Ignorantes e Ignorantas

IGNORANTES E IGNORANTAS   -   Mauricio  Phelan

Carta de una Profesora con acertadísima y lapidaria frase final.
Está escrito por una profesora de un instituto público:

Yo no soy víctima de la Ley de Educación. Tengo 60 años y he tenido la suerte de estudiar bajo unos planes educativos buenos, que primaban el esfuerzo y la formación de los alumnos por encima de las estadísticas de aprobados y de la propaganda política.

En jardín (así se llamaba entonces lo que hoy es "educación preescolar", mire usted) empecé a estudiar con una cartilla que todavía recuerdo perfectamente: la A de "araña", la E de "elefante", la I de "iglesia" la O de "ojo" y la U de "uña".

Luego, cuando eras un poco mayor, llegaba "Semillitas", un librito con poco más de 100 páginas y un montón de lecturas, no como ahora, que pagas por tres tomos llenos de dibujos que apenas traen texto.
Eso sí, en el Semillitas, no había que colorear ninguna página, que para eso teníamos cuadernos.

En Primaria estudiábamos Lengua , Matemáticas , Ciencias e Historia. En 6º de Primaria, si en un examen tenías una falta
de ortografía del tipo de "b en vez de v" o cinco faltas de acentos, te bajaban y bien bajada la nota.

En Bachillerato, se estudiaba Historia de Venezuela, Universal, Ingles, Francés, Latín, Literatura y Filosofía, entre otras.

Se leía El Quijote, el Lazarillo de Tormes; las "Coplas a la Muerte de su Padre, Doña Barbara, Lanzas Coloradas, Cien Anos...

Pero, sobre todo, aprendí a hablar y a escribir con corrección.

Aprendí a amar nuestra lengua, nuestra historia y nuestra cultura.
Y.. vamos con la Gramática.

En castellano existen los participios activos como derivado de los tiempos verbales.
El participio activo del verbo atacar es "atacante";
el de salir es "saliente"; el de cantar es "cantante" y el de existir, "existente".

¿Cuál es el del verbo ser? Es "ente", que significa "el que tiene identidad", en definitiva "el que es". Por ello, cuando queremos nombrar a la persona que denota capacidad de ejercer la acción que expresa el verbo, se añade a este la terminación "ente".

Así, al que preside, se le llama "presidente" y nunca "presidenta", independientemente del género (masculino o femenino) del que realiza la acción.

De manera análoga, se dice "capilla ardiente", no "ardienta"; se dice "estudiante", no "estudianta"; se dice "independiente" y no "independienta"; "paciente", no “pacienta"; "dirigente", no dirigenta"; "residente", no "residenta”.

Y ahora, la pregunta: nuestros políticos y muchos periodistas (hombres y mujeres, que los hombres que ejercen el periodismo no son "periodistos"), ¿hacen mal uso de la lengua por motivos ideológicos o por ignorancia de la Gramática de la Lengua Española ? Creo que por las
dos razones. Es más, creo que la ignorancia les lleva a aplicar patrones ideológicos y la misma aplicación automática de esos patrones ideológicos los hace más ignorantes (a ellos y a sus seguidores).

Les propongo que pasen el mensaje a vuestros amigos y conocidos, en la esperanza de que llegue finalmente a esos ignorantes semovientes (no "ignorantas semovientas", aunque ocupen carteras ministeriales).

Lamento haber aguado la fiesta a un grupo de hombres que se habían
asociado en defensa del género y que habían firmado un manifiesto.
Algunos de los firmantes eran: el dentisto, el poeto, el sindicalisto,
el pediatro, el pianisto, el golfisto, el arreglisto, el funambulisto,
el proyectisto, el turisto, el contratisto, el paisajisto, el taxisto, el
artisto, el periodisto, el taxidermisto, el telefonisto, el masajisto,
el gasisto, el trompetisto, el violinisto, el maquinisto, el
electricisto, el oculisto, el policío del esquino y, sobre todo,
¡el machisto!

SI ESTE ASUNTO "NO TE DA IGUAL",
PÁSALO, POR AHÍ, CON SUERTE, TERMINA HACIENDO BIEN HASTA EN LOS MINISTERIOS.
Porque no es lo mismo tener "UN CARGO PÚBLICO"
que ser "UNA CARGA PÚBLICA".p

--
Mauricio Phelan C
Profesor/ Investigador
FACES
UCV

Somos corruptos?

