Hora de revisar y corregir - José Joaquín Brunner

Hora de revisar y corregir
Tal como en 1959 Aníbal Pinto lo planteó en "Chile, un caso de desarrollo frustrado", hoy enfrentamos nuevamente el riesgo de frustrar nuestra trayectoria de desarrollo y estamos llamados a reaccionar.

 
   
Ahora que comienza a oscurecer el horizonte de nuestro crecimiento económico es imprescindible iluminar los desafíos a mediano y largo plazo que el país tiene por delante. Vuelve a aparecer el fantasma de "Chile, un caso de desarrollo frustrado" que Aníbal Pinto echó a andar en 1959. Allí su autor concluye que la "gran contradicción" del desenvolvimiento chileno es entre la limitada capacidad productiva y las ilimitadas demandas de la democracia. Y remata: "Las condiciones de vida democrática [...], en esencia, son incompatibles con una economía estagnada [sic]".

Tal es asimismo la lección que enseña América Latina.

Hoy enfrentamos nuevamente el riesgo de frustrar nuestra trayectoria de desarrollo y estamos llamados a reaccionar.

De hecho, el fin del boom minero subraya la urgente necesidad de que Chile diversifique su economía más allá de los sectores intensivos en la producción de "commodities", apuntando hacia una economía más productiva, junto con profundizar en aquellas reformas que harían posible avanzar en esa dirección.

¿Cuáles son esas reformas?

No hay misterio en ello. Primero que todo, necesitamos elevar las capacidades -destrezas, habilidades y conocimientos- de los trabajadores y de las futuras generaciones para desempeñarse más productivamente y aumentar la densidad tecnológica de nuestra economía. No basta solo con elevar los años de escolarización de la población, objetivo que en cualquier caso el país ha conseguido exitosamente durante los últimos 25 años.

Ahora se trata, además, de mejorar las competencias que las personas requieren para aprender, trabajar, interactuar, comunicarse y convivir en una sociedad y una economía organizadas en un nivel superior de racionalidad.

La educación debe hacerse cargo de ese desafío formativo. Debe cultivar: (i) unas ciertas maneras de pensar que permitan a las personas aprender a aprender, tomar decisiones y solucionar problemas; (ii) unas maneras de trabajar en equipo aprovechando las múltiples formas de comunicación al alcance de la sociedad de la información; (iii) la capacidad de usar las redes generadas por la revolución digital, y (iv) quizá lo más importante, la capacidad de administrar autónomamente nuestras propias vidas y cambiantes carreras.

Junto con abordar esas complejas tareas del siglo 21, nuestro sistema escolar mantiene su misión histórica central: desarrollar las competencias cognitivas fundamentales a nivel individual -la comprensión lectora, el manejo numérico y el razonamiento científico- así como la inteligencia socioemocional y los rasgos de la propia personalidad. Sabemos que en Chile estas son todavía asignaturas pendientes. Igual ocurre con la función social de compensar las desigualdades de la cuna.

Adicionalmente, necesitamos impulsar otra serie de transformaciones.

En lo económico, poniendo la innovación como eje del sistema productivo mediante una activa política de investigación y una relación más estrecha -más productiva, precisamente- entre universidades, empresas y gobierno, con fuerte énfasis regional.

En la sociedad civil, multiplicando modalidades descentralizadas de provisión y administración de servicios sociales a nivel local y emprendimientos asociativos de todo tipo.

En el plano del Estado, a través de acciones modernizadoras destinadas a mejorar la gestión pública y a fortalecer los organismos de apoyo, regulación y coordinación de una sociedad descentralizada.

Esas transformaciones suponen el cultivo de patrones y rasgos culturales alejados de nuestra tradición burocrática. En vez del centralismo, la descentralización y valoración de lo local; en vez de la desconfianza en la autonomía individual y los emprendimientos sociales, confiar en ellos y fomentarlos por doquier; en vez del rentismo y las ventajas estamentales, una actitud de crítica e innovación basada en el mérito.

A la luz de la profundidad y novedad de los desafíos y riesgos que enfrentamos resalta dramáticamente la falta de perspectiva de nuestras políticas educacionales. La confusión generada por el anuncio sobre gratuidad de la educación superior es nada más que un síntoma de esa ausencia de conducción.

Como nunca antes las políticas educacionales se hallan a la deriva. Navegan como barcazas sin piloto ni timón, incomunicadas entre sí, zarandeadas de un lado a otro. El ex ministro del ramo formuló una descarnada autocrítica de la metodología empleada para elaborar esas políticas. Pero aún resta por hacer un balance igualmente crítico de su diseño, objetivos y contenidos. De lo contrario, seguirán adelante y podrían irse a pique o dañar el valioso tesoro que pertenece a las futuras generaciones.

En suma, las políticas educacionales en curso no se hacen cargo de los viejos ni de los nuevos desafíos, ni apuntan tampoco hacia los cambios que son necesarios en la economía, la sociedad civil y el Estado. Por su lado, los patrones y rasgos culturales que esas políticas afirman son precisamente aquellos que debemos superar.

