los últimos 12 meses su capacidad de actuar sobre las crisis de las élites y ayudar a su renovación, rearticulación y recuperación de su papel en la sociedad. Incluso más: al comienzo del año 2015 hubo momentos en que personeros y voceros del gobierno parecieron plegarse al coro de denuncias, acusaciones, inculpaciones y activo desprestigio de las élites, sin percatarse de que de esa manera socavaban su propio sostén en el campo del poder simbólico. A fin de cuentas, a lo largo de la historia los grupos investidos de la autoridad del gobierno, cualquiera sea su fuente de legitimidad, han aparecido siempre ante la población –de ciudadanos o sujetos– como una élite,  indisolublemente asociada a las demás élites de la sociedad. La pérdida de prestigio de una afecta a las demás.

Por todo esto sostenemos que 2015 es el año que no fue. No fue el año de la consolidación de un nuevo ciclo histórico ni fue el año en que la crisis de conducción del gobierno diera señales de recuperación. No fue un año  de portentosos cambios, como se habían anunciado, pero tampoco de parálisis e inacción. Sin embargo no fue un año decisivo ni marcará los rumbos del futuro. No resolvió los conflictos dentro de la NM ni puso en marcha nuevas dinámicas de transformación. Las medidas que el gobierno sí logró aprobar o poner en marcha aún no producen efectos ni se conoce su impacto. En cualquier caso, carecen del potencial de remover las estructuras de la sociedad. ¿Traerán consigo mejoramientos y beneficioso de largo aliento? No se sabe.

En suma, el año que no fue.

Falla de dirección - José Joaquín Brunner

Falla de dirección
¿Podrá Chile concretar la promesa de sustituir el total del aporte de las familias y los estudiantes por gasto fiscal y alcanzar la gratuidad universal en 2020? Es perfectamente imposible.

   
El Gobierno utilizó la discusión de una glosa presupuestaria para iniciar el camino hacia la gratuidad universal de la educación superior (ES). Ha empleado pues una estratagema que, como veremos, genera una serie de consecuencias -de forma y fondo- cuyo impacto previsible se debe evaluar. ¿Por qué actuó así, sin una deliberación razonada y con la premura de un plazo fatal? Como sea, evitó una discusión sobre los alcances de su decisión.

¿En qué consiste el cambio buscado?

Básicamente, en trasladar una parte del gasto en educación superior que hoy financian los privados hacia el Estado. Es el primer paso de una política que eventualmente llevaría a sustituir el total del aporte de las familias y los estudiantes por gasto fiscal. Se reemplazaría así un esquema de costos compartidos entre el Estado y los hogares -que existe en la mayoría de los países del mundo- por uno dependiente exclusivamente del subsidio fiscal.

¿Podrá Chile concretar esa promesa y alcanzar la gratuidad universal en 2020?

Es perfectamente imposible. Hoy Chile junto a Canadá son -entre los país de la OCDE- los que tienen un mayor gasto total en ES (2,5% del PIB), inmediatamente debajo de los Estados Unidos (2,8% del PIB) y levemente encima de Corea (2,3% del PIB). Estos cuatro países poseen esquemas de costos compartidos, bajo el supuesto que la ES produce beneficios públicos y privados.

En cambio, los seis países OCDE que financian su ES únicamente con recursos fiscales (Alemania, Austria, Bélgica, Eslovenia, Noruega y Suiza) destinan en promedio 1,4% del PIB a esta, a pesar de poseer ingresos tributarios significativamente más altos que Chile.

Ahora bien, mirando al fondo de la cuestión, y dado que Chile hasta ahora ha sido exitoso en la tarea de financiar su ES a través de un esquema de costos compartidos, ¿qué razón hay para descartar dicho esquema e intentar sustituirlo por uno distinto, de fuente (fiscal) única e inviable a corto y mediano plazo?

Este es uno de los arcanos de la política gubernamental más difíciles de descifrar, sobre todo si se recuerda que la propia Presidenta Bachelet señaló al comenzar la campaña presidencial que la gratuidad universal era un arreglo que ella no desearía para sus hijos y el país. Veamos pues qué razones pueden invocarse y cuán sólidas son.

Primero, que el financiamiento mixto impide una alta tasa de participación en la ES. Falso: Chile posee una tasa igual a la del promedio de los países OCDE, situándose en la parte más alta de la comparación dentro de América Latina.

Segundo, que ese esquema mixto obliga a Chile a excluir al quintil de menores recursos de la ES. Falso: Chile posee el mejor índice de participación de ese quintil dentro de la región latinoamericana, según las cifras más recientes del Banco Mundial.

Tercero, dado el peso del cofinanciamiento privado, Chile tenderá a una alta deserción y una baja tasa de jóvenes graduados por primer vez de la ES. Falso: Las estadísticas publicadas por la OCDE hace unos pocos días muestran que Chile se sitúa dos puntos porcentuales por arriba del promedio de los países OCDE en este indicador.

Cuarto, que la financiación mixta impide planificar el desarrollo del sistema con negativos efectos sobre la inserción laboral de los graduados. Falso: en Chile la tasa promedio de retorno privado a la educación superior es la más alta dentro de los países de la OCDE; la empleabilidad inicial promedio es satisfactoria según datos de Mi Futuro y el desempleo de los titulados es similar al del promedio de los países OCDE.

Es imprescindible, por tanto, que el Gobierno explique por qué y para qué está pretendiendo alterar un esquema de financiamiento que aparece sólido y capaz de movilizar el esfuerzo nacional. Y que diga cómo espera asegurar que los cambios sean para mejor y no negativos.

Que las cosas pueden ir para peor, ya lo adelantó la Presidenta.

De hecho, la discusión y aprobación de la glosa presupuestaria que comentamos confirma ese aserto. Por lo pronto, discrimina entre jóvenes chilenos con las mismas necesidades socioeconómicas y similares méritos. Unos acceden a la gratuidad como un privilegio mientras otros quedan excluidos de ese derecho. Enseguida, discrimina entre instituciones. Unas se ven favorecidas discrecionalmente en perjuicio de otras. Además discrimina respecto de los derechos adquiridos por las instituciones en cuanto al pago del aporte fiscal indirecto (AFI). Especialmente las universidades privadas creadas con posterioridad a 1980 verán recortado a la mitad dicho aporte sin compensación alguna. En suma, las cosas empeoran respecto del pasado y se tornan más confusas e inciertas respecto del futuro.

Por último, el nuevo arreglo de financiación para la ES significa -¡como está a la vista!- sustituir un esquema que reduce al mínimo la discrecionalidad gubernamental en la asignación de recursos por uno que la aumenta al máximo, con un evidente riesgo de favoritismos y formación de redes clientelares.

Me parece a mí que en todo esto el ministro de Hacienda ha mostrado una débil conducción. No ha podido detener una política que debe saber es equivocada y perjudicial para el sistema. Por su lado, el Mineduc no parece haber avanzado un ápice en sentido común y capacidad técnica. Resulta incomprensible asimismo que los líderes parlamentarios del oficialismo hayan permitido discutir tan complejas materias en torno a una glosa parlamentaria y hayan finalmente aprobado un esquema claramente regresivo. Sorprende por último -¿o no debería sorprendernos ya?- que los rectores de universidades, con escasas excepciones, jueguen un rol tan menguado en la deliberación pública de estos asuntos, que comprometen el futuro de sus instituciones.

Revelaciones del Fiscal - Latinoamérica no hace nada -

Revelaciones del Fiscal -  El  Mercurio -  28.10.2015

De comprobarse la denuncia y confesión del fiscal venezolano que acusó a López, los países de la región no podrían permanecer indiferentes ante ese atropello a los derechos humanos.

   
Gran impacto han causado las graves declaraciones del fiscal venezolano, uno de los protagonistas de las acusaciones contra Leopoldo López, al confesar haber recibido presiones del Ministerio Público para inculpar al dirigente opositor mediante pruebas falsas, justificando su condena a 14 años de presidio por incitar a la violencia durante las manifestaciones que ocurrieron en 2014, con resultado de 40 víctimas fatales.