¿Somos corruptos?

Chile ha gozado de cierta fama de país no corrupto. Pero de un tiempo a esta parte sí cabe hablar de corrupción de manera más nítida.por Alfredo Jocelyn-Holt - 07/03/2015 - 04:00

CIERTAMENTE CHILE no es transparente. Con todo, Chile ha gozado de cierta fama de no corrupto. No porque hayamos sido especialmente probos sino porque incidió que fuésemos pobres y al Estado siempre lo puso a raya una elite poderosa más bien rural, no plutocrática. Esto hasta el siglo XIX. El asunto cambia en el XX. 

Ahí la cosa se pone algo más complicada. El Estado se vuelve poderoso. La política comienza a hacer ricos a algunos; de la época de Alessandri data la graciosa ocurrencia del conservador Rafael Luis Gumucio cuando le dice al “León” que comprende  que le moleste que lo acusen de “ladrón”, él también lo resiente cada vez que le recuerdan que es cojo. Los radicales convierten a la administración pública en su panizo; los democratacristianos, otro tanto, las obras públicas. A la UP se la corta rápido, de modo que se salva (al menos de esto). Y, claro, acusaciones sobran respecto a la privatización de empresas públicas que hiciera la dictadura, pero todo ello, obviamente, quedó en nada.

De ahí, en adelante, sí, cabe hablar de corrupción de manera algo más nítida, potencialmente punible, no mero objeto de escandalera. Influye, sin duda, que el Estado amén de poderoso se vuelva riquísimo gracias al buen manejo de las finanzas públicas; que cundiera cierta lógica consensual que lejos de excluir, integra y legítima la acción de privados bastante agresivos (algunos muy nuevos, otros, ricos de nuevo); y emergiera una zona rara de tráfico de influencias (el lobby). Su punto más alto siendo, a la fecha, el gobierno de Lagos, y lo que ha estado pasando últimamente, con la particularidad que el fenómeno involucra hoy a un espectro amplísimo: al gobierno de turno, a empresarios, a parlamentarios, a nueras, cuñadas, hasta “juniors” con boletas.

En esta última fase surge también otra arista, la de los abogados, ángulo al que no se le ha dado toda la atención que merece. Una fauna variopinta -en tanto jueces, fiscales, abogados del Estado, ciertamente abogados defensores, también de grupos de interés supuestamente ciudadano (como los que integran ONGs que abogan por más “transparencia”)-, todos conocidos unos de otros, dispuestos a denunciar, querellarse, recurrir a cuanta instancia procesalmente es dable; también a negociar -hasta la verdad (todo acusado se merece una buena defensa)-, además de redactar las leyes y no pocos de los resquicios que habrán de motivar futuros pleitos y conflictos de interpretación. Tiene mucha razón Chesterton cuando afirma: “los hombres no difieren mucho acerca de qué cosas llaman maldades; se distinguen enormemente en cuanto a qué maldades llaman excusables”.

En eso los abogados son clave. Tendremos nuevas y eficientes leyes, también prácticas, siempre y cuando dispongamos de abogados probos que quieran lo mejor para el país. Por eso son tan delicadas las facultades de derecho, quiénes la componen, qué enseñan, qué tan independientes son los que las dirigen. Pillos los habrá siempre; abogados rectos, no siempre.

Nuevo impulso en la agenda institucional - Harald Beyer, Alejandro Ferreiro, Cristian Larroulet, José Antonio Viera-Gallo

Nuevo impulso en la agenda institucional
"...la población desconfía del poder y espera, por consiguiente, que sus autoridades y dirigentes se sometan a un marco institucional exigente que garantice un buen desempeño y que desviaciones de las reglas acordadas signifiquen sanciones ejemplificadoras...".

   
El prestigio y la confianza en la política han sufrido un enorme daño, producto de escándalos por abusos de poder e infracciones a la ley en que se han visto envueltos algunos miembros del sector privado y autoridades. Para un país que valora su democracia y que aspira al desarrollo y la justicia, ello es especialmente grave. Para superar esta realidad debemos dejar que nuestras instituciones fiscalizadoras y judiciales continúen investigando los hechos, juzgándolos con rigurosidad y aplicando las sanciones que correspondan.