Puede anticiparse por consiguiente que si el Gobierno no da un verdadero giro en su política educacional que acompañe a otras revisiones tímidamente insinuadas, pero aún no materializadas, entonces es probable que volvamos a ser el mismo de antes: "Chile, un caso de desarrollo frustrado".

Administración Bachelet: gestión política, desempeño y evaluación - José Joaquín Brunner - El Líbero

Administración Bachelet: gestión política, desempeño y evaluación

La información y los análisis disponibles subrayan las debilidades observadas en la cúspide del poder gubernamental, con una Presidenta objetivamente disminuida frente a la opinión pública encuestada.
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El gobierno se mueve entre tres factores que entraban su gestión política (politics) y de políticas públicas (policies). Primero, el desempeño gubernamental -expresado en leyes aprobadas, solución de problemas en áreas claves, transmisión de señales, satisfacción de diferentes partes interesadas, etc.- es considerado poco efectivo. Segundo, el reconocimiento y apoyo de la opinión pública encuestada es críticamente bajo. Tercero, el núcleo que conduce la gestión política y de políticas públicas aparece poco asentado; como veremos, no transmite seguridad ni parece confiar en sí mismo.

I

El desempeño gubernamental es inefectivo. Desde el primer día la administración Bachelet trabaja sin una agenda con prioridades y metas a ser alcanzadas gradualmente. Por lo mismo, su acción resulta confusa, desordenada y poco jerarquizada. Es cierto, hay un programa que en su momento sirvió como medio de campaña para comunicar aspiraciones y convocar electores en torno a la figura -entonces carismática- de la candidata, hoy Presidenta.

Mas el programa declara valores, fines, no objetivos a alcanzar dentro de un marco de posibilidades. Habla de equidad, libertad, transparencia, sustentabilidad, participación, poder local, bienestar y fines públicos, pero no de cómo organizar medios y procedimientos ni cómo asignar responsabilidades y recursos para su obtención. Justamente es en el plano de los valores últimos donde las políticas tienen que arbitrar. ¿Cuánta equidad y cuánta autonomía para que las familias elijan la educación de sus hijos? ¿Qué grado de libertad para que las mujeres decidan terminar con su embarazo? ¿Cómo combinar los derechos de los individuos y los intereses de la comunidad?

En situaciones conflictivas o inciertas es inevitable que los gobiernos empleen conceptos ambiguos -como de suyo es el lenguaje de los valores- para mantener una relativa cohesión entre sus seguidores y en su coalición de apoyo. Precisamente por eso la actual administración -cuando arrecian las dificultades y tensiones- emplea conceptos estratégicos vagos además de hacer un uso táctico de la ambigüedad al nivel de los medios y los objetivos. El costo es ser percibida como imprecisa cuando no contradictoria. Lo cual a su vez provoca fallas de comunicación con los partidos, gremios, sindicatos y movimientos sociales.

También las principales reformas impulsadas por el gobierno presentan problemas de ambigüedad e interpretación. El lema del “realismo sin renuncia” es quizá el ejemplo más contundente. Al punto que la propia Presidenta, su equipo político y la Nueva Mayoría (NM) terminaron enredados en la interpretación de esta cabalística fórmula. Ni siquiera el cónclave destinado a precisarla pudo despejar la confusión.

Si el desempeño del gobierno en el armado y gestión de su agenda ha sido débil, no puede uno sorprenderse que los resultados sean mal evaluados. Por ejemplo, los proyectos tramitados en el Congreso parecen improvisados y son técnicamente débiles, al punto que el propio gobierno debe rehacerlos por la vía de las indicaciones y, una vez promulgados, requieren numerosas circulares aclaratorias y reglamentos para poder implementarlos, o incluso de una ley para mejorar su diseño y graduar su aplicación.

Una misma percepción de falta de diseño o baja efectividad existe respecto del manejo de los asuntos cotidianos de la administración, como la seguridad urbana, la paz en La Araucanía, la diplomacia frente a Bolivia, los colegios municipales, el transporte metropolitano, la construcción de hospitales o la gestión de las becas para estudios en el extranjero.

De allí el juicio negativo, y de insatisfacción, que se ha ido instalando entre los diversos actores y partes interesadas en las políticas públicas.

El gobierno se defiende alegando que esas reacciones eran previsibles y responden a los intereses amenazados por las reformas estructurales. Bien podría ser un elemento de la explicación. Pero no se hace cargo del hecho que la mayor parte de las insatisfacciones se asocia no a las reformas, sino a persistentes problemas como el Transantiago, las colas de espera, los abusos, la inseguridad ciudadana, los fenómenos de corrupción, una economía más estrecha. O bien a la gestión deficiente de las propias reformas concretadas o proyectadas (tributaria, escolar, laboral, de reforma constitucional, de gratuidad de la educación superior, etc.).

