Peor Imposible - Andrés Benitez

Peor imposible.  No es fácil explicar la farra política y económica que se observa. Pero hay un pecado de origen: el programa de gobierno es malo.

¿ES ESTE el peor gobierno desde que volvió la democracia? Si fuera por lo que hemos visto hasta ahora, la repuesta es sí. La verdad es que no hay ningún indicador que salve a la Presidenta. Tanto, que esta semana ella misma se encargó de adelantar el término del primer tiempo de su período anunciando cambios para el segundo. Dar vuelta lo que hemos visto no será fácil. Hay que corregir casi todo, cosa que está por verse si es posible.

La Presidenta cumple su primer año y medio con apenas un 27% de aprobación, algo que sólo se vio en el peor momento de Piñera, fecha en la cual muchos de los miembros de la actual Nueva Mayoría dijeron que Chile no se merecía un presidente tan impopular. Supongo que hoy pensarán lo mismo, aunque no lo digan.

Pero es cosa de leer entre líneas para darse cuenta que la decepción corre por las filas oficialistas.

Piñera logró revertir la situación, llegando al final de su período con un 50% de aprobación, en gran medida por el buen desempeño de la economía y el empleo. El punto es que Bachelet no tiene aquello. Por el contrario, su gobierno se encamina a tener los peores números de la historia reciente. Y nada indica que ello mejorará. Hasta la fecha, el crecimiento promedio del gobierno es de 1,6%, muy lejos del 5,3% que logró Piñera. Entonces, por el lado de la cifras económicas la cosa se ve muy negativa para la Presidenta. Por lo anterior, no es raro que hoy se hable de priorizar. Se acabó la plata y el país tiene que comenzar a bajar el gasto para equilibrar sus mermadas cuentas fiscales.

¿Cómo llegamos a esto? Es la pregunta que todos se hacen. Porque la verdad es que no es fácil explicar la verdadera farra política y económica que estamos observando. Por lo pronto, hay un pecado de origen: el programa de gobierno es malo. Pero lo más sorprendente es la baja capacidad de gestión. Todo parece estar mal hecho, improvisado, a la carrera, sin medir las consecuencias. El resultado de todo esto es que las reforma tributaria, educacional y laboral las apoya menos de un tercio de la gente.

Es esta desprolija manera de gobernar la explicación de la mayor parte de los problemas actuales. Una cosa es querer cambiar Chile, pero otra distinta es hacerlo mal. Y nada dice que esto cambiará. El reciente anuncio de que la gratuidad universitaria se hará sólo para los estudiantes de las instituciones del Cruch habla una vez más de que la improvisación sigue mandando en La Moneda. Y como siempre, no existe un proyecto serio al respecto. Sólo declaraciones que no le hacen sentido a nadie.

Se habla también de priorizar, pero es claro que no saben lo que ello significa. Nadie es capaz de decir qué es lo que queda y lo que no permanece. Esto refleja el nivel de confusión imperante. Si este es el segundo tiempo, entonces la cosa no va a mejorar. 

Los países pueden soportar presidentes poco populares. Eso incluso puede ser bueno si es el resultado de aplicar medidas difíciles, pero necesarias. Pero lo que los países no pueden resistir son gobiernos ineficientes, como es el actual.

Realismo y reformas - Jorge Correa Sutil

Realismo y reformas

 
   
La intensidad con que cruje el proyecto del Gobierno y de la Nueva Mayoría no se explica porque falten recursos y haya que avanzar más gradualmente. La crisis es política antes que económica y se llama decepción. Decepción popular con la política y con el Gobierno. Si no se reconoce así, difícilmente se le pondrá remedio. Es el primer realismo necesario.

El Gobierno fue elegido por clara mayoría prometiendo reformas estructurales en favor de la igualdad y ya no cuenta con respaldo popular mayoritario. Dos parecen haber sido las causas del deterioro: la primera, de credibilidad, agravada por los escándalos. ¿Cómo autoridades que debían favores a los ricos o que abusaron de su situación de privilegio podían mantener creíble la promesa de un país más igualitario? La segunda causa es que las reformas emprendidas no se han percibido como adecuadas para alcanzar la igualdad prometida. La tributaria, ciertamente en abstracto pertinente para encaminarse a la igualdad, terminó desprolija. Generó no solo una mayor carga impositiva, objetivo resistido pero necesario, sino también el costo mayor e innecesario de la incerteza. La reforma educacional del primer tiempo tampoco es popular y difícilmente puede reconocerse su aporte a la igualdad, que no sea por haber puesto fin a la selección, lo que pudo aprobarse en una ley simple y sin costo para el Estado.

Negar la decepción popular como la causa principal de la crisis, atribuyéndola a escasez de recursos o al ancho del Estado para resistir reformas, es escabullir el bulto e insistir en discursos poco creíbles que continuarán bajando el apoyo que el Gobierno y la política necesitan para las reformas a las que fueron convocados.

Si el Gobierno contó con apoyo popular para reformas estructurales sería un error renunciar a ellas. La cuestión radica en la selección de cuáles son más eficaces para la promesa de igualdad que concitó el apoyo que se ha desvanecido.

Si la crisis es primero política y de credibilidad, son las estructuras políticas las que prioritariamente deben ser intervenidas para extirparles el cáncer de desigualdad que las priva de la credibilidad con que se alimentan. En ello el Gobierno tiene una agenda, una treintena de proyectos legales sobre probidad política, pero carece de discurso para presentarlas, lo que las relega a segundo plano.

¿Puede soñarse con un país que se encamine hacia la igualdad si quienes disponen de dinero disponen también de un peso político para influir de modo privilegiado y poco transparente en las autoridades que representan al pueblo? ¿Hay una reforma más estructural que emparejar la cancha en la que se toman las decisiones públicas? ¿Hay alguna reforma de la Constitución -sí, ciertamente de la Constitución Política de nuestro Estado, de su sala de máquinas- más relevante y urgente que asegurar la igualdad ciudadana? ¿Hay alguna igualdad que se le compare en importancia a esta que está en el origen de las restantes? ¿O alguien cree que será el mercado o los tribunales y no la política donde el ciudadano de a pié y los movimientos sociales podrán acortar las brechas restantes?

Un debate público desenfocado nos ha hecho olvidar donde está el corazón de nuestra Constitución Política y donde el remedio para que los anhelos ciudadanos vuelvan a canalizarse en las instituciones y así tonificar la democracia. Si la promesa de igualdad de todos en la política no es la primera y más prioritaria de las reformas estructurales del Gobierno, ninguna de las otras resultará creíble.

La segunda reforma estructural a priorizar es la educacional. Pero debe diseñarse con precisión y prolijamente para la igualdad, y para ello nada puede sustituir el objetivo de mejorar la calidad de la educación de los niños más vulnerables. Esto ciertamente no es lo mismo que hacer universal la gratuidad en la educación superior y menos aún iniciarla con una medida abiertamente contraria a la igualdad, como la que se ha anunciado.

El norte no debiera cambiar ni la ambición desvanecerse. Es la hora de afinar la puntería.

NEGAR LA DECEPCIÓN POPULAR COMO LA CAUSA PRINCIPAL DE LA CRISIS ES ESCABULLIR EL BULTO E INSISTIR EN DISCURSOS POCO CREÍBLES QUE CONTINUARÁN BAJANDO EL APOYO QUE EL GOBIERNO Y LA POLÍTICA NECESITAN PARA LAS REFORMAS ESTRUCTURALES A LAS QUE FUERON CONVOCADOS.