Sin embargo, ello no basta. Debemos revisar nuestras instituciones para ver dónde ellas fallan, con el fin de que no se repitan los hechos que dañan la confianza ciudadana en los asuntos públicos. Los firmantes de esta carta en el pasado hemos participado en el diseño y la implementación de reformas legales e institucionales que enmarcadas en "la agenda de probidad y transparencia" han permitido avances institucionales que han perfeccionado nuestra democracia. En ese sentido, deseamos colaborar planteando algunas reflexiones en torno a una nueva agenda de reformas.

Nuestra democracia ha funcionado en diversas dimensiones muy satisfactoriamente. En gran medida ello es consecuencia de la capacidad de nuestros partidos y líderes políticos. En momentos en que están cuestionados es importante reconocerlo. Pero esta realidad también es mérito de nuestros ciudadanos. Por eso es tan grave el creciente divorcio que se ha producido entre estos y los representantes. La población desconfía del poder y espera, por consiguiente, que sus autoridades y dirigentes se sometan a un marco institucional exigente que garantice un buen desempeño y que desviaciones de las reglas acordadas signifiquen sanciones ejemplificadoras.

No obstante los avances, no cabe duda que las instituciones y disposiciones existentes en Chile son insuficientes y debe actuarse en consecuencia. Así, por ejemplo, las sanciones en caso de incumplimiento de las disposiciones que regulan el financiamiento de las campañas políticas son inexistentes. El proyecto de ley enviado hace poco al Congreso sobre financiamiento de los partidos sufre el mismo problema. La entrega de recursos públicos, que finalmente son de todos los chilenos, debería obligar a exigencias precisas a los receptores y a sanciones ejemplares en caso de incumplimiento de esas exigencias, una de las cuales podría ser la pérdida del cargo de elección popular. Al mismo tiempo, las reglas de financiamiento de la política deben aspirar a anular las posibilidades de corrupción y extorsión. Por cierto, el financiamiento político debe diseñarse de tal modo que no inhiba la competencia y facilite la gobernabilidad.

También hay que proteger adecuadamente al Estado de la posibilidad de tráfico de influencias y, en general, de captura para el beneficio de privados antes que del interés público. La precariedad de los funcionarios públicos en cargos relevantes que involucran asignaciones de contrato o aplicaciones legales y regulatorias que benefician o perjudican a terceros es elevada. Se requiere, entre otros, de un perfeccionamiento del sistema de Alta Dirección Pública que vaya asemejando nuestra administración pública a los servicios civiles que existen en países como Gran Bretaña, Canadá, Australia o Nueva Zelandia.

Muchos nombramientos en cargos relevantes en nuestro país aún son extremadamente dependientes del gobierno de turno. En el caso de decisiones relevantes como asignaciones contractuales o modificaciones regulatorias que puedan significar pérdidas o creación de valor en sociedades privadas, es importante que ellas sean ratificadas por comités directivos o supervisores con independencia. Estos perfeccionamientos hay que considerarlos en todos los entes reguladores.

Se requiere también modernizar las obligaciones de declaración de interés y patrimonio. Asimismo, regular mejor las normas de conflictos de interés en el servicio público, entre otros, ampliando su cobertura. En el Congreso hay un proyecto pendiente en esta materia, que ya fue aprobado por una amplia mayoría en la Cámara de Diputados y que debería retomarse con urgencia. En igual sentido, hay que mejorar la institucionalidad para evitar la "puerta giratoria".

Es necesario perfeccionar la institucionalidad del Consejo para la Transparencia y la normativa general de esa legislación a la luz de la experiencia recogida por su aplicación. Hay que reformar la Ley de Partidos Políticos aplicándoles la normativa de la legislación de transparencia y probidad (Ley 20.285). Además, dado el rol fundamental que ha cumplido la Contraloría, consideramos necesario continuar con su modernización.

En suma, se trata de hacer nuevas reformas cuyo norte sea promover las virtudes públicas que la ciudadanía les exige a sus dirigentes políticos para que en todas las circunstancias antepongan el bien común al interés particular. Valoramos las recientes declaraciones de la Presidenta de la República y otras autoridades del Gobierno y las de los principales dirigentes de nuestros partidos, en este sentido. Una convocatoria amplia de temas, expertos y visiones, en el marco de las mejores tradiciones republicanas para alcanzar acuerdos, es lo que el país necesita con urgencia.