Según las revelaciones hechas por Franklin Nieves, a través de un video tras viajar al extranjero junto a su familia, sus superiores lo habrían amenazado con la destitución si no colaboraba con la condena del líder opositor, a quien el gobierno de Maduro habría planificado detener con anterioridad a la ocurrencia de las violentas protestas, según afirma el fiscal. Tras meses de angustia, decidió huir de Venezuela y revelar la verdad de lo sucedido días antes que la Corte de Apelaciones local revise la apelación presentada por la defensa del líder opositor.

La gravedad de las declaraciones -que han sido negadas por las autoridades venezolanas- ha causado gran impacto tanto en Venezuela como en el exterior. La opositora Mesa de Unidad Democrática ha pedido la inmediata excarcelación de López; del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y de otros 80 detenidos que la oposición califica como presos políticos. En Chile, el presidente del Senado presentó un proyecto de acuerdo para condenar la prisión del dirigente venezolano, demandar su liberación y pedir la presencia de observadores de la OEA y de la Unión Europea para asegurar el normal desarrollo de las elecciones parlamentarias de diciembre próximo. Diversos líderes, ex presidentes y el comisionado para los derechos humanos de la ONU han exigido desde hace meses la puesta en libertad de López, pero sin resultado. El testimonio del fiscal Nieves avala las serias dudas que existen sobre la independencia del Poder Judicial venezolano y la imprescindible separación entre los poderes del Estado en ese país, pilar básico de la democracia.

De comprobarse los hechos denunciados, los países de la región, incluido el nuestro, no podrían permanecer indiferentes ante el atropello de las garantías individuales. La gravedad de las denuncias no deja espacio para el silencio o la justificación, pues denota un preocupante deterioro de los principios democráticos esenciales y una flagrante violación de los derechos humanos de los opositores al régimen bolivariano.

Tecnocracia , Gobierno y Política Educacional

Continuación  del ensayo  de J.J.Brunner.

...............Pues bien, decía al comienzo de este ensayo que el manejo de la promesa presidencial de una ‘gratuidad universal’ para la educación superior es una perfecta ilustración, como muestra un colega en otro medio, de una falla tecnocrática del gobierno Bachelet con un potencial de daño difícil de estimar.

La génesis y trayectoria de esa falla es conocida y no necesito detallarla por tanto. Baste aquí con una lista sintética de puntos relevantes:

* En el país existe desde hace ya tiempo un creciente consenso en torno a la idea de garantizar de una manera progresiva una efectiva gratuidad para todos los jóvenes provenientes del 50% al 75% de hogares de menores recursos que ingresa a la educación superior, provisto que accedan a instituciones debidamente acreditadas y sujetas a un régimen de regulaciones públicas aprobado por la ley.

* Más aún, Chile venía avanzando en esa dirección bajo un amplio esquema de becas y créditos que fue perfeccionándose durante el último lustro, de modo tal de cubrir al mayor número posible de estudiantes de menores recursos junto con evitar imponerles una deuda que al graduarse pudiera convertirse en un lastre imposible de sobrellevar. Para continuar avanzando hacia la gratuidad hubo acuerdo, adicionalmente, en una reforma tributaria que generase un monto significativo de recursos, la mayor parte de los cuales debía destinarse a la reforma de la educación en todos los niveles, incluida una fracción razonable para esa gratuidad progresiva.

*Sin embargo, sorpresivamente, el programa presidencial de Bachelet ofreció ‘gratuidad universal’ para el año 2020 y gratuidad para los estudiantes del 70% de hogares de menores recursos al final de su administración (2018). Una propuesta maximalista y, en la práctica, irrealizable en el actual estado de desarrollo del país.

* Impulsados por esta promesa que era una ilusión, el gobierno y sus tecnoburócratas y académicos de apoyo entraron desde el primer día en una espiral de contradicciones, ofreciendo un día algo que al día siguiente debían aclarar o corregir, mientras buscaban generar una fórmula que hiciera posible lo imposible. Todo esto en un ambiente de creciente confusión, en medio de un continuo tira y afloja con las instituciones universitarias y no-universitarias y en presencia de un choque de expectativas cruzadas entre los diferentes actores involucrados: estudiantes y movimiento estudiantil, académicos, universidades estatales y privadas, privadas más antiguas o derivadas de ellas y privadas más nuevas, partidos políticos, expertos de diferentes persuasiones.

* Sin haberse alcanzado un acuerdo técnico al interior de la administración, ni menos con las diferentes partes interesadas, y en un cuadro de caída de la popularidad presidencial y de las expectativas de crecimiento económico y del gasto fiscal, el gobierno decidió pisar el acelerador cuando iba por la cuesta hacia abajo y anunció, en el Mensaje presidencial del 21 de mayo pasado, que la gratuidad-sin-becas se anticiparía parcialmente para los estudiantes del 60% de jóvenes de menores recursos mediante subsidios a la oferta (las instituciones) que -en caso de no pertenecer al CRUCH- cumplieran con ciertos criterios de elegibilidad. Esta medida sería implementada con dineros asignados en una glosa del presupuesto de la nación que actualmente se discute en el Parlamento.

* El anuncio presidencial, improvisado técnicamente y comunicado sin mayor precisión, debió ir corrigiéndose sobre la marcha durante las semanas siguientes y hasta hoy día, cuando aún no se conoce el diseño de detalle del esquema que se buscará imponer ni el plan para su implementación. La prensa registra por lo menos seis o siete cambios que se han ido introduciendo con posterioridad al 21 de mayo. Aun así, el desconcierto de las partes involucradas es visible, el rechazo de algunas y la disconformidad de muchas es público y las preguntas sin respuesta son numerosas.

* Entre las principales cuestiones que suscita esta errática política se encuentran las diez siguientes: (i) qué justifica discriminar entre estudiantes con las mismas necesidades socioeconómicas (de hogares del 50% de menores recursos) e iguales méritos matriculados en instituciones con un mismo nivel de acreditación; (ii) qué justifica discriminar entre universidades pertenecientes al CRUCH y otras privadas con niveles similares o superiores de acreditación; (iii) por qué se decide abandonar la gratuidad ya alcanzada y, en vez de construir sobre ella, se cambia el financiamiento fiscal desde los estudiantes hacia las instituciones; (iv) cómo se calculará el subsidio por alumno para más de mil carreras distintas sin dañar los ingresos de cada institución; (v) por qué se ha elegido un esquema de financiamiento que posterga -una vez más- a los estudiantes de IP y CFT donde estudia la mayoría de aquéllos provenientes del 50% de hogares de menores recursos; (vi) cómo se garantiza que el subsidio asignado a las instituciones favorecidas por la gratuidad sea empleado eficaz y eficientemente en favor de los estudiantes ‘vulnerables’ que son los destinatarios finales de esos recursos; (vii) qué incentivos crea este esquema para que las organizaciones mejoren la calidad y eficiencia del servicio que prestan; (viii) qué efecto traerá consigo el hecho que a una misma sala de clase concurran alumnos gratuitos y otros que pagan sus estudios; (ix) dado que la gratuidad estimulará el ingreso de un mayor número de estudiantes de hogares de los primeros dos quintiles, ¿están preparadas las instituciones para atenderlos seriamente y compensar su débil capital escolar u cultural? El cálculo de gasto unitario del gobierno, ¿considera este factor? (x) Finalmente, con el esquema propuesto, ¿cómo podrá evitarse que se lesione la autonomía real de las universidad para gobernarse a sí misma y gestiona sus asuntos y cómo se evitará que en adelante cada universidad compita por su cuenta para negociar políticamente su presupuesto anual con él gobierno de turno?

El hecho de que surjan todas estas dudas lleva a pensar que el gobierno ha estado actuando con poca pericia técnica e improvisando sobre la marcha soluciones que no son tales. Más encima, la conducción política de conjunto de la administración ha elegido una glosa del presupuesto de educación para 2016 como el terreno propicio para iniciar la implementación de su política de gratuidad 'universal'. Esto lleva a dudar de la racionalidad con que este  asunto se está manejando técnico-políticamente. Tampoco es claro en qué marco de política se inscribe esta iniciativa, pues el único documento dado a conocer en tal sentido por el Ministerio de Educación (14 de julio de 2015) es en extremo vago en su diseño, carece de un diagnóstico,  posee débiles fundamentos, es de escasa densidad técnica y tiene un sesgo netamente retórico.

