Tecnocracia , Gobierno y Política Educacional

Continuación  del ensayo  de J.J.Brunner.

...............Pues bien, decía al comienzo de este ensayo que el manejo de la promesa presidencial de una ‘gratuidad universal’ para la educación superior es una perfecta ilustración, como muestra un colega en otro medio, de una falla tecnocrática del gobierno Bachelet con un potencial de daño difícil de estimar.

La génesis y trayectoria de esa falla es conocida y no necesito detallarla por tanto. Baste aquí con una lista sintética de puntos relevantes:

* En el país existe desde hace ya tiempo un creciente consenso en torno a la idea de garantizar de una manera progresiva una efectiva gratuidad para todos los jóvenes provenientes del 50% al 75% de hogares de menores recursos que ingresa a la educación superior, provisto que accedan a instituciones debidamente acreditadas y sujetas a un régimen de regulaciones públicas aprobado por la ley.

* Más aún, Chile venía avanzando en esa dirección bajo un amplio esquema de becas y créditos que fue perfeccionándose durante el último lustro, de modo tal de cubrir al mayor número posible de estudiantes de menores recursos junto con evitar imponerles una deuda que al graduarse pudiera convertirse en un lastre imposible de sobrellevar. Para continuar avanzando hacia la gratuidad hubo acuerdo, adicionalmente, en una reforma tributaria que generase un monto significativo de recursos, la mayor parte de los cuales debía destinarse a la reforma de la educación en todos los niveles, incluida una fracción razonable para esa gratuidad progresiva.

*Sin embargo, sorpresivamente, el programa presidencial de Bachelet ofreció ‘gratuidad universal’ para el año 2020 y gratuidad para los estudiantes del 70% de hogares de menores recursos al final de su administración (2018). Una propuesta maximalista y, en la práctica, irrealizable en el actual estado de desarrollo del país.

* Impulsados por esta promesa que era una ilusión, el gobierno y sus tecnoburócratas y académicos de apoyo entraron desde el primer día en una espiral de contradicciones, ofreciendo un día algo que al día siguiente debían aclarar o corregir, mientras buscaban generar una fórmula que hiciera posible lo imposible. Todo esto en un ambiente de creciente confusión, en medio de un continuo tira y afloja con las instituciones universitarias y no-universitarias y en presencia de un choque de expectativas cruzadas entre los diferentes actores involucrados: estudiantes y movimiento estudiantil, académicos, universidades estatales y privadas, privadas más antiguas o derivadas de ellas y privadas más nuevas, partidos políticos, expertos de diferentes persuasiones.

* Sin haberse alcanzado un acuerdo técnico al interior de la administración, ni menos con las diferentes partes interesadas, y en un cuadro de caída de la popularidad presidencial y de las expectativas de crecimiento económico y del gasto fiscal, el gobierno decidió pisar el acelerador cuando iba por la cuesta hacia abajo y anunció, en el Mensaje presidencial del 21 de mayo pasado, que la gratuidad-sin-becas se anticiparía parcialmente para los estudiantes del 60% de jóvenes de menores recursos mediante subsidios a la oferta (las instituciones) que -en caso de no pertenecer al CRUCH- cumplieran con ciertos criterios de elegibilidad. Esta medida sería implementada con dineros asignados en una glosa del presupuesto de la nación que actualmente se discute en el Parlamento.

* El anuncio presidencial, improvisado técnicamente y comunicado sin mayor precisión, debió ir corrigiéndose sobre la marcha durante las semanas siguientes y hasta hoy día, cuando aún no se conoce el diseño de detalle del esquema que se buscará imponer ni el plan para su implementación. La prensa registra por lo menos seis o siete cambios que se han ido introduciendo con posterioridad al 21 de mayo. Aun así, el desconcierto de las partes involucradas es visible, el rechazo de algunas y la disconformidad de muchas es público y las preguntas sin respuesta son numerosas.