La verdad es que una medida importante de las insatisfacciones se debe, ante todo, a lo errática de la conducción del gobierno, a su interlocución sin resultados, lenguaje confrontacional, la explosión de expectativas impulsada por el discurso oficial, escasa capacidad resolutiva de autoridades intermedias, burocratismo de los servicios públicos, divisiones dentro de la NM y un clima de incertidumbre provocado por una autoridad indecisa.
II

Todo lo cual nos conduce al extrañamiento experimentado por la opinión pública encuestada respecto al gobierno Bachelet. Esa opinión -que habla a través del los sondeos de ADIMARC, CEP, MORI, CADEM, CERC y los medios de comunicación de masa- se pronuncia negativamente en la actualidad, en un nivel nunca antes visto, respecto de la Presidenta, su gobierno y sus medidas de reforma. Muestra un reflujo de la popularidad gubernamental desde la cima alcanzada tras la elección de la Presidenta, hasta la sima donde ha caído durante las últimas semanas.

No ha sido un cambio de marea agitado, abrupto, de alta intensidad y fuertes turbulencias. Al contrario, ha sido un descenso gradual pero persistente a lo largo de los últimos diez meses: en todos los sectores sociales, grupos de edad, en regiones y Santiago, entre hombres y mujeres y entre personas distribuidas a lo ancho del espectro ideológico.

Estos movimientos de opinión son, digamos así, la otra cara de la deficitaria performance del gobierno. Es la percepción existente -medida como registro de opiniones- sobre la conducción gubernamental.
El sector social donde esa percepción negativa ha ido difundiéndose más profusamente es aquel conformado por la actual clase media, especialmente en los nuevos estratos emergentes. Son esos segmentos los que más fuertemente dependen de la calidad de la gestión política y de las políticas públicas imprescindibles para mantener e incrementar las oportunidades de vida, educación, trabajo, consumo y participación. Efectivamente, dichos grupos -que entre otras cosas se ensanchan cada cuatro años con la inclusión de 600 mil nuevos técnicos y profesionales- son los que mayormente necesitan crecimiento económico, empleos, seguridad en los barrios, colegios que funcionen con efectividad, menores tiempos de espera en los servicios de transporte y salud, acceso a viviendas al alcance de sus ingresos y ahorros.

Algo similar ocurre con otros segmentos de esa clase media ampliada: micro y pequeños empresarios, vendedores, empleados de servicios públicos y privados, estudiantes técnicos y universitarios, adultos que asisten a cursos vespertinos y a programas de capacitación. Más que el carisma de la Presidenta, o el nivel de progresismo de la NM, o las promesas del programa, a los hombres y mujeres de clase media les importa un gobierno eficaz, realista, con agenda clara, eficiente en la solución de problemas, que mantiene el orden y la seguridad, construye acuerdos y ofrece un sentido a la vida colectiva de la sociedad.

La administración Bachelet ha sido particularmente débil en su desempeño y gestión comunicacionales. Ha carecido de un relato que confiera sentido a sus decisiones e identidad a sus propuestas. Al contrario, su fisonomía discursiva está marcada por declaraciones contradictorias y poco realistas de la Presidenta; por la oscilación entre una fraseología rupturista y una gradualista; por las memorables ironías de un ministro o aquella inolvidable metáfora empleada por un presidente de partido de la NM.

La ausencia de una narrativa coherente -en una administración que al comenzar se preciaba de inaugurar un nuevo ciclo, traer consigo un paradigma que cambiaría drásticamente las políticas de la Concertación, y de tener una pretensión refundacional- deja atrapado al gobierno entre el fuego cruzado proveniente de las diferentes fracciones internas de la NM que buscan definirlo a su favor. Así, en vez de contar con una comunicación orientada estratégicamente, la administración Bachelet ha terminado envuelta en una refriega de mensajes que contribuye a dificultar la conducción.
III

El bajo desempeño manifestado a través de una performance mediocre, performance mal enjuiciada a su vez por la opinión pública encuestada, desemboca en un cuadro de crisis en el núcleo que gestiona la política y las políticas públicas del gobierno. He aquí la principal causa de la crisis de conducción que hemos estado analizando desde hace varios meses.

¿De qué se trata?

Primero, de un mal funcionamiento en el núcleo mismo del poder presidencial; es decir, la Presidenta, sus ministros distribuidos según una jerarquía informal del poder en tres o cuatro anillos en torno de ella, el personal directivo de confianza y los asesores de política y políticas –los technopols- que forman la primera línea de la gestión política dentro del aparato gubernamental junto a las tecnoburocracias directivas. Este núcleo, se supone, es la cabeza estratégica del gobierno, responsable por las orientaciones, la agenda, las relaciones con el Parlamento y la NM, y del discurso oficial y los relatos sectoriales.