Transcurrido un tercio del tiempo de la administración Bachelet, cabía esperar un mejor desempeño de  la tecnocracia asociada al Mineduc y de su propia tecnoburocracia, así como una más eficaz gestión política del tema de la gratuidad.

Según reconoció el ex ministro de Educación y hoy ministro de la Presidencia, su cartera  de entonces se vio desbordada igual como ocurrió al conjunto del gobierno. En una entrevista estilo naive del 6 de septiembre pasado, señaló: “En un año dos meses, yo tenía que hacer una nueva carrera docente, reorganizar la educación particular subvencionada, reestructurar la educación pública, y hacer el cambio del financiamiento de la educación superior. Era imposible hacer las cosas bien a ese ritmo. Pero eso lo percibía también para el conjunto del Gobierno. Vi que claramente estábamos metidos en una vorágine de reformas que no íbamos a ser capaces ni de diseñar apropiadamente, ni de tramitar políticamente, sin provocar excesivos conflictos". Y candorosamente acota: “Ni Superman puede diseñar técnica y políticamente bien una cantidad de reformas que son complejas y, al mismo tiempo, gestionar bien”.

En ese punto estamos. Frente a un mea culpa que revela la falla tecnocrática del gobierno y su débil conducción y gestión políticas. Justamente porque se trata de las dos caras de la gobernanza democrática, el asunto es grave y no puede resolverse con el ritualismo de una autocrítica. Exige, en cambio, pasos concretos para mejorar la legitimidad y la efectividad técnica de las soluciones. Hasta ahora, tal desafío supera las capacidades de respuesta de la conducción política y la gestión técnica del gobierno. Por lo mismo, es urgente que se ponga a la altura de lo prometido para que deje de ser una ilusión riesgosa y pueda transformarse en una solución política y técnicamente viable.

Osorno es más que Osorno

Osorno es más que Osorno

por JORGE COSTADOAT 14 octubre 2015

Soy admirador de Francisco. Este Papa está haciendo cambios en la dirección exacta. Admiro especialmente la libertad que genera un Papa que habla sin temor a equivocarse. Él mismo facilita la posibilidad de criticarlo.

Muchos consideramos un error que el Papa haya nombrado a Juan Barros como obispo de Osorno. Los católicos no podemos desconocer que él tenga la última palabra en los nombramientos episcopales. Mediante esta prerrogativa el sucesor de Pedro puede garantizar la unidad de la Iglesia. Pero la última palabra en las elecciones episcopales no debiera ser la única palabra. También los obispos locales ha de poder pesar en los nombramientos. Esta nominación, en particular, ha sido hecha en contra del querer de la conferencia episcopal de Chile y en contra de buena parte de los osorninos.

Lo que está en juego en esta oportunidad es el respeto a una iglesia local. Tratar el Papa de “tonta” a la ciudad de Osorno por oponerse a este nombramiento, es un desliz desafortunado e injustificable. Pero la resistencia de Osorno a aceptar a Juan Barros como obispo también indica que hay en juego algo mayor. Los osorninos nos llevan la delantera: ellos exigen otro modo de gobierno en la Iglesia Católica.

A lo largo de la historia la Iglesia ha adoptado más o menos las estructuras de gobierno al uso de la época. El problema es que la actual estructuración del poder en la Iglesia corresponde a la de la época de las monarquías absolutas europeas. ¿Se refería a esto el cardenal Martini poco antes de morir cuando afirmó que la “Iglesia está atrasada en doscientos años”? Creo que sí. Ya Juan Pablo II había pedido ayuda para repensar el ejercicio del primado de Pedro. El caso es que la institución eclesiástica, que en los últimos siglos ha debido lamentar a llantos el desmoronamiento de la cristiandad, ha desoído los anhelos de participación y la cultura democrática de sus fieles, y tampoco ha querido tomar en serio el mandato de ejercicio colegial del episcopado que le dio el Vaticano II. La gente hoy desea participar de alguna manera, en algún grado, en el nombramiento de sus autoridades. Pero en la Iglesia los laicos participan poco. Peor es la situación de las mujeres. Ellas no son tenidas en cuenta en ninguna decisión que se tome a alto nivel. De muestra un botón: en el Sínodo sobre la familia no vota ninguna madre.

 El Papa Francisco ha recibido del cónclave una sola misión: reformar la curia romana que hasta ahora ha tratado a las iglesias locales como a infantes. Lo que falta en la Iglesia de hoy es mayor autonomía: elección de las propias autoridades y respeto para las iglesias regionales y locales; y, aún más, integración de los laicos y las mujeres a todo nivel.

Este modo de gobierno de la Iglesia es histórico, no siempre fue igual, puede y debe cambiar para estar a la altura de los tiempos. Su lenguaje y sus estructuras se han vuelto incomprensibles a los contemporáneos. El Papa Francisco ha recibido del cónclave una sola misión: reformar la curia romana que hasta ahora ha tratado a las iglesias locales como a infantes. Lo que falta en la Iglesia de hoy es mayor autonomía: elección de las propias autoridades y respeto para las iglesias regionales y locales; y, aún más, integración de los laicos y las mujeres a todo nivel.

Cabe aquí recordar qué lamentable fue que los documentos de la última conferencia del episcopado latinoamericana tenida en Aparecida (2007), hayan vuelto de Roma alterados. Peor aún fue la intervención de la curia romana en la conferencia de Santo Domingo (1992). En esa ocasión el episcopado regional fue atropellado sin miramientos.

Nos consta que el Papa avanza en la reforma de la curia. No sacará mucho con diagnosticar a la curia las enfermedades de que padece. Entre otros males, dijo a los dignatarios que lo escuchaban que padecían de “alzheimer espiritual” (22/12/14). El lenguaje directo no basta. Se necesitan cambios estructurales que dolerán especialmente a los purpurados que no tienen ninguna gana de introducir accountability en su gobierno ni tener que exponerse escrutinio público. La Iglesia en su larga historia se ha gobernado a sí misma de formas diversas. Hoy, cuando ella se ha mundializado, cuando está de hecho presente en continentes culturalmente muy diversos, tiene que asumir modos de estructurarse mucho más democráticos.

El Papa san Celestino pedía: “Nadie sea dado como obispo a quienes no lo quieran. Búsquese el deseo y el consentimiento del clero, del pueblo y de los hombres públicos. Y solo se elija a alguien de otra iglesia cuando en la ciudad para la cual se busca el obispo no se encuentre a nadie digno para ser consagrado (lo cual no creemos que ocurra)” (A los obispos de Vienne, PL, 434).

Nullus invitis detur episcopus, pedía Celestino, “ningún obispo impuesto”. Muchos en Osorno piensan lo mismo. Pero Osorno es más que Osorno. Los osorninos nos representan a todos los católicos que queremos que en la Iglesia haya más participación.

¿Qué parte es la que no entiende la elite?

¿Qué parte es la que no entiende la elite?

por PATRICIA POLITZER

¿Qué pueden tener en común un senador, un empresario y un historiador? En el caso de esta columna, forman parte de esa elite de nuestra sociedad que padece una severa incapacidad para entender el mundo en que vivimos.

En un país en el que cuesta –y mucho– asumir errores y disculparse, el senador Jorge Pizarro acertó al asumir que su viaje al mundial de rugby en medio de las réplicas del último terremoto fue un traspié contundente. Sin embargo, cabe preguntarse cómo es posible que un político con amplia y dilatada trayectoria como la suya cometa tamaño desacierto. Más aún, si consideramos el cuestionamiento por las boletas que sus hijos emitieron para SQM.

Tampoco resulta comprensible que, en medio de las discusiones sobre transparencia y probidad, el ex Mapu, ex presidente de la CPC e integrante de Fuerza Pública, Rafael Guilisasti, salte sin mayor recato desde la Corfo a la cabeza de las sociedades Cascada, con las cuales el Estado está en juicio. ¿Alguien puede pensar que no hay incompatibilidad entre uno y otro cargo? ¿No se le pasó por la mente que podía estar cometiendo una transgresión sustantiva, que era ética y estéticamente impresentable? Si bien el empresario no era un funcionario público propiamente tal, no cabe duda que cumplía una función pública relevante que le permite manejar información reservada en torno a la disputa entre Corfo y las Cascadas.

