Revelaciones del Fiscal - Latinoamérica no hace nada -

Revelaciones del Fiscal -  El  Mercurio -  28.10.2015

De comprobarse la denuncia y confesión del fiscal venezolano que acusó a López, los países de la región no podrían permanecer indiferentes ante ese atropello a los derechos humanos.

   
Gran impacto han causado las graves declaraciones del fiscal venezolano, uno de los protagonistas de las acusaciones contra Leopoldo López, al confesar haber recibido presiones del Ministerio Público para inculpar al dirigente opositor mediante pruebas falsas, justificando su condena a 14 años de presidio por incitar a la violencia durante las manifestaciones que ocurrieron en 2014, con resultado de 40 víctimas fatales.

Según las revelaciones hechas por Franklin Nieves, a través de un video tras viajar al extranjero junto a su familia, sus superiores lo habrían amenazado con la destitución si no colaboraba con la condena del líder opositor, a quien el gobierno de Maduro habría planificado detener con anterioridad a la ocurrencia de las violentas protestas, según afirma el fiscal. Tras meses de angustia, decidió huir de Venezuela y revelar la verdad de lo sucedido días antes que la Corte de Apelaciones local revise la apelación presentada por la defensa del líder opositor.

La gravedad de las declaraciones -que han sido negadas por las autoridades venezolanas- ha causado gran impacto tanto en Venezuela como en el exterior. La opositora Mesa de Unidad Democrática ha pedido la inmediata excarcelación de López; del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y de otros 80 detenidos que la oposición califica como presos políticos. En Chile, el presidente del Senado presentó un proyecto de acuerdo para condenar la prisión del dirigente venezolano, demandar su liberación y pedir la presencia de observadores de la OEA y de la Unión Europea para asegurar el normal desarrollo de las elecciones parlamentarias de diciembre próximo. Diversos líderes, ex presidentes y el comisionado para los derechos humanos de la ONU han exigido desde hace meses la puesta en libertad de López, pero sin resultado. El testimonio del fiscal Nieves avala las serias dudas que existen sobre la independencia del Poder Judicial venezolano y la imprescindible separación entre los poderes del Estado en ese país, pilar básico de la democracia.

De comprobarse los hechos denunciados, los países de la región, incluido el nuestro, no podrían permanecer indiferentes ante el atropello de las garantías individuales. La gravedad de las denuncias no deja espacio para el silencio o la justificación, pues denota un preocupante deterioro de los principios democráticos esenciales y una flagrante violación de los derechos humanos de los opositores al régimen bolivariano.

Tecnocracia , Gobierno y Política Educacional

Continuación  del ensayo  de J.J.Brunner.

...............Pues bien, decía al comienzo de este ensayo que el manejo de la promesa presidencial de una ‘gratuidad universal’ para la educación superior es una perfecta ilustración, como muestra un colega en otro medio, de una falla tecnocrática del gobierno Bachelet con un potencial de daño difícil de estimar.

La génesis y trayectoria de esa falla es conocida y no necesito detallarla por tanto. Baste aquí con una lista sintética de puntos relevantes:

* En el país existe desde hace ya tiempo un creciente consenso en torno a la idea de garantizar de una manera progresiva una efectiva gratuidad para todos los jóvenes provenientes del 50% al 75% de hogares de menores recursos que ingresa a la educación superior, provisto que accedan a instituciones debidamente acreditadas y sujetas a un régimen de regulaciones públicas aprobado por la ley.

* Más aún, Chile venía avanzando en esa dirección bajo un amplio esquema de becas y créditos que fue perfeccionándose durante el último lustro, de modo tal de cubrir al mayor número posible de estudiantes de menores recursos junto con evitar imponerles una deuda que al graduarse pudiera convertirse en un lastre imposible de sobrellevar. Para continuar avanzando hacia la gratuidad hubo acuerdo, adicionalmente, en una reforma tributaria que generase un monto significativo de recursos, la mayor parte de los cuales debía destinarse a la reforma de la educación en todos los niveles, incluida una fracción razonable para esa gratuidad progresiva.

*Sin embargo, sorpresivamente, el programa presidencial de Bachelet ofreció ‘gratuidad universal’ para el año 2020 y gratuidad para los estudiantes del 70% de hogares de menores recursos al final de su administración (2018). Una propuesta maximalista y, en la práctica, irrealizable en el actual estado de desarrollo del país.