En los gobiernos anteriores de la Concertación hubo diferentes maneras de organizar la división del trabajo y las jerarquías efectivas del poder dentro de dicho núcleo. Por ejemplo, en la administración Aylwin, el ministro secretario de la presidencia, Edgardo Boeninger, jugó un papel central –hasta hoy recordado con admiración— en la gestión y coordinación político-programática, acompañado por Enrique Correa (consejero de príncipes magna cum laude) en la Segegob y por Alejandro Foxley en el ministerio de Hacienda, los tres encargados además de activar las redes de tecnopolíticas y tecnocráticas que llegarían a formar parte de la identidad y el estilo concertacionistas. Durante el gobierno Lagos, en cambio, el propio Presidente junto a su equipo de segundo piso tuvieron control sobre la orientación estratégica de la administración, creando una “presidencia imperial” apoyada por un equipo político encargado de la gestión cotidiana de los asuntos gubernamentales. El gobierno Piñera, en tanto, intentó -sin éxito-sustituir esa función política superior por un énfasis gerencial dentro de un modelo de gobierno emprendedor.

Hoy la información y los análisis disponibles subrayan las debilidades observadas en la cúspide del poder gubernamental, con una Presidenta objetivamente disminuida frente a la opinión pública encuestada; que equivocó el armado básico de su primer gabinete y luego de un año debió reemplazarlo, sin que hasta hoy pueda saberse si acaso el nuevo armado funcionará o no; que ha carecido de una agenda y no ha podido trazar un rumbo; que carece de un diseño comunicacional y se mantiene relativamente alejada de su núcleo, dando escasas o ambiguas señales a sus equipos políticos, burocráticos y técnicos.

Más grave es que esas decisiones equivocadas o de inciertos resultados, y la constante vacilación en la toma de decisiones, han dado lugar a dudas respecto a lo acertado del juicio político de la jefa de Estado, elemento clave de la conducción. Grave, pues como señala un académico experto en análisis político, “ninguna cantidad de buen proceso político puede remediar un juicio político errado” (R. Wilson). En efecto, la autoridad puede llevar a cabo todas las consultas del caso, escuchar a las diversas partes interesadas, hacer participar a los partidos y parlamentarios de la NM, solicitar consejo a sus asesores, recibir informes técnicos y sin embargo, si finalmente adopta una decisión equivocada, vacila o la posterga, el positivo proceso previo queda olvidado.

Si acaso una decisión ha sido acertada, llega a saberse solo una vez evaluadas las consecuencias. Vale aquí el pragmatismo shakespeariano del all's well that ends well (“bien está lo que bien acaba”). Entre tanto, la persona que decide debería reunir una serie de habilidades y condiciones según la literatura especializada: capacidad de sopesar factores en competencia, coraje para trabajar con el largo plazo en la mira pero manejando las demandas inmediatas, reacción instintiva para saber qué objeciones tomar en consideración, equilibrio en medio de intensas presiones, confianza en sus colaboradores y un entendimiento sofisticado de la gente, sus intenciones y necesidades. Además, una comprensión inmediata de lo que está en juego. Y un saber casi instantáneo sobre qué pasaría “si”... Amén de tener sentada a su diestra, sonriente, a la diosa Fortuna.

La Presidenta ha reconocido con candor dificultades para ejercer certeramente el juicio político, al punto que -confiesa ella- suele tener una intuición correcta, pero luego decide otra cosa, como ocurrió con ocasión del tsunami del 27 F, del Transantiago, la reforma educacional y la decisión de regresar (o no hacerlo) a Santiago luego de estallar públicamente el caso Caval.

Tampoco aparece consolidado el liderazgo de la Presidenta y su equipo en relación con los diversos niveles del poder gubernamental, particularmente con los tecnoburócratas que gestionan conocimientos y con los funcionarios que trabajan al nivel de la calle, en los puntos concretos de provisión de los servicios de salud, seguridad, educación, vivienda, etc.

En el primero de esos planos, el de la gestión del conocimiento experto -factor clave de la política pública en todas sus fases de diseño, formulación, decisión y aplicación-, los technopols y tecnoburócratas juegan papeles decisivos. El gobierno Bachelet inició su período de administración con un discurso ambiguo respecto de esos grupos, de los cuales desconfiaba, pues tendían a imponer, sostenía la cúpula de la NM, una racionalidad abstracta y economicista cuando no neoliberal, la que supuestamente habría marcado la ideología y el estilo de los gobiernos de la Concertación. En breve, tales grupos habían impedido a dichos gobiernos echar a volar la imaginación, soñar con otro país y mover los límites de lo posible, imponiéndoles un pragmático realismo, aquel del “en la medida de lo posible”.

Por eso mismo la actual administración ha mantenido una relación tensa con sus propias tecnoburocracias y technopols, al menos hasta el momento de la desfenestración de la dupla Peñailillo-Arenas y su reemplazo por la dupla Burgos-Valdes, genuinos representantes de los know how político y técnico-económico, respectivamente. Su arribo a La Moneda fue saludado como el regreso de la racionalidad formal al gobierno, a la espera de que la Presidente defina una nueva orientación, la que hasta hoy permanece en disputa.

Por su parte, en la calle, donde el Estado deja de ser una entelequia jurídica y se encuentra con la gente, es donde se expresa diariamente la efectividad y eficiencia de los servicios que prestan los funcionarios de última línea, aquella que entra en contacto con la población a través de profesoras, enfermeras, carabineros, trabajadoras sociales, parvularias, inspectores municipales, etc.