El salto de Guilisasti se ve aún más impúdico si consideramos que el empresario es director de CorpBanca, el banco que acaba de otorgar un suculento crédito a las mismas Cascadas, donde él llega a ocupar el cargo dejado por Julio Ponce Lerou a raíz de los escándalos que han involucrado a SQM.

Estamos en el siglo XXI, los estándares de transparencia y probidad cambiaron de manera radical. Ya no es posible dejar a los electores botados en medio de las réplicas de un terremoto, entregar bonos millonarios a unos pocos mientras los demás se endeudan para llegar a fin de mes, saltar impunemente de un cargo público a otro privado, beneficiándose de la información recogida. Muchas situaciones impropias no son delito, pero ya son impracticables por ser antiéticas.
Y si de bancos se trata, tampoco resulta inocuo el nombramiento del nuevo presidente del BancoEstado, Jorge Rodríguez Grossi. Sin duda se trata de un profesional destacado y prestigiado pero, cuando el país está saturado de puertas giratorias, no resulta prudente que el Gobierno nombre en dicho cargo al presidente ejecutivo del polémico proyecto hidroeléctrico Alto Maipo. El economista ha ido y vuelto entre el sector privado y el público demasiadas veces como para pasar inadvertido.

Esta vez, Rodríguez Grossi reemplaza en el cargo a Guillermo Larraín, quien se vio obligado a renunciar tras una compleja negociación colectiva con el sindicato del banco que agrupa al 97 por ciento de sus trabajadores. Más allá de haber sobrepasado el límite que Hacienda le dio para negociar el incremento salarial y evitar la huelga, el pecado de Larraín fue no dimensionar el carácter escandaloso de un bono de fin de conflicto que asciende a más de seis millones de pesos para cada trabajador. ¿Alguien pensó que ese bono podía pasar inadvertido para la opinión pública? Ese bono supera el sueldo de todo un año del 70 por ciento de los trabajadores chilenos.

Sin duda el llamado “bono de fin de conflicto” se ha convertido en una perversión estructural de la negociación entre trabajadores y empresarios. Lo que alguna vez fue un pago para compensar los días de huelga que se descontaban del sueldo, hoy es una herramienta espuria que alegra a los trabajadores cuando lo reciben, pero los perjudica en la posibilidad de mejorar sustancialmente sus condiciones laborales. La dictadura utilizó el bono para tener trabajadores tranquilos, los empresarios la usan para bajar sus costos. Los ejecutivos del BancoEstado no calcularon que el Estado no puede seguir incrementando los privilegios de algunos.

Desgraciadamente, la Presidencia de la República tampoco está exenta de esta falta de sensibilidad con el entorno. Entre sus contrataciones de los últimos meses figuran varios jóvenes –treinteañeros– cuyos honorarios ascienden a cinco millones de pesos. Se trata –supongo– de buenos profesionales, como el historiador Enzo Abbagliati o el profesor de filosofía Felipe Barnachea –ambos con su respectivo magíster–, pero eso no explica que su remuneración supere sustancialmente la que reciben numerosos colegas y funcionarios de planta con responsabilidades directivas.

Estos hechos son sin duda de distinto calibre. No es comparable irse de viaje en un momento inadecuado o tener un sueldo excesivo que manejarse caprichosa y arbitrariamente en las más altas esferas del poder económico. Sin embargo, estas situaciones irritan por igual a la inmensa mayoría de los ciudadanos. Todas ellas dan cuenta de que algunos siguen gozando de privilegios impropios y gozando de una parte demasiado grande de la torta.

Las encuestas, las redes sociales y las entrevistas en las calles de cualquier ciudad son categóricas para dar cuenta del desprestigio de la clase política, de la desconfianza frente a los empresarios, de la rabia contenida frente al abuso y la desigualdad.

Estamos en el siglo XXI, los estándares de transparencia y probidad cambiaron de manera radical. Ya no es posible dejar a los electores botados en medio de las réplicas de un terremoto, entregar bonos millonarios a unos pocos mientras los demás se endeudan para llegar a fin de mes, saltar impunemente de un cargo público a otro privado, beneficiándose de la información recogida. Muchas situaciones impropias no son delito, pero ya son impracticables por ser antiéticas.

¿Qué parte de todo esto es lo que la elite se resiste a comprender?

Tranquilo, senador, tranquilo...

Tranquilo, senador, tranquilo... - Cristián Warnken -  El Mercurio

   
Senador Pizarro: no renuncie, quédese tranquilo ahí donde está, instalado en su confortable y merecido sillón senatorial y a la cabeza de un partido "demócrata" y "cristiano", su gran aval moral. No se agite de más, entonces: nada pasará, sus camaradas le perdonarán todo. ¡Es que son tan misericordiosos! Harán vista gorda como ya antes lo han hecho con casos tal vez peores que el suyo.

Todo seguirá igual o si cambia será "lampedusianamente" ¿Conoce a Lampedusa, el escritor siciliano que en la novela "El Gatopardo" inmortalizó la frase: "que todo cambie para que todo siga igual"? Me imagino que ese debe ser el libro de cabecera de la clase política hoy y el suyo: ahí está la fórmula y el método. Es tan sencillo. Hacer como si las cosas cambiasen para que no cambien, reescribir las leyes de transparencia a la pinta de los grandes partidos, echarse al bolsillo la crisis de confianza brutal que golpea al país, decir como decía ese gran relator de partidos de fútbol: "aquí no ha pasado nada, pero estuvo a punto de pasar".

¿Para qué inquietarse, entonces, con la indignación de los ciudadanos de su distrito? ¡Son unos malagradecidos esos coquimbanos, claro está! "Malagradecidos", esa es la palabra talismán que han usado dirigentes de todos los colores de nuestra historia, entre ellos el general Pinochet, cuando lo abandonaron. ¿Se acuerda? También se la escuché, en un viaje que acabo de hacer a Cuba, a unos militantes del Partido Comunista, cuando les dije que percibía un descontento generalizado entre los cubanos hacia el régimen: "son unos malagradecidos", me dijeron. Es que la gente no valora los desvelos, los sacrificios, los viajes distritales, la dieta parlamentaria que no alcanza para nada (hay que alimentar a tanto asesor y operador que anda por ahí).

¡Mire que cobrarle un viajecito a ver un mundial de rugby! ¡Si no es para tanto! ¡Si hay alcaldes que se han ido a Las Vegas a gastarse el erario municipal! ¡Además, ilustrísimo, esto fue apenas un terremoto de magnitud 8.4 en la escala de Richter, un tsunami poco! Es como lo del informe verbal de sus hijos. Si usted lo explicó tan bien. Hasta acuñó un nuevo término: es que el lenguaje es tan importante. Debiera también inventar un neologismo para resignificar este viaje.

Eso sí, hay que reconocerle, senador, que usted tiene resistencia de rugbista: no lo bota nada, nadie lo saca de su posición (¿cuál sería esa en jerga de su deporte favorito?). Lo único que se le manifiesta, eso sí, es en la cara una sensación de molestia, de hastío ante la ingratitud popular. Le recomiendo que sea más "cara de palo" todavía, coméntelo con sus asesores de imagen, me encontrarán razón. Ya lo han sacado a la pizarra dos veces, y todo se le ha perdonado. Es que, claro, un partido como el suyo, que se dice cristiano, debe perdonar tres, cuatro, mil veces si es necesario y poner la otra mejilla. Eso resulta bien en Chile: pedir perdón públicamente, ojalá con los ojos llorosos.

Hemos tenido a arzobispos pidiendo perdón por correos viperinos o a senadores y jugadores que violan leyes de tránsito o hacen gestos "educativos" para nuestra juventud (como el del dedo ese de Jara). ¡A todos ellos se les ha perdonado todo! Tranquilo, entonces, no se agite. Piense: al único al que no se le perdona nada es al ciudadano de a pie... Pero si Jesús lo dijo clarito: "muchos serán los llamados y pocos los elegidos"...Y usted es de los elegidos. Y por amplia votación. Y, a propósito, senador: ¿es verdad que no va a la reelección?