* Impulsados por esta promesa que era una ilusión, el gobierno y sus tecnoburócratas y académicos de apoyo entraron desde el primer día en una espiral de contradicciones, ofreciendo un día algo que al día siguiente debían aclarar o corregir, mientras buscaban generar una fórmula que hiciera posible lo imposible. Todo esto en un ambiente de creciente confusión, en medio de un continuo tira y afloja con las instituciones universitarias y no-universitarias y en presencia de un choque de expectativas cruzadas entre los diferentes actores involucrados: estudiantes y movimiento estudiantil, académicos, universidades estatales y privadas, privadas más antiguas o derivadas de ellas y privadas más nuevas, partidos políticos, expertos de diferentes persuasiones.

* Sin haberse alcanzado un acuerdo técnico al interior de la administración, ni menos con las diferentes partes interesadas, y en un cuadro de caída de la popularidad presidencial y de las expectativas de crecimiento económico y del gasto fiscal, el gobierno decidió pisar el acelerador cuando iba por la cuesta hacia abajo y anunció, en el Mensaje presidencial del 21 de mayo pasado, que la gratuidad-sin-becas se anticiparía parcialmente para los estudiantes del 60% de jóvenes de menores recursos mediante subsidios a la oferta (las instituciones) que -en caso de no pertenecer al CRUCH- cumplieran con ciertos criterios de elegibilidad. Esta medida sería implementada con dineros asignados en una glosa del presupuesto de la nación que actualmente se discute en el Parlamento.

* El anuncio presidencial, improvisado técnicamente y comunicado sin mayor precisión, debió ir corrigiéndose sobre la marcha durante las semanas siguientes y hasta hoy día, cuando aún no se conoce el diseño de detalle del esquema que se buscará imponer ni el plan para su implementación. La prensa registra por lo menos seis o siete cambios que se han ido introduciendo con posterioridad al 21 de mayo. Aun así, el desconcierto de las partes involucradas es visible, el rechazo de algunas y la disconformidad de muchas es público y las preguntas sin respuesta son numerosas.

* Entre las principales cuestiones que suscita esta errática política se encuentran las diez siguientes: (i) qué justifica discriminar entre estudiantes con las mismas necesidades socioeconómicas (de hogares del 50% de menores recursos) e iguales méritos matriculados en instituciones con un mismo nivel de acreditación; (ii) qué justifica discriminar entre universidades pertenecientes al CRUCH y otras privadas con niveles similares o superiores de acreditación; (iii) por qué se decide abandonar la gratuidad ya alcanzada y, en vez de construir sobre ella, se cambia el financiamiento fiscal desde los estudiantes hacia las instituciones; (iv) cómo se calculará el subsidio por alumno para más de mil carreras distintas sin dañar los ingresos de cada institución; (v) por qué se ha elegido un esquema de financiamiento que posterga -una vez más- a los estudiantes de IP y CFT donde estudia la mayoría de aquéllos provenientes del 50% de hogares de menores recursos; (vi) cómo se garantiza que el subsidio asignado a las instituciones favorecidas por la gratuidad sea empleado eficaz y eficientemente en favor de los estudiantes ‘vulnerables’ que son los destinatarios finales de esos recursos; (vii) qué incentivos crea este esquema para que las organizaciones mejoren la calidad y eficiencia del servicio que prestan; (viii) qué efecto traerá consigo el hecho que a una misma sala de clase concurran alumnos gratuitos y otros que pagan sus estudios; (ix) dado que la gratuidad estimulará el ingreso de un mayor número de estudiantes de hogares de los primeros dos quintiles, ¿están preparadas las instituciones para atenderlos seriamente y compensar su débil capital escolar u cultural? El cálculo de gasto unitario del gobierno, ¿considera este factor? (x) Finalmente, con el esquema propuesto, ¿cómo podrá evitarse que se lesione la autonomía real de las universidad para gobernarse a sí misma y gestiona sus asuntos y cómo se evitará que en adelante cada universidad compita por su cuenta para negociar políticamente su presupuesto anual con él gobierno de turno?