La aplicación de las leyes y los reglamentos, la garantía de los derechos, la seguridad personal, las prestaciones de los ministerios y grandes servicios, en breve, toda la actividad cotidiana y concreta del Estado, encuentra ahí su expresión rutinaria, interactiva, sobriamente local y masivamente individualizada.

También allí es evaluado continuamente el gobierno por un sujeto distinto que la opinión pública encuestada. Ya no se trata de conocer cómo las personas valoran (con nota de 1 a 7) el trato en la clínica de urgencia, o el rol del profesor en la comunidad, o su preferencia por un candidato X o Z, sino de captar y entender (cualitativamente) la experiencia vivida por esas personas al entrar en contacto diario con el Estado al nivel de la calle.

Aquí nos topamos, por tanto, con una opinión más densa, granular, intensa, no registrada directamente por las preguntas de una encuesta, sino vivida en la intimidad, compartida con la familia y los amigos, en el vecindario y el lugar de trabajo. Los climas de opinión que de allí surgen solo se manifiestan parcial y limitadamente en los sondeos de opinión; sin embargo, alimentan y determinan comportamientos, votaciones, conversaciones, memorias, reacciones, emociones y constituyen el trasfondo emocional de la opinión pública encuestada.

También en este último plano el gobierno parece gozar de escaso consentimiento, favor, entusiasmo y “buena onda” con la población. Al contrario, la polis parece crispada, asustada, incierta, descontenta e insegura en sus bienes y oportunidades. Los medios de comunicación procesan esos climas y los convierten en ondas, mareas, conciencia colectiva, psicología social. No digo solamente entre las élites, ni solo entre los grupos de intereses que pudieran verse afectados material o simbólicamente por las reformas del gobierno Bachelet. Me refiero a la población que vive inmersa en el curso de los hechos cotidianos y allí se forma una idea, una imagen, un sentimiento del país y su gobierno.

Paradojalmente, la intelectualidad de los malestares, aquella que vio elevarse sus bonos con la actual administración, pues de sus círculos se reclutaban los technopols y tecnoburócratas supuestamente en posesión de los más lúcidos diagnósticos y la mejor “lectura de la sociedad”, ahora se ve rodeada de descontentos para los cuales no estaba preparada ni consigue entender.

El Estado en las relaciones padres e hijos - El Mercurio 12-08-2015

El Estado en las relaciones padres e hijos
Este proyecto de ley de infancia podría acabar reclamando el dudoso privilegio de ser el primer intento de expropiar la relación de los padres con sus hijos.

 
   
Cierta extrañeza causan las declaraciones de la secretaria ejecutiva del Consejo de la Infancia en el sentido de que ahora "por primera vez este país va a tener una ley que garantice los derechos de niños, niñas y adolescentes"; con el proyecto de ley que se enviaría al Congreso dentro de este mes, el Ejecutivo pretende "cambiar la relación del Estado con los niños, de ver al niño como objeto de políticas públicas, a transformarlo en una persona que es válida por sí misma". Estas afirmaciones no son del todo efectivas y desconocen la realidad de los esfuerzos que se han hecho al menos desde la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño para contar con una legislación adecuada a la situación de los menores de edad. Desde luego que hay mucho por hacer, y en ciertos ámbitos también se debe poner atajo urgente a situaciones inaceptables, no pocas de las cuales afectan a los niños que se encuentran bajo la custodia del Estado; pero llama la atención el estilo propagandístico de los anuncios emanados de una instancia que debería ser eminentemente técnica.

En cuanto a las ideas matrices del proyecto, la transformación de los niños en "personas válidas por sí mismas" tendría como consecuencia principal que ellos puedan desarrollar su vida privada, gozar de intimidad personal y mantener sus comunicaciones privadas libres de toda "intromisión" de los padres. Esto vale no solo para la correspondencia por correo y otros medios electrónicos, sino también para los "espacios" que el niño quiera tener a solas con el médico, excluyendo a los padres. El principal argumento para promover este ámbito de exclusión de los padres consiste en que si estos tuvieran una relación de confianza con los hijos, ese espacio de privacidad no debería ser problemático. Igual que el tono propagandístico del anuncio, sorprende la simplicidad de la propuesta, pues parece desconocer por completo que la autonomía de los niños se encuentra en formación y debe ser educada, que los padres y madres -aun con la mejor voluntad- no siempre aciertan, y que los niños son objeto de graves ataques a través de medios de comunicación electrónicos. Estos ataques cuentan precisamente con la tendencia de algunos menores de ciertas edades a considerarse a sí mismos como adultos, y se aprovechan de ella para ocultar esos ataques con la complicidad del menor.