* Entre las principales cuestiones que suscita esta errática política se encuentran las diez siguientes: (i) qué justifica discriminar entre estudiantes con las mismas necesidades socioeconómicas (de hogares del 50% de menores recursos) e iguales méritos matriculados en instituciones con un mismo nivel de acreditación; (ii) qué justifica discriminar entre universidades pertenecientes al CRUCH y otras privadas con niveles similares o superiores de acreditación; (iii) por qué se decide abandonar la gratuidad ya alcanzada y, en vez de construir sobre ella, se cambia el financiamiento fiscal desde los estudiantes hacia las instituciones; (iv) cómo se calculará el subsidio por alumno para más de mil carreras distintas sin dañar los ingresos de cada institución; (v) por qué se ha elegido un esquema de financiamiento que posterga -una vez más- a los estudiantes de IP y CFT donde estudia la mayoría de aquéllos provenientes del 50% de hogares de menores recursos; (vi) cómo se garantiza que el subsidio asignado a las instituciones favorecidas por la gratuidad sea empleado eficaz y eficientemente en favor de los estudiantes ‘vulnerables’ que son los destinatarios finales de esos recursos; (vii) qué incentivos crea este esquema para que las organizaciones mejoren la calidad y eficiencia del servicio que prestan; (viii) qué efecto traerá consigo el hecho que a una misma sala de clase concurran alumnos gratuitos y otros que pagan sus estudios; (ix) dado que la gratuidad estimulará el ingreso de un mayor número de estudiantes de hogares de los primeros dos quintiles, ¿están preparadas las instituciones para atenderlos seriamente y compensar su débil capital escolar u cultural? El cálculo de gasto unitario del gobierno, ¿considera este factor? (x) Finalmente, con el esquema propuesto, ¿cómo podrá evitarse que se lesione la autonomía real de las universidad para gobernarse a sí misma y gestiona sus asuntos y cómo se evitará que en adelante cada universidad compita por su cuenta para negociar políticamente su presupuesto anual con él gobierno de turno?

El hecho de que surjan todas estas dudas lleva a pensar que el gobierno ha estado actuando con poca pericia técnica e improvisando sobre la marcha soluciones que no son tales. Más encima, la conducción política de conjunto de la administración ha elegido una glosa del presupuesto de educación para 2016 como el terreno propicio para iniciar la implementación de su política de gratuidad 'universal'. Esto lleva a dudar de la racionalidad con que este  asunto se está manejando técnico-políticamente. Tampoco es claro en qué marco de política se inscribe esta iniciativa, pues el único documento dado a conocer en tal sentido por el Ministerio de Educación (14 de julio de 2015) es en extremo vago en su diseño, carece de un diagnóstico,  posee débiles fundamentos, es de escasa densidad técnica y tiene un sesgo netamente retórico.

Transcurrido un tercio del tiempo de la administración Bachelet, cabía esperar un mejor desempeño de  la tecnocracia asociada al Mineduc y de su propia tecnoburocracia, así como una más eficaz gestión política del tema de la gratuidad.

Según reconoció el ex ministro de Educación y hoy ministro de la Presidencia, su cartera  de entonces se vio desbordada igual como ocurrió al conjunto del gobierno. En una entrevista estilo naive del 6 de septiembre pasado, señaló: “En un año dos meses, yo tenía que hacer una nueva carrera docente, reorganizar la educación particular subvencionada, reestructurar la educación pública, y hacer el cambio del financiamiento de la educación superior. Era imposible hacer las cosas bien a ese ritmo. Pero eso lo percibía también para el conjunto del Gobierno. Vi que claramente estábamos metidos en una vorágine de reformas que no íbamos a ser capaces ni de diseñar apropiadamente, ni de tramitar políticamente, sin provocar excesivos conflictos". Y candorosamente acota: “Ni Superman puede diseñar técnica y políticamente bien una cantidad de reformas que son complejas y, al mismo tiempo, gestionar bien”.

En ese punto estamos. Frente a un mea culpa que revela la falla tecnocrática del gobierno y su débil conducción y gestión políticas. Justamente porque se trata de las dos caras de la gobernanza democrática, el asunto es grave y no puede resolverse con el ritualismo de una autocrítica. Exige, en cambio, pasos concretos para mejorar la legitimidad y la efectividad técnica de las soluciones. Hasta ahora, tal desafío supera las capacidades de respuesta de la conducción política y la gestión técnica del gobierno. Por lo mismo, es urgente que se ponga a la altura de lo prometido para que deje de ser una ilusión riesgosa y pueda transformarse en una solución política y técnicamente viable.