¿Está tal vez pensando pasarse del servicio público al sector privado, como está de moda hacerlo? ¡Entonces lo van a acusar de llevarse información privilegiada del Estado! ¡Ah, qué país este! No se puede jugar rugby, hacer negocios ni política tranquilos, y además de todo, no se deja a los hijos hacer sus "emprendimientos" en paz... Pero de los hijos ni hablemos, senador, porque como dijo el Quijote: "mejor no menearla".

Hora de revisar y corregir - José Joaquín Brunner

Hora de revisar y corregir
Tal como en 1959 Aníbal Pinto lo planteó en "Chile, un caso de desarrollo frustrado", hoy enfrentamos nuevamente el riesgo de frustrar nuestra trayectoria de desarrollo y estamos llamados a reaccionar.

 
   
Ahora que comienza a oscurecer el horizonte de nuestro crecimiento económico es imprescindible iluminar los desafíos a mediano y largo plazo que el país tiene por delante. Vuelve a aparecer el fantasma de "Chile, un caso de desarrollo frustrado" que Aníbal Pinto echó a andar en 1959. Allí su autor concluye que la "gran contradicción" del desenvolvimiento chileno es entre la limitada capacidad productiva y las ilimitadas demandas de la democracia. Y remata: "Las condiciones de vida democrática [...], en esencia, son incompatibles con una economía estagnada [sic]".

Tal es asimismo la lección que enseña América Latina.

Hoy enfrentamos nuevamente el riesgo de frustrar nuestra trayectoria de desarrollo y estamos llamados a reaccionar.

De hecho, el fin del boom minero subraya la urgente necesidad de que Chile diversifique su economía más allá de los sectores intensivos en la producción de "commodities", apuntando hacia una economía más productiva, junto con profundizar en aquellas reformas que harían posible avanzar en esa dirección.

¿Cuáles son esas reformas?

No hay misterio en ello. Primero que todo, necesitamos elevar las capacidades -destrezas, habilidades y conocimientos- de los trabajadores y de las futuras generaciones para desempeñarse más productivamente y aumentar la densidad tecnológica de nuestra economía. No basta solo con elevar los años de escolarización de la población, objetivo que en cualquier caso el país ha conseguido exitosamente durante los últimos 25 años.

Ahora se trata, además, de mejorar las competencias que las personas requieren para aprender, trabajar, interactuar, comunicarse y convivir en una sociedad y una economía organizadas en un nivel superior de racionalidad.

La educación debe hacerse cargo de ese desafío formativo. Debe cultivar: (i) unas ciertas maneras de pensar que permitan a las personas aprender a aprender, tomar decisiones y solucionar problemas; (ii) unas maneras de trabajar en equipo aprovechando las múltiples formas de comunicación al alcance de la sociedad de la información; (iii) la capacidad de usar las redes generadas por la revolución digital, y (iv) quizá lo más importante, la capacidad de administrar autónomamente nuestras propias vidas y cambiantes carreras.

Junto con abordar esas complejas tareas del siglo 21, nuestro sistema escolar mantiene su misión histórica central: desarrollar las competencias cognitivas fundamentales a nivel individual -la comprensión lectora, el manejo numérico y el razonamiento científico- así como la inteligencia socioemocional y los rasgos de la propia personalidad. Sabemos que en Chile estas son todavía asignaturas pendientes. Igual ocurre con la función social de compensar las desigualdades de la cuna.

Adicionalmente, necesitamos impulsar otra serie de transformaciones.

En lo económico, poniendo la innovación como eje del sistema productivo mediante una activa política de investigación y una relación más estrecha -más productiva, precisamente- entre universidades, empresas y gobierno, con fuerte énfasis regional.

En la sociedad civil, multiplicando modalidades descentralizadas de provisión y administración de servicios sociales a nivel local y emprendimientos asociativos de todo tipo.

En el plano del Estado, a través de acciones modernizadoras destinadas a mejorar la gestión pública y a fortalecer los organismos de apoyo, regulación y coordinación de una sociedad descentralizada.

Esas transformaciones suponen el cultivo de patrones y rasgos culturales alejados de nuestra tradición burocrática. En vez del centralismo, la descentralización y valoración de lo local; en vez de la desconfianza en la autonomía individual y los emprendimientos sociales, confiar en ellos y fomentarlos por doquier; en vez del rentismo y las ventajas estamentales, una actitud de crítica e innovación basada en el mérito.

A la luz de la profundidad y novedad de los desafíos y riesgos que enfrentamos resalta dramáticamente la falta de perspectiva de nuestras políticas educacionales. La confusión generada por el anuncio sobre gratuidad de la educación superior es nada más que un síntoma de esa ausencia de conducción.

Como nunca antes las políticas educacionales se hallan a la deriva. Navegan como barcazas sin piloto ni timón, incomunicadas entre sí, zarandeadas de un lado a otro. El ex ministro del ramo formuló una descarnada autocrítica de la metodología empleada para elaborar esas políticas. Pero aún resta por hacer un balance igualmente crítico de su diseño, objetivos y contenidos. De lo contrario, seguirán adelante y podrían irse a pique o dañar el valioso tesoro que pertenece a las futuras generaciones.

En suma, las políticas educacionales en curso no se hacen cargo de los viejos ni de los nuevos desafíos, ni apuntan tampoco hacia los cambios que son necesarios en la economía, la sociedad civil y el Estado. Por su lado, los patrones y rasgos culturales que esas políticas afirman son precisamente aquellos que debemos superar.

Puede anticiparse por consiguiente que si el Gobierno no da un verdadero giro en su política educacional que acompañe a otras revisiones tímidamente insinuadas, pero aún no materializadas, entonces es probable que volvamos a ser el mismo de antes: "Chile, un caso de desarrollo frustrado".

Administración Bachelet: gestión política, desempeño y evaluación - José Joaquín Brunner - El Líbero

Administración Bachelet: gestión política, desempeño y evaluación

La información y los análisis disponibles subrayan las debilidades observadas en la cúspide del poder gubernamental, con una Presidenta objetivamente disminuida frente a la opinión pública encuestada.
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El gobierno se mueve entre tres factores que entraban su gestión política (politics) y de políticas públicas (policies). Primero, el desempeño gubernamental -expresado en leyes aprobadas, solución de problemas en áreas claves, transmisión de señales, satisfacción de diferentes partes interesadas, etc.- es considerado poco efectivo. Segundo, el reconocimiento y apoyo de la opinión pública encuestada es críticamente bajo. Tercero, el núcleo que conduce la gestión política y de políticas públicas aparece poco asentado; como veremos, no transmite seguridad ni parece confiar en sí mismo.

I

El desempeño gubernamental es inefectivo. Desde el primer día la administración Bachelet trabaja sin una agenda con prioridades y metas a ser alcanzadas gradualmente. Por lo mismo, su acción resulta confusa, desordenada y poco jerarquizada. Es cierto, hay un programa que en su momento sirvió como medio de campaña para comunicar aspiraciones y convocar electores en torno a la figura -entonces carismática- de la candidata, hoy Presidenta.

Mas el programa declara valores, fines, no objetivos a alcanzar dentro de un marco de posibilidades. Habla de equidad, libertad, transparencia, sustentabilidad, participación, poder local, bienestar y fines públicos, pero no de cómo organizar medios y procedimientos ni cómo asignar responsabilidades y recursos para su obtención. Justamente es en el plano de los valores últimos donde las políticas tienen que arbitrar. ¿Cuánta equidad y cuánta autonomía para que las familias elijan la educación de sus hijos? ¿Qué grado de libertad para que las mujeres decidan terminar con su embarazo? ¿Cómo combinar los derechos de los individuos y los intereses de la comunidad?

En situaciones conflictivas o inciertas es inevitable que los gobiernos empleen conceptos ambiguos -como de suyo es el lenguaje de los valores- para mantener una relativa cohesión entre sus seguidores y en su coalición de apoyo. Precisamente por eso la actual administración -cuando arrecian las dificultades y tensiones- emplea conceptos estratégicos vagos además de hacer un uso táctico de la ambigüedad al nivel de los medios y los objetivos. El costo es ser percibida como imprecisa cuando no contradictoria. Lo cual a su vez provoca fallas de comunicación con los partidos, gremios, sindicatos y movimientos sociales.