El proyecto parece estar en línea con la estrategia socializante que consiste en interponer al Estado en las relaciones de los hijos con sus padres. Apoyándose en argumentos verdaderos -es correcto que los padres deben ganarse la confianza en lugar de imponerse a sus hijos, y que la forma de vida de los niños no puede estar en función de los objetivos de sus padres-, los saca de contexto para promover un régimen que puede servir para cuestionar formas legítimas de educación o alternativas plausibles de configuración de las relaciones familiares o escolares. No será la primera vez que en Chile se garanticen los derechos de los niños, ni que se les considere como personas de conformidad a la ley. Sin embargo, este proyecto de ley de infancia podría acabar reclamando el dudoso privilegio de ser el primer intento de expropiar la relación de los padres con sus hijos.

CORRUPCIÓN, la explicación de todos los problemas

Entrevista al analista Moisés Naím:

"La corrupción se ha vuelto la explicación de todos los problemas en muchos países"
El economista venezolano apuesta por una América Latina donde los Mandatarios no sean reelegidos, para evitar que concentren poder y se perpetúen modificando leyes.

 
   
En momentos en que los escándalos de corrupción remecen a varios países latinoamericanos, el analista internacional Moisés Naím comenta a "El Mercurio" que la región está abordando de manera equivocada el problema, buscando a funcionarios honestos en vez de establecer una institucionalidad que dificulte las malas prácticas.

Previo a su visita a Chile -donde el jueves 13 participará de la conferencia organizada por el Bci "Crisis de Confianza y Bajo Crecimiento, ¿cómo salir de la trampa?"- el economista venezolano, autor de "El fin del poder" y ex editor de Foreign Policy, dice que espera que países como Chile reclamen al Presidente de su país, Nicolás Maduro, un proceso electoral democrático, de cara a las parlamentarias de diciembre.

-¿Por qué hoy se ve tanta corrupción?, ¿hay más que antes?

"La corrupción no se puede medir, porque es siempre secreta y lo único que se puede medir es la percepción de la corrupción -que es subjetiva- y los casos que son llevados a juicio. Lo que no hay duda es que la tolerancia a la corrupción ha disminuido.

En muchos países de América Latina había una coexistencia pacífica con la corrupción. Era aceptada como un hecho inevitable de la vida en sociedad y del gobierno, que era parte de la naturaleza humana, política y empresarial. Esto ha cambiado y ha terminado esa coexistencia. Hay pueblos más indignados y más dispuestos a salir a la calle a reclamar para denunciar la corrupción".

-¿Por qué hay menos tolerancia?

"La crisis económica tiene mucho que ver. En la medida que las condiciones de todo el mundo se vuelvan más difíciles, es más indignante para la gente que otros estén lucrando de dineros colectivos. Y, por supuesto, hay más ruido sobre esto, gracias a las redes sociales.

La corrupción tiene distintas etapas. Primero, estalla el escándalo con personas de alto perfil. Etapa dos: hay una masiva cobertura mediática del caso, lo cual nutre la rabia de la gente. Tercero: el escándalo persiste y pasa al Poder Judicial que en todos los países es lento y en algunos -no es el caso de Chile- es corrupto. Y ahí muere. Pocas veces estos escándalos siguen teniendo la potencia mediática por largos períodos. Ocurre que la sociedad comienza a buscar el legendario hombre o mujer honesta, donde la rectitud moral comienza a ser un requisito importante para tener apoyo popular. Eso distrae la atención hacia las instituciones y las reglas que permiten que haya corrupción e impunidad. Es más importante construir instituciones que desincentiven la deshonestidad, que hagan difícil la corrupción y, cuando exista, sea fácil de detectar y de penalizar".

-¿La ola de impopularidad de los presidentes de la región tiene relación con la corrupción?

"Correcto, pero también tiene que ver con la declinación de la situación económica. Estos son países que vienen de un período de mejores condiciones. De crecimiento, aumento del empleo, aumento del salario real y mejoras en programas sociales. Todo esto está bajando y hay un ánimo de frustración. Cuando a eso le añades que los ricos y políticos se están robando el dinero de todos, es natural que aumente la rabia con los que están a cargo del país".

-Da la impresión de que los países se desgastan mucho tratando de solucionar estos problemas de corrupción cuando el foco debiera ser otro.

"Por supuesto, y lo que está pasando en muchos países es que la corrupción se ha vuelto la explicación de todos los problemas. Entonces la receta es la lucha contra la corrupción. ¿Y cuál es la medicina? Poner gente honesta en los cargos. Pero eso no es cierto. Muchos de los problemas que tenemos en América Latina con la educación, infraestructura y con inestabilidad financiera tienen que ver con malas políticas públicas, que no se van a solucionar simplemente poniendo a cargo al legendario hombre o mujer honesta.

En los años 90 hubo una gran ola, parecida a esta, de rechazo contra la corrupción, porque hubo muchos escándalos. Y los principales paladines que aparecieron como los hombres que iban a solucionar la corrupción se llaman Vladimir Putin, Silvio Berlusconi y Hugo Chávez. Son ejemplos de que la receta de buscar el hombre luchador anticorrupción, populista, que va a limpiar el país y restituir la ética, es una apuesta muy peligrosa".

-¿Cuáles son las alternativas en países donde los políticos están desprestigiados?