El hecho de que surjan todas estas dudas lleva a pensar que el gobierno ha estado actuando con poca pericia técnica e improvisando sobre la marcha soluciones que no son tales. Más encima, la conducción política de conjunto de la administración ha elegido una glosa del presupuesto de educación para 2016 como el terreno propicio para iniciar la implementación de su política de gratuidad 'universal'. Esto lleva a dudar de la racionalidad con que este  asunto se está manejando técnico-políticamente. Tampoco es claro en qué marco de política se inscribe esta iniciativa, pues el único documento dado a conocer en tal sentido por el Ministerio de Educación (14 de julio de 2015) es en extremo vago en su diseño, carece de un diagnóstico,  posee débiles fundamentos, es de escasa densidad técnica y tiene un sesgo netamente retórico.

Transcurrido un tercio del tiempo de la administración Bachelet, cabía esperar un mejor desempeño de  la tecnocracia asociada al Mineduc y de su propia tecnoburocracia, así como una más eficaz gestión política del tema de la gratuidad.

Según reconoció el ex ministro de Educación y hoy ministro de la Presidencia, su cartera  de entonces se vio desbordada igual como ocurrió al conjunto del gobierno. En una entrevista estilo naive del 6 de septiembre pasado, señaló: “En un año dos meses, yo tenía que hacer una nueva carrera docente, reorganizar la educación particular subvencionada, reestructurar la educación pública, y hacer el cambio del financiamiento de la educación superior. Era imposible hacer las cosas bien a ese ritmo. Pero eso lo percibía también para el conjunto del Gobierno. Vi que claramente estábamos metidos en una vorágine de reformas que no íbamos a ser capaces ni de diseñar apropiadamente, ni de tramitar políticamente, sin provocar excesivos conflictos". Y candorosamente acota: “Ni Superman puede diseñar técnica y políticamente bien una cantidad de reformas que son complejas y, al mismo tiempo, gestionar bien”.

En ese punto estamos. Frente a un mea culpa que revela la falla tecnocrática del gobierno y su débil conducción y gestión políticas. Justamente porque se trata de las dos caras de la gobernanza democrática, el asunto es grave y no puede resolverse con el ritualismo de una autocrítica. Exige, en cambio, pasos concretos para mejorar la legitimidad y la efectividad técnica de las soluciones. Hasta ahora, tal desafío supera las capacidades de respuesta de la conducción política y la gestión técnica del gobierno. Por lo mismo, es urgente que se ponga a la altura de lo prometido para que deje de ser una ilusión riesgosa y pueda transformarse en una solución política y técnicamente viable.

Osorno es más que Osorno

Osorno es más que Osorno

por JORGE COSTADOAT 14 octubre 2015

Soy admirador de Francisco. Este Papa está haciendo cambios en la dirección exacta. Admiro especialmente la libertad que genera un Papa que habla sin temor a equivocarse. Él mismo facilita la posibilidad de criticarlo.

Muchos consideramos un error que el Papa haya nombrado a Juan Barros como obispo de Osorno. Los católicos no podemos desconocer que él tenga la última palabra en los nombramientos episcopales. Mediante esta prerrogativa el sucesor de Pedro puede garantizar la unidad de la Iglesia. Pero la última palabra en las elecciones episcopales no debiera ser la única palabra. También los obispos locales ha de poder pesar en los nombramientos. Esta nominación, en particular, ha sido hecha en contra del querer de la conferencia episcopal de Chile y en contra de buena parte de los osorninos.

Lo que está en juego en esta oportunidad es el respeto a una iglesia local. Tratar el Papa de “tonta” a la ciudad de Osorno por oponerse a este nombramiento, es un desliz desafortunado e injustificable. Pero la resistencia de Osorno a aceptar a Juan Barros como obispo también indica que hay en juego algo mayor. Los osorninos nos llevan la delantera: ellos exigen otro modo de gobierno en la Iglesia Católica.

A lo largo de la historia la Iglesia ha adoptado más o menos las estructuras de gobierno al uso de la época. El problema es que la actual estructuración del poder en la Iglesia corresponde a la de la época de las monarquías absolutas europeas. ¿Se refería a esto el cardenal Martini poco antes de morir cuando afirmó que la “Iglesia está atrasada en doscientos años”? Creo que sí. Ya Juan Pablo II había pedido ayuda para repensar el ejercicio del primado de Pedro. El caso es que la institución eclesiástica, que en los últimos siglos ha debido lamentar a llantos el desmoronamiento de la cristiandad, ha desoído los anhelos de participación y la cultura democrática de sus fieles, y tampoco ha querido tomar en serio el mandato de ejercicio colegial del episcopado que le dio el Vaticano II. La gente hoy desea participar de alguna manera, en algún grado, en el nombramiento de sus autoridades. Pero en la Iglesia los laicos participan poco. Peor es la situación de las mujeres. Ellas no son tenidas en cuenta en ninguna decisión que se tome a alto nivel. De muestra un botón: en el Sínodo sobre la familia no vota ninguna madre.