También las principales reformas impulsadas por el gobierno presentan problemas de ambigüedad e interpretación. El lema del “realismo sin renuncia” es quizá el ejemplo más contundente. Al punto que la propia Presidenta, su equipo político y la Nueva Mayoría (NM) terminaron enredados en la interpretación de esta cabalística fórmula. Ni siquiera el cónclave destinado a precisarla pudo despejar la confusión.

Si el desempeño del gobierno en el armado y gestión de su agenda ha sido débil, no puede uno sorprenderse que los resultados sean mal evaluados. Por ejemplo, los proyectos tramitados en el Congreso parecen improvisados y son técnicamente débiles, al punto que el propio gobierno debe rehacerlos por la vía de las indicaciones y, una vez promulgados, requieren numerosas circulares aclaratorias y reglamentos para poder implementarlos, o incluso de una ley para mejorar su diseño y graduar su aplicación.

Una misma percepción de falta de diseño o baja efectividad existe respecto del manejo de los asuntos cotidianos de la administración, como la seguridad urbana, la paz en La Araucanía, la diplomacia frente a Bolivia, los colegios municipales, el transporte metropolitano, la construcción de hospitales o la gestión de las becas para estudios en el extranjero.

De allí el juicio negativo, y de insatisfacción, que se ha ido instalando entre los diversos actores y partes interesadas en las políticas públicas.

El gobierno se defiende alegando que esas reacciones eran previsibles y responden a los intereses amenazados por las reformas estructurales. Bien podría ser un elemento de la explicación. Pero no se hace cargo del hecho que la mayor parte de las insatisfacciones se asocia no a las reformas, sino a persistentes problemas como el Transantiago, las colas de espera, los abusos, la inseguridad ciudadana, los fenómenos de corrupción, una economía más estrecha. O bien a la gestión deficiente de las propias reformas concretadas o proyectadas (tributaria, escolar, laboral, de reforma constitucional, de gratuidad de la educación superior, etc.).

La verdad es que una medida importante de las insatisfacciones se debe, ante todo, a lo errática de la conducción del gobierno, a su interlocución sin resultados, lenguaje confrontacional, la explosión de expectativas impulsada por el discurso oficial, escasa capacidad resolutiva de autoridades intermedias, burocratismo de los servicios públicos, divisiones dentro de la NM y un clima de incertidumbre provocado por una autoridad indecisa.
II

Todo lo cual nos conduce al extrañamiento experimentado por la opinión pública encuestada respecto al gobierno Bachelet. Esa opinión -que habla a través del los sondeos de ADIMARC, CEP, MORI, CADEM, CERC y los medios de comunicación de masa- se pronuncia negativamente en la actualidad, en un nivel nunca antes visto, respecto de la Presidenta, su gobierno y sus medidas de reforma. Muestra un reflujo de la popularidad gubernamental desde la cima alcanzada tras la elección de la Presidenta, hasta la sima donde ha caído durante las últimas semanas.

No ha sido un cambio de marea agitado, abrupto, de alta intensidad y fuertes turbulencias. Al contrario, ha sido un descenso gradual pero persistente a lo largo de los últimos diez meses: en todos los sectores sociales, grupos de edad, en regiones y Santiago, entre hombres y mujeres y entre personas distribuidas a lo ancho del espectro ideológico.

Estos movimientos de opinión son, digamos así, la otra cara de la deficitaria performance del gobierno. Es la percepción existente -medida como registro de opiniones- sobre la conducción gubernamental.
El sector social donde esa percepción negativa ha ido difundiéndose más profusamente es aquel conformado por la actual clase media, especialmente en los nuevos estratos emergentes. Son esos segmentos los que más fuertemente dependen de la calidad de la gestión política y de las políticas públicas imprescindibles para mantener e incrementar las oportunidades de vida, educación, trabajo, consumo y participación. Efectivamente, dichos grupos -que entre otras cosas se ensanchan cada cuatro años con la inclusión de 600 mil nuevos técnicos y profesionales- son los que mayormente necesitan crecimiento económico, empleos, seguridad en los barrios, colegios que funcionen con efectividad, menores tiempos de espera en los servicios de transporte y salud, acceso a viviendas al alcance de sus ingresos y ahorros.

Algo similar ocurre con otros segmentos de esa clase media ampliada: micro y pequeños empresarios, vendedores, empleados de servicios públicos y privados, estudiantes técnicos y universitarios, adultos que asisten a cursos vespertinos y a programas de capacitación. Más que el carisma de la Presidenta, o el nivel de progresismo de la NM, o las promesas del programa, a los hombres y mujeres de clase media les importa un gobierno eficaz, realista, con agenda clara, eficiente en la solución de problemas, que mantiene el orden y la seguridad, construye acuerdos y ofrece un sentido a la vida colectiva de la sociedad.

La administración Bachelet ha sido particularmente débil en su desempeño y gestión comunicacionales. Ha carecido de un relato que confiera sentido a sus decisiones e identidad a sus propuestas. Al contrario, su fisonomía discursiva está marcada por declaraciones contradictorias y poco realistas de la Presidenta; por la oscilación entre una fraseología rupturista y una gradualista; por las memorables ironías de un ministro o aquella inolvidable metáfora empleada por un presidente de partido de la NM.

La ausencia de una narrativa coherente -en una administración que al comenzar se preciaba de inaugurar un nuevo ciclo, traer consigo un paradigma que cambiaría drásticamente las políticas de la Concertación, y de tener una pretensión refundacional- deja atrapado al gobierno entre el fuego cruzado proveniente de las diferentes fracciones internas de la NM que buscan definirlo a su favor. Así, en vez de contar con una comunicación orientada estratégicamente, la administración Bachelet ha terminado envuelta en una refriega de mensajes que contribuye a dificultar la conducción.
III

El bajo desempeño manifestado a través de una performance mediocre, performance mal enjuiciada a su vez por la opinión pública encuestada, desemboca en un cuadro de crisis en el núcleo que gestiona la política y las políticas públicas del gobierno. He aquí la principal causa de la crisis de conducción que hemos estado analizando desde hace varios meses.

¿De qué se trata?

Primero, de un mal funcionamiento en el núcleo mismo del poder presidencial; es decir, la Presidenta, sus ministros distribuidos según una jerarquía informal del poder en tres o cuatro anillos en torno de ella, el personal directivo de confianza y los asesores de política y políticas –los technopols- que forman la primera línea de la gestión política dentro del aparato gubernamental junto a las tecnoburocracias directivas. Este núcleo, se supone, es la cabeza estratégica del gobierno, responsable por las orientaciones, la agenda, las relaciones con el Parlamento y la NM, y del discurso oficial y los relatos sectoriales.

En los gobiernos anteriores de la Concertación hubo diferentes maneras de organizar la división del trabajo y las jerarquías efectivas del poder dentro de dicho núcleo. Por ejemplo, en la administración Aylwin, el ministro secretario de la presidencia, Edgardo Boeninger, jugó un papel central –hasta hoy recordado con admiración— en la gestión y coordinación político-programática, acompañado por Enrique Correa (consejero de príncipes magna cum laude) en la Segegob y por Alejandro Foxley en el ministerio de Hacienda, los tres encargados además de activar las redes de tecnopolíticas y tecnocráticas que llegarían a formar parte de la identidad y el estilo concertacionistas. Durante el gobierno Lagos, en cambio, el propio Presidente junto a su equipo de segundo piso tuvieron control sobre la orientación estratégica de la administración, creando una “presidencia imperial” apoyada por un equipo político encargado de la gestión cotidiana de los asuntos gubernamentales. El gobierno Piñera, en tanto, intentó -sin éxito-sustituir esa función política superior por un énfasis gerencial dentro de un modelo de gobierno emprendedor.