"El tema más grave que hay en América Latina no es la corrupción en la conducción del gobierno, que es muy grave. Una amenaza mucho peor es la corrupción en el financiamiento de las campañas electorales.

En América Latina las campañas están siendo financiadas por robos al Estado, a dineros públicos, por narcotraficantes o por las peores oligarquías políticas y empresariales, que a través de su dinero están logrando perpetuar en el poder a sus agentes".

-¿Y por qué esa corrupción es más corrosiva?

"Porque el mejor antídoto ante la corrupción es la democracia y esta es socavada cuando su esencia -la expresión del voto- es manipulada por el dinero malintencionado, que entra en cantidades masivas a la política".

-¿Qué le parece que Colombia volviera a limitar la reelección?

"Soy partidario de que un Presidente tiene que tener un período de seis años, sin reelección. Las reelecciones en América Latina son nefastas y son una práctica que hay que acabar".

-¿Por qué afuera de América Latina no es nefasto?

"Porque hay instituciones más fuertes, porque la posibilidad de utilizar el poder de la Presidencia para volver a ganar y perpetuarse y para cambiar leyes, es mucho más difícil cuando hay instituciones fuertes. En América Latina se ha desarrollado el deporte de cambiar la Constitución para concentrar poder en la presidencia y para perpetuar a los presidentes".

"Samper está desprestigiado"

   
"Mi esperanza es que países como Chile alcen la voz y exijan del gobierno de Venezuela que no siga prohibiendo a candidatos muy populares que puedan ser elegidos, que no prohíba la observación internacional de las elecciones (legislativas de diciembre), y que no utilice de manera abusiva los recursos del Estado para garantizar la elección de sus candidatos", dice Naím. "El silencio de Chile ha sido muy triste para los venezolanos". El analista agrega que no confía en la Unasur como organismo observador, la única entidad invitada a monitorear las elecciones. "Nunca ha hecho observación electoral. El ex Presidente colombiano (Ernesto) Samper está completamente desprestigiado en Venezuela y en Colombia. Él llegó a la Secretaría General con el apoyo del chavismo y de Maduro. Nadie cree que la Unasur puede ser un organismo objetivo e independiente y, en muchos sentidos, es un apéndice de los gobiernos del Alba. No hay que olvidar que Samper es muy cuestionado en América Latina".

Peor Imposible - Andrés Benitez

Peor imposible.  No es fácil explicar la farra política y económica que se observa. Pero hay un pecado de origen: el programa de gobierno es malo.

¿ES ESTE el peor gobierno desde que volvió la democracia? Si fuera por lo que hemos visto hasta ahora, la repuesta es sí. La verdad es que no hay ningún indicador que salve a la Presidenta. Tanto, que esta semana ella misma se encargó de adelantar el término del primer tiempo de su período anunciando cambios para el segundo. Dar vuelta lo que hemos visto no será fácil. Hay que corregir casi todo, cosa que está por verse si es posible.

La Presidenta cumple su primer año y medio con apenas un 27% de aprobación, algo que sólo se vio en el peor momento de Piñera, fecha en la cual muchos de los miembros de la actual Nueva Mayoría dijeron que Chile no se merecía un presidente tan impopular. Supongo que hoy pensarán lo mismo, aunque no lo digan.

Pero es cosa de leer entre líneas para darse cuenta que la decepción corre por las filas oficialistas.

Piñera logró revertir la situación, llegando al final de su período con un 50% de aprobación, en gran medida por el buen desempeño de la economía y el empleo. El punto es que Bachelet no tiene aquello. Por el contrario, su gobierno se encamina a tener los peores números de la historia reciente. Y nada indica que ello mejorará. Hasta la fecha, el crecimiento promedio del gobierno es de 1,6%, muy lejos del 5,3% que logró Piñera. Entonces, por el lado de la cifras económicas la cosa se ve muy negativa para la Presidenta. Por lo anterior, no es raro que hoy se hable de priorizar. Se acabó la plata y el país tiene que comenzar a bajar el gasto para equilibrar sus mermadas cuentas fiscales.

¿Cómo llegamos a esto? Es la pregunta que todos se hacen. Porque la verdad es que no es fácil explicar la verdadera farra política y económica que estamos observando. Por lo pronto, hay un pecado de origen: el programa de gobierno es malo. Pero lo más sorprendente es la baja capacidad de gestión. Todo parece estar mal hecho, improvisado, a la carrera, sin medir las consecuencias. El resultado de todo esto es que las reforma tributaria, educacional y laboral las apoya menos de un tercio de la gente.

Es esta desprolija manera de gobernar la explicación de la mayor parte de los problemas actuales. Una cosa es querer cambiar Chile, pero otra distinta es hacerlo mal. Y nada dice que esto cambiará. El reciente anuncio de que la gratuidad universitaria se hará sólo para los estudiantes de las instituciones del Cruch habla una vez más de que la improvisación sigue mandando en La Moneda. Y como siempre, no existe un proyecto serio al respecto. Sólo declaraciones que no le hacen sentido a nadie.