 El Papa Francisco ha recibido del cónclave una sola misión: reformar la curia romana que hasta ahora ha tratado a las iglesias locales como a infantes. Lo que falta en la Iglesia de hoy es mayor autonomía: elección de las propias autoridades y respeto para las iglesias regionales y locales; y, aún más, integración de los laicos y las mujeres a todo nivel.

Este modo de gobierno de la Iglesia es histórico, no siempre fue igual, puede y debe cambiar para estar a la altura de los tiempos. Su lenguaje y sus estructuras se han vuelto incomprensibles a los contemporáneos. El Papa Francisco ha recibido del cónclave una sola misión: reformar la curia romana que hasta ahora ha tratado a las iglesias locales como a infantes. Lo que falta en la Iglesia de hoy es mayor autonomía: elección de las propias autoridades y respeto para las iglesias regionales y locales; y, aún más, integración de los laicos y las mujeres a todo nivel.

Cabe aquí recordar qué lamentable fue que los documentos de la última conferencia del episcopado latinoamericana tenida en Aparecida (2007), hayan vuelto de Roma alterados. Peor aún fue la intervención de la curia romana en la conferencia de Santo Domingo (1992). En esa ocasión el episcopado regional fue atropellado sin miramientos.

Nos consta que el Papa avanza en la reforma de la curia. No sacará mucho con diagnosticar a la curia las enfermedades de que padece. Entre otros males, dijo a los dignatarios que lo escuchaban que padecían de “alzheimer espiritual” (22/12/14). El lenguaje directo no basta. Se necesitan cambios estructurales que dolerán especialmente a los purpurados que no tienen ninguna gana de introducir accountability en su gobierno ni tener que exponerse escrutinio público. La Iglesia en su larga historia se ha gobernado a sí misma de formas diversas. Hoy, cuando ella se ha mundializado, cuando está de hecho presente en continentes culturalmente muy diversos, tiene que asumir modos de estructurarse mucho más democráticos.

El Papa san Celestino pedía: “Nadie sea dado como obispo a quienes no lo quieran. Búsquese el deseo y el consentimiento del clero, del pueblo y de los hombres públicos. Y solo se elija a alguien de otra iglesia cuando en la ciudad para la cual se busca el obispo no se encuentre a nadie digno para ser consagrado (lo cual no creemos que ocurra)” (A los obispos de Vienne, PL, 434).

Nullus invitis detur episcopus, pedía Celestino, “ningún obispo impuesto”. Muchos en Osorno piensan lo mismo. Pero Osorno es más que Osorno. Los osorninos nos representan a todos los católicos que queremos que en la Iglesia haya más participación.

¿Qué parte es la que no entiende la elite?

¿Qué parte es la que no entiende la elite?

por PATRICIA POLITZER

¿Qué pueden tener en común un senador, un empresario y un historiador? En el caso de esta columna, forman parte de esa elite de nuestra sociedad que padece una severa incapacidad para entender el mundo en que vivimos.

En un país en el que cuesta –y mucho– asumir errores y disculparse, el senador Jorge Pizarro acertó al asumir que su viaje al mundial de rugby en medio de las réplicas del último terremoto fue un traspié contundente. Sin embargo, cabe preguntarse cómo es posible que un político con amplia y dilatada trayectoria como la suya cometa tamaño desacierto. Más aún, si consideramos el cuestionamiento por las boletas que sus hijos emitieron para SQM.

Tampoco resulta comprensible que, en medio de las discusiones sobre transparencia y probidad, el ex Mapu, ex presidente de la CPC e integrante de Fuerza Pública, Rafael Guilisasti, salte sin mayor recato desde la Corfo a la cabeza de las sociedades Cascada, con las cuales el Estado está en juicio. ¿Alguien puede pensar que no hay incompatibilidad entre uno y otro cargo? ¿No se le pasó por la mente que podía estar cometiendo una transgresión sustantiva, que era ética y estéticamente impresentable? Si bien el empresario no era un funcionario público propiamente tal, no cabe duda que cumplía una función pública relevante que le permite manejar información reservada en torno a la disputa entre Corfo y las Cascadas.

El salto de Guilisasti se ve aún más impúdico si consideramos que el empresario es director de CorpBanca, el banco que acaba de otorgar un suculento crédito a las mismas Cascadas, donde él llega a ocupar el cargo dejado por Julio Ponce Lerou a raíz de los escándalos que han involucrado a SQM.

Estamos en el siglo XXI, los estándares de transparencia y probidad cambiaron de manera radical. Ya no es posible dejar a los electores botados en medio de las réplicas de un terremoto, entregar bonos millonarios a unos pocos mientras los demás se endeudan para llegar a fin de mes, saltar impunemente de un cargo público a otro privado, beneficiándose de la información recogida. Muchas situaciones impropias no son delito, pero ya son impracticables por ser antiéticas.
Y si de bancos se trata, tampoco resulta inocuo el nombramiento del nuevo presidente del BancoEstado, Jorge Rodríguez Grossi. Sin duda se trata de un profesional destacado y prestigiado pero, cuando el país está saturado de puertas giratorias, no resulta prudente que el Gobierno nombre en dicho cargo al presidente ejecutivo del polémico proyecto hidroeléctrico Alto Maipo. El economista ha ido y vuelto entre el sector privado y el público demasiadas veces como para pasar inadvertido.

Esta vez, Rodríguez Grossi reemplaza en el cargo a Guillermo Larraín, quien se vio obligado a renunciar tras una compleja negociación colectiva con el sindicato del banco que agrupa al 97 por ciento de sus trabajadores. Más allá de haber sobrepasado el límite que Hacienda le dio para negociar el incremento salarial y evitar la huelga, el pecado de Larraín fue no dimensionar el carácter escandaloso de un bono de fin de conflicto que asciende a más de seis millones de pesos para cada trabajador. ¿Alguien pensó que ese bono podía pasar inadvertido para la opinión pública? Ese bono supera el sueldo de todo un año del 70 por ciento de los trabajadores chilenos.

Sin duda el llamado “bono de fin de conflicto” se ha convertido en una perversión estructural de la negociación entre trabajadores y empresarios. Lo que alguna vez fue un pago para compensar los días de huelga que se descontaban del sueldo, hoy es una herramienta espuria que alegra a los trabajadores cuando lo reciben, pero los perjudica en la posibilidad de mejorar sustancialmente sus condiciones laborales. La dictadura utilizó el bono para tener trabajadores tranquilos, los empresarios la usan para bajar sus costos. Los ejecutivos del BancoEstado no calcularon que el Estado no puede seguir incrementando los privilegios de algunos.

Desgraciadamente, la Presidencia de la República tampoco está exenta de esta falta de sensibilidad con el entorno. Entre sus contrataciones de los últimos meses figuran varios jóvenes –treinteañeros– cuyos honorarios ascienden a cinco millones de pesos. Se trata –supongo– de buenos profesionales, como el historiador Enzo Abbagliati o el profesor de filosofía Felipe Barnachea –ambos con su respectivo magíster–, pero eso no explica que su remuneración supere sustancialmente la que reciben numerosos colegas y funcionarios de planta con responsabilidades directivas.

Estos hechos son sin duda de distinto calibre. No es comparable irse de viaje en un momento inadecuado o tener un sueldo excesivo que manejarse caprichosa y arbitrariamente en las más altas esferas del poder económico. Sin embargo, estas situaciones irritan por igual a la inmensa mayoría de los ciudadanos. Todas ellas dan cuenta de que algunos siguen gozando de privilegios impropios y gozando de una parte demasiado grande de la torta.

Las encuestas, las redes sociales y las entrevistas en las calles de cualquier ciudad son categóricas para dar cuenta del desprestigio de la clase política, de la desconfianza frente a los empresarios, de la rabia contenida frente al abuso y la desigualdad.

Estamos en el siglo XXI, los estándares de transparencia y probidad cambiaron de manera radical. Ya no es posible dejar a los electores botados en medio de las réplicas de un terremoto, entregar bonos millonarios a unos pocos mientras los demás se endeudan para llegar a fin de mes, saltar impunemente de un cargo público a otro privado, beneficiándose de la información recogida. Muchas situaciones impropias no son delito, pero ya son impracticables por ser antiéticas.