Hoy la información y los análisis disponibles subrayan las debilidades observadas en la cúspide del poder gubernamental, con una Presidenta objetivamente disminuida frente a la opinión pública encuestada; que equivocó el armado básico de su primer gabinete y luego de un año debió reemplazarlo, sin que hasta hoy pueda saberse si acaso el nuevo armado funcionará o no; que ha carecido de una agenda y no ha podido trazar un rumbo; que carece de un diseño comunicacional y se mantiene relativamente alejada de su núcleo, dando escasas o ambiguas señales a sus equipos políticos, burocráticos y técnicos.

Más grave es que esas decisiones equivocadas o de inciertos resultados, y la constante vacilación en la toma de decisiones, han dado lugar a dudas respecto a lo acertado del juicio político de la jefa de Estado, elemento clave de la conducción. Grave, pues como señala un académico experto en análisis político, “ninguna cantidad de buen proceso político puede remediar un juicio político errado” (R. Wilson). En efecto, la autoridad puede llevar a cabo todas las consultas del caso, escuchar a las diversas partes interesadas, hacer participar a los partidos y parlamentarios de la NM, solicitar consejo a sus asesores, recibir informes técnicos y sin embargo, si finalmente adopta una decisión equivocada, vacila o la posterga, el positivo proceso previo queda olvidado.

Si acaso una decisión ha sido acertada, llega a saberse solo una vez evaluadas las consecuencias. Vale aquí el pragmatismo shakespeariano del all's well that ends well (“bien está lo que bien acaba”). Entre tanto, la persona que decide debería reunir una serie de habilidades y condiciones según la literatura especializada: capacidad de sopesar factores en competencia, coraje para trabajar con el largo plazo en la mira pero manejando las demandas inmediatas, reacción instintiva para saber qué objeciones tomar en consideración, equilibrio en medio de intensas presiones, confianza en sus colaboradores y un entendimiento sofisticado de la gente, sus intenciones y necesidades. Además, una comprensión inmediata de lo que está en juego. Y un saber casi instantáneo sobre qué pasaría “si”... Amén de tener sentada a su diestra, sonriente, a la diosa Fortuna.

La Presidenta ha reconocido con candor dificultades para ejercer certeramente el juicio político, al punto que -confiesa ella- suele tener una intuición correcta, pero luego decide otra cosa, como ocurrió con ocasión del tsunami del 27 F, del Transantiago, la reforma educacional y la decisión de regresar (o no hacerlo) a Santiago luego de estallar públicamente el caso Caval.

Tampoco aparece consolidado el liderazgo de la Presidenta y su equipo en relación con los diversos niveles del poder gubernamental, particularmente con los tecnoburócratas que gestionan conocimientos y con los funcionarios que trabajan al nivel de la calle, en los puntos concretos de provisión de los servicios de salud, seguridad, educación, vivienda, etc.

En el primero de esos planos, el de la gestión del conocimiento experto -factor clave de la política pública en todas sus fases de diseño, formulación, decisión y aplicación-, los technopols y tecnoburócratas juegan papeles decisivos. El gobierno Bachelet inició su período de administración con un discurso ambiguo respecto de esos grupos, de los cuales desconfiaba, pues tendían a imponer, sostenía la cúpula de la NM, una racionalidad abstracta y economicista cuando no neoliberal, la que supuestamente habría marcado la ideología y el estilo de los gobiernos de la Concertación. En breve, tales grupos habían impedido a dichos gobiernos echar a volar la imaginación, soñar con otro país y mover los límites de lo posible, imponiéndoles un pragmático realismo, aquel del “en la medida de lo posible”.

Por eso mismo la actual administración ha mantenido una relación tensa con sus propias tecnoburocracias y technopols, al menos hasta el momento de la desfenestración de la dupla Peñailillo-Arenas y su reemplazo por la dupla Burgos-Valdes, genuinos representantes de los know how político y técnico-económico, respectivamente. Su arribo a La Moneda fue saludado como el regreso de la racionalidad formal al gobierno, a la espera de que la Presidente defina una nueva orientación, la que hasta hoy permanece en disputa.

Por su parte, en la calle, donde el Estado deja de ser una entelequia jurídica y se encuentra con la gente, es donde se expresa diariamente la efectividad y eficiencia de los servicios que prestan los funcionarios de última línea, aquella que entra en contacto con la población a través de profesoras, enfermeras, carabineros, trabajadoras sociales, parvularias, inspectores municipales, etc.

La aplicación de las leyes y los reglamentos, la garantía de los derechos, la seguridad personal, las prestaciones de los ministerios y grandes servicios, en breve, toda la actividad cotidiana y concreta del Estado, encuentra ahí su expresión rutinaria, interactiva, sobriamente local y masivamente individualizada.

También allí es evaluado continuamente el gobierno por un sujeto distinto que la opinión pública encuestada. Ya no se trata de conocer cómo las personas valoran (con nota de 1 a 7) el trato en la clínica de urgencia, o el rol del profesor en la comunidad, o su preferencia por un candidato X o Z, sino de captar y entender (cualitativamente) la experiencia vivida por esas personas al entrar en contacto diario con el Estado al nivel de la calle.

Aquí nos topamos, por tanto, con una opinión más densa, granular, intensa, no registrada directamente por las preguntas de una encuesta, sino vivida en la intimidad, compartida con la familia y los amigos, en el vecindario y el lugar de trabajo. Los climas de opinión que de allí surgen solo se manifiestan parcial y limitadamente en los sondeos de opinión; sin embargo, alimentan y determinan comportamientos, votaciones, conversaciones, memorias, reacciones, emociones y constituyen el trasfondo emocional de la opinión pública encuestada.

También en este último plano el gobierno parece gozar de escaso consentimiento, favor, entusiasmo y “buena onda” con la población. Al contrario, la polis parece crispada, asustada, incierta, descontenta e insegura en sus bienes y oportunidades. Los medios de comunicación procesan esos climas y los convierten en ondas, mareas, conciencia colectiva, psicología social. No digo solamente entre las élites, ni solo entre los grupos de intereses que pudieran verse afectados material o simbólicamente por las reformas del gobierno Bachelet. Me refiero a la población que vive inmersa en el curso de los hechos cotidianos y allí se forma una idea, una imagen, un sentimiento del país y su gobierno.

Paradojalmente, la intelectualidad de los malestares, aquella que vio elevarse sus bonos con la actual administración, pues de sus círculos se reclutaban los technopols y tecnoburócratas supuestamente en posesión de los más lúcidos diagnósticos y la mejor “lectura de la sociedad”, ahora se ve rodeada de descontentos para los cuales no estaba preparada ni consigue entender.

El Estado en las relaciones padres e hijos - El Mercurio 12-08-2015

El Estado en las relaciones padres e hijos
Este proyecto de ley de infancia podría acabar reclamando el dudoso privilegio de ser el primer intento de expropiar la relación de los padres con sus hijos.

 
   
Cierta extrañeza causan las declaraciones de la secretaria ejecutiva del Consejo de la Infancia en el sentido de que ahora "por primera vez este país va a tener una ley que garantice los derechos de niños, niñas y adolescentes"; con el proyecto de ley que se enviaría al Congreso dentro de este mes, el Ejecutivo pretende "cambiar la relación del Estado con los niños, de ver al niño como objeto de políticas públicas, a transformarlo en una persona que es válida por sí misma". Estas afirmaciones no son del todo efectivas y desconocen la realidad de los esfuerzos que se han hecho al menos desde la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño para contar con una legislación adecuada a la situación de los menores de edad. Desde luego que hay mucho por hacer, y en ciertos ámbitos también se debe poner atajo urgente a situaciones inaceptables, no pocas de las cuales afectan a los niños que se encuentran bajo la custodia del Estado; pero llama la atención el estilo propagandístico de los anuncios emanados de una instancia que debería ser eminentemente técnica.