Se habla también de priorizar, pero es claro que no saben lo que ello significa. Nadie es capaz de decir qué es lo que queda y lo que no permanece. Esto refleja el nivel de confusión imperante. Si este es el segundo tiempo, entonces la cosa no va a mejorar. 

Los países pueden soportar presidentes poco populares. Eso incluso puede ser bueno si es el resultado de aplicar medidas difíciles, pero necesarias. Pero lo que los países no pueden resistir son gobiernos ineficientes, como es el actual.

Realismo y reformas - Jorge Correa Sutil

Realismo y reformas

 
   
La intensidad con que cruje el proyecto del Gobierno y de la Nueva Mayoría no se explica porque falten recursos y haya que avanzar más gradualmente. La crisis es política antes que económica y se llama decepción. Decepción popular con la política y con el Gobierno. Si no se reconoce así, difícilmente se le pondrá remedio. Es el primer realismo necesario.

El Gobierno fue elegido por clara mayoría prometiendo reformas estructurales en favor de la igualdad y ya no cuenta con respaldo popular mayoritario. Dos parecen haber sido las causas del deterioro: la primera, de credibilidad, agravada por los escándalos. ¿Cómo autoridades que debían favores a los ricos o que abusaron de su situación de privilegio podían mantener creíble la promesa de un país más igualitario? La segunda causa es que las reformas emprendidas no se han percibido como adecuadas para alcanzar la igualdad prometida. La tributaria, ciertamente en abstracto pertinente para encaminarse a la igualdad, terminó desprolija. Generó no solo una mayor carga impositiva, objetivo resistido pero necesario, sino también el costo mayor e innecesario de la incerteza. La reforma educacional del primer tiempo tampoco es popular y difícilmente puede reconocerse su aporte a la igualdad, que no sea por haber puesto fin a la selección, lo que pudo aprobarse en una ley simple y sin costo para el Estado.

Negar la decepción popular como la causa principal de la crisis, atribuyéndola a escasez de recursos o al ancho del Estado para resistir reformas, es escabullir el bulto e insistir en discursos poco creíbles que continuarán bajando el apoyo que el Gobierno y la política necesitan para las reformas a las que fueron convocados.

Si el Gobierno contó con apoyo popular para reformas estructurales sería un error renunciar a ellas. La cuestión radica en la selección de cuáles son más eficaces para la promesa de igualdad que concitó el apoyo que se ha desvanecido.

Si la crisis es primero política y de credibilidad, son las estructuras políticas las que prioritariamente deben ser intervenidas para extirparles el cáncer de desigualdad que las priva de la credibilidad con que se alimentan. En ello el Gobierno tiene una agenda, una treintena de proyectos legales sobre probidad política, pero carece de discurso para presentarlas, lo que las relega a segundo plano.

¿Puede soñarse con un país que se encamine hacia la igualdad si quienes disponen de dinero disponen también de un peso político para influir de modo privilegiado y poco transparente en las autoridades que representan al pueblo? ¿Hay una reforma más estructural que emparejar la cancha en la que se toman las decisiones públicas? ¿Hay alguna reforma de la Constitución -sí, ciertamente de la Constitución Política de nuestro Estado, de su sala de máquinas- más relevante y urgente que asegurar la igualdad ciudadana? ¿Hay alguna igualdad que se le compare en importancia a esta que está en el origen de las restantes? ¿O alguien cree que será el mercado o los tribunales y no la política donde el ciudadano de a pié y los movimientos sociales podrán acortar las brechas restantes?

Un debate público desenfocado nos ha hecho olvidar donde está el corazón de nuestra Constitución Política y donde el remedio para que los anhelos ciudadanos vuelvan a canalizarse en las instituciones y así tonificar la democracia. Si la promesa de igualdad de todos en la política no es la primera y más prioritaria de las reformas estructurales del Gobierno, ninguna de las otras resultará creíble.

La segunda reforma estructural a priorizar es la educacional. Pero debe diseñarse con precisión y prolijamente para la igualdad, y para ello nada puede sustituir el objetivo de mejorar la calidad de la educación de los niños más vulnerables. Esto ciertamente no es lo mismo que hacer universal la gratuidad en la educación superior y menos aún iniciarla con una medida abiertamente contraria a la igualdad, como la que se ha anunciado.

El norte no debiera cambiar ni la ambición desvanecerse. Es la hora de afinar la puntería.

NEGAR LA DECEPCIÓN POPULAR COMO LA CAUSA PRINCIPAL DE LA CRISIS ES ESCABULLIR EL BULTO E INSISTIR EN DISCURSOS POCO CREÍBLES QUE CONTINUARÁN BAJANDO EL APOYO QUE EL GOBIERNO Y LA POLÍTICA NECESITAN PARA LAS REFORMAS ESTRUCTURALES A LAS QUE FUERON CONVOCADOS.

El control del Salar de Atacama a Ponce Lerou - Ciper

El día en que el Estado le entregó el control del Salar de Atacama a Ponce Lerou

Chile posee el yacimiento más importante de litio en el mundo: el Salar de Atