En estas circunstancias, resulta claro que la principal virtud de esta nueva generación de fiscales fue comprender que la inercia de las instituciones sólo podía ser alterada a través de la presión de los medios y de la opinión pública.
Por ello, es que el más destacado vínculo virtuoso de los dos últimos años no fue –al menos en un sentido democratizador– la alianza público-privada propugnada por Ricardo Lagos en su emblemático discurso pronunciado en Icare en agosto del 2014 (y que muy probablemente volverá a reeditar en el contexto de una eventual candidatura presidencial).
Muy por el contrario, el vínculo virtuoso estaría definido por una alianza estratégica establecida entre un grupo de fiscales subalternos con ansias de justicia y un segmento de periodistas críticos que alentarían un renacer disciplinario respaldado en la proliferación de medios alternativos y el explosivo avance de nuevas plataformas y tecnologías comunicacionales.
Con este telón de fondo ha de leerse la medida adoptada por el Senado, instancia que hace bastante tiempo se ha consolidado como el bastión institucional del partido del orden (cuando la Cámara Alta falla en su propósito restaurador, siempre es posible recurrir a la trinchera de retaguardia: el Tribunal Constitucional). Recordemos que la primera jugada clave para ejecutar este cambio fue la postulación de Jorge Abbott como nuevo Fiscal Nacional. He aquí el verdadero “Fiscal Ad-Hoc”. Esta candidatura, propuesta por la presidenta Michelle Bachelet, fue ratificada en bloque por la Alianza (hoy Chile Vamos) y la Nueva Mayoría en el Senado el pasado 19 de octubre.
En resumidas cuentas, la conducción tanto del Ministerio Público y como del Senado operan coordinadamente para neutralizar a los actores sociales más relevantes de los últimos años. Hemos escuchado la defensa de la medida por parte de las principales dirigencias de los bloques políticos tradicionales y los actuales líderes del Ministerio Público. Algunos afirmarán que el objetivo de la indicación es “cuidar las instituciones”. Otros, dirán que su fundamento es asegurar la “neutralidad y objetividad” del Ministerio Público. Más de algún gremio de abogados rasgará vestiduras por el “aseguramiento del debido proceso y la presunción de inocencia de las personas investigadas”.
De este modo, los defensores del statu quo volverán a replicar la vieja y gastada fórmula asociada al cinismo institucional. Aquel que ante los ojos del escrutinio público exige neutralidad y objetividad de las instituciones en aras del buen funcionamiento de la república, pero que en las conversaciones de pasillo (o, más bien, en sus “cocinas privadas”) no tiene inconvenientes en poner las mismas instituciones a disposición de los sectores más privilegiados de nuestra sociedad.
Lo trágico de las aspiraciones restauradoras, es que la normativa creada para neutralizar el ejercicio investigativo y al derecho público a la información, no podrá contener, ni el develamiento de nuevos antecedentes informativos, los cuales, seguirán definiendo los contornos del semblante de la descomposición, ni la proliferación de nuevos actores socio-políticos que intenten capitalizar políticamente la irrupción del malestar.
Y es que las crisis de orden sistémico no pueden ser suprimidas y/o revertidas por decreto, por más restrictivo y eficaz que éste sea.