¿Qué parte de todo esto es lo que la elite se resiste a comprender?

Tranquilo, senador, tranquilo...

Tranquilo, senador, tranquilo... - Cristián Warnken -  El Mercurio

   
Senador Pizarro: no renuncie, quédese tranquilo ahí donde está, instalado en su confortable y merecido sillón senatorial y a la cabeza de un partido "demócrata" y "cristiano", su gran aval moral. No se agite de más, entonces: nada pasará, sus camaradas le perdonarán todo. ¡Es que son tan misericordiosos! Harán vista gorda como ya antes lo han hecho con casos tal vez peores que el suyo.

Todo seguirá igual o si cambia será "lampedusianamente" ¿Conoce a Lampedusa, el escritor siciliano que en la novela "El Gatopardo" inmortalizó la frase: "que todo cambie para que todo siga igual"? Me imagino que ese debe ser el libro de cabecera de la clase política hoy y el suyo: ahí está la fórmula y el método. Es tan sencillo. Hacer como si las cosas cambiasen para que no cambien, reescribir las leyes de transparencia a la pinta de los grandes partidos, echarse al bolsillo la crisis de confianza brutal que golpea al país, decir como decía ese gran relator de partidos de fútbol: "aquí no ha pasado nada, pero estuvo a punto de pasar".

¿Para qué inquietarse, entonces, con la indignación de los ciudadanos de su distrito? ¡Son unos malagradecidos esos coquimbanos, claro está! "Malagradecidos", esa es la palabra talismán que han usado dirigentes de todos los colores de nuestra historia, entre ellos el general Pinochet, cuando lo abandonaron. ¿Se acuerda? También se la escuché, en un viaje que acabo de hacer a Cuba, a unos militantes del Partido Comunista, cuando les dije que percibía un descontento generalizado entre los cubanos hacia el régimen: "son unos malagradecidos", me dijeron. Es que la gente no valora los desvelos, los sacrificios, los viajes distritales, la dieta parlamentaria que no alcanza para nada (hay que alimentar a tanto asesor y operador que anda por ahí).

¡Mire que cobrarle un viajecito a ver un mundial de rugby! ¡Si no es para tanto! ¡Si hay alcaldes que se han ido a Las Vegas a gastarse el erario municipal! ¡Además, ilustrísimo, esto fue apenas un terremoto de magnitud 8.4 en la escala de Richter, un tsunami poco! Es como lo del informe verbal de sus hijos. Si usted lo explicó tan bien. Hasta acuñó un nuevo término: es que el lenguaje es tan importante. Debiera también inventar un neologismo para resignificar este viaje.

Eso sí, hay que reconocerle, senador, que usted tiene resistencia de rugbista: no lo bota nada, nadie lo saca de su posición (¿cuál sería esa en jerga de su deporte favorito?). Lo único que se le manifiesta, eso sí, es en la cara una sensación de molestia, de hastío ante la ingratitud popular. Le recomiendo que sea más "cara de palo" todavía, coméntelo con sus asesores de imagen, me encontrarán razón. Ya lo han sacado a la pizarra dos veces, y todo se le ha perdonado. Es que, claro, un partido como el suyo, que se dice cristiano, debe perdonar tres, cuatro, mil veces si es necesario y poner la otra mejilla. Eso resulta bien en Chile: pedir perdón públicamente, ojalá con los ojos llorosos.

Hemos tenido a arzobispos pidiendo perdón por correos viperinos o a senadores y jugadores que violan leyes de tránsito o hacen gestos "educativos" para nuestra juventud (como el del dedo ese de Jara). ¡A todos ellos se les ha perdonado todo! Tranquilo, entonces, no se agite. Piense: al único al que no se le perdona nada es al ciudadano de a pie... Pero si Jesús lo dijo clarito: "muchos serán los llamados y pocos los elegidos"...Y usted es de los elegidos. Y por amplia votación. Y, a propósito, senador: ¿es verdad que no va a la reelección?

¿Está tal vez pensando pasarse del servicio público al sector privado, como está de moda hacerlo? ¡Entonces lo van a acusar de llevarse información privilegiada del Estado! ¡Ah, qué país este! No se puede jugar rugby, hacer negocios ni política tranquilos, y además de todo, no se deja a los hijos hacer sus "emprendimientos" en paz... Pero de los hijos ni hablemos, senador, porque como dijo el Quijote: "mejor no menearla".