En cuanto a las ideas matrices del proyecto, la transformación de los niños en "personas válidas por sí mismas" tendría como consecuencia principal que ellos puedan desarrollar su vida privada, gozar de intimidad personal y mantener sus comunicaciones privadas libres de toda "intromisión" de los padres. Esto vale no solo para la correspondencia por correo y otros medios electrónicos, sino también para los "espacios" que el niño quiera tener a solas con el médico, excluyendo a los padres. El principal argumento para promover este ámbito de exclusión de los padres consiste en que si estos tuvieran una relación de confianza con los hijos, ese espacio de privacidad no debería ser problemático. Igual que el tono propagandístico del anuncio, sorprende la simplicidad de la propuesta, pues parece desconocer por completo que la autonomía de los niños se encuentra en formación y debe ser educada, que los padres y madres -aun con la mejor voluntad- no siempre aciertan, y que los niños son objeto de graves ataques a través de medios de comunicación electrónicos. Estos ataques cuentan precisamente con la tendencia de algunos menores de ciertas edades a considerarse a sí mismos como adultos, y se aprovechan de ella para ocultar esos ataques con la complicidad del menor.

El proyecto parece estar en línea con la estrategia socializante que consiste en interponer al Estado en las relaciones de los hijos con sus padres. Apoyándose en argumentos verdaderos -es correcto que los padres deben ganarse la confianza en lugar de imponerse a sus hijos, y que la forma de vida de los niños no puede estar en función de los objetivos de sus padres-, los saca de contexto para promover un régimen que puede servir para cuestionar formas legítimas de educación o alternativas plausibles de configuración de las relaciones familiares o escolares. No será la primera vez que en Chile se garanticen los derechos de los niños, ni que se les considere como personas de conformidad a la ley. Sin embargo, este proyecto de ley de infancia podría acabar reclamando el dudoso privilegio de ser el primer intento de expropiar la relación de los padres con sus hijos.

CORRUPCIÓN, la explicación de todos los problemas

Entrevista al analista Moisés Naím:

"La corrupción se ha vuelto la explicación de todos los problemas en muchos países"
El economista venezolano apuesta por una América Latina donde los Mandatarios no sean reelegidos, para evitar que concentren poder y se perpetúen modificando leyes.

 
   
En momentos en que los escándalos de corrupción remecen a varios países latinoamericanos, el analista internacional Moisés Naím comenta a "El Mercurio" que la región está abordando de manera equivocada el problema, buscando a funcionarios honestos en vez de establecer una institucionalidad que dificulte las malas prácticas.

Previo a su visita a Chile -donde el jueves 13 participará de la conferencia organizada por el Bci "Crisis de Confianza y Bajo Crecimiento, ¿cómo salir de la trampa?"- el economista venezolano, autor de "El fin del poder" y ex editor de Foreign Policy, dice que espera que países como Chile reclamen al Presidente de su país, Nicolás Maduro, un proceso electoral democrático, de cara a las parlamentarias de diciembre.

-¿Por qué hoy se ve tanta corrupción?, ¿hay más que antes?

"La corrupción no se puede medir, porque es siempre secreta y lo único que se puede medir es la percepción de la corrupción -que es subjetiva- y los casos que son llevados a juicio. Lo que no hay duda es que la tolerancia a la corrupción ha disminuido.

En muchos países de América Latina había una coexistencia pacífica con la corrupción. Era aceptada como un hecho inevitable de la vida en sociedad y del gobierno, que era parte de la naturaleza humana, política y empresarial. Esto ha cambiado y ha terminado esa coexistencia. Hay pueblos más indignados y más dispuestos a salir a la calle a reclamar para denunciar la corrupción".

-¿Por qué hay menos tolerancia?

"La crisis económica tiene mucho que ver. En la medida que las condiciones de todo el mundo se vuelvan más difíciles, es más indignante para la gente que otros estén lucrando de dineros colectivos. Y, por supuesto, hay más ruido sobre esto, gracias a las redes sociales.

La corrupción tiene distintas etapas. Primero, estalla el escándalo con personas de alto perfil. Etapa dos: hay una masiva cobertura mediática del caso, lo cual nutre la rabia de la gente. Tercero: el escándalo persiste y pasa al Poder Judicial que en todos los países es lento y en algunos -no es el caso de Chile- es corrupto. Y ahí muere. Pocas veces estos escándalos siguen teniendo la potencia mediática por largos períodos. Ocurre que la sociedad comienza a buscar el legendario hombre o mujer honesta, donde la rectitud moral comienza a ser un requisito importante para tener apoyo popular. Eso distrae la atención hacia las instituciones y las reglas que permiten que haya corrupción e impunidad. Es más importante construir instituciones que desincentiven la deshonestidad, que hagan difícil la corrupción y, cuando exista, sea fácil de detectar y de penalizar".

-¿La ola de impopularidad de los presidentes de la región tiene relación con la corrupción?

"Correcto, pero también tiene que ver con la declinación de la situación económica. Estos son países que vienen de un período de mejores condiciones. De crecimiento, aumento del empleo, aumento del salario real y mejoras en programas sociales. Todo esto está bajando y hay un ánimo de frustración. Cuando a eso le añades que los ricos y políticos se están robando el dinero de todos, es natural que aumente la rabia con los que están a cargo del país".

-Da la impresión de que los países se desgastan mucho tratando de solucionar estos problemas de corrupción cuando el foco debiera ser otro.

"Por supuesto, y lo que está pasando en muchos países es que la corrupción se ha vuelto la explicación de todos los problemas. Entonces la receta es la lucha contra la corrupción. ¿Y cuál es la medicina? Poner gente honesta en los cargos. Pero eso no es cierto. Muchos de los problemas que tenemos en América Latina con la educación, infraestructura y con inestabilidad financiera tienen que ver con malas políticas públicas, que no se van a solucionar simplemente poniendo a cargo al legendario hombre o mujer honesta.

En los años 90 hubo una gran ola, parecida a esta, de rechazo contra la corrupción, porque hubo muchos escándalos. Y los principales paladines que aparecieron como los hombres que iban a solucionar la corrupción se llaman Vladimir Putin, Silvio Berlusconi y Hugo Chávez. Son ejemplos de que la receta de buscar el hombre luchador anticorrupción, populista, que va a limpiar el país y restituir la ética, es una apuesta muy peligrosa".

-¿Cuáles son las alternativas en países donde los políticos están desprestigiados?

"El tema más grave que hay en América Latina no es la corrupción en la conducción del gobierno, que es muy grave. Una amenaza mucho peor es la corrupción en el financiamiento de las campañas electorales.

En América Latina las campañas están siendo financiadas por robos al Estado, a dineros públicos, por narcotraficantes o por las peores oligarquías políticas y empresariales, que a través de su dinero están logrando perpetuar en el poder a sus agentes".

-¿Y por qué esa corrupción es más corrosiva?

"Porque el mejor antídoto ante la corrupción es la democracia y esta es socavada cuando su esencia -la expresión del voto- es manipulada por el dinero malintencionado, que entra en cantidades masivas a la política".

-¿Qué le parece que Colombia volviera a limitar la reelección?

"Soy partidario de que un Presidente tiene que tener un período de seis años, sin reelección. Las reelecciones en América Latina son nefastas y son una práctica que hay que acabar".

-¿Por qué afuera de América Latina no es nefasto?

"Porque hay instituciones más fuertes, porque la posibilidad de utilizar el poder de la Presidencia para volver a ganar y perpetuarse y para cambiar leyes, es mucho más difícil cuando hay instituciones fuertes. En América Latina se ha desarrollado el deporte de cambiar la Constitución para concentrar poder en la presidencia y para perpetuar a los presidentes".

"Samper está desprestigiado"

   
"Mi esperanza es que países como Chile alcen la voz y exijan del gobierno de Venezuela que no siga prohibiendo a candidatos muy populares que puedan ser elegidos, que no prohíba la observación internacional de las elecciones (legislativas de diciembre), y que no utilice de manera abusiva los recursos del Estado para garantizar la elección de sus candidatos", dice Naím. "El silencio de Chile ha sido muy triste para los venezolanos". El analista agrega que no confía en la Unasur como organismo observador, la única entidad invitada a monitorear las elecciones. "Nunca ha hecho observación electoral. El ex Presidente colombiano (Ernesto) Samper está completamente desprestigiado en Venezuela y en Colombia. Él llegó a la Secretaría General con el apoyo del chavismo y de Maduro. Nadie cree que la Unasur puede ser un organismo objetivo e independiente y, en muchos sentidos, es un apéndice de los gobiernos del Alba. No hay que olvidar que Samper es muy cuestionado en América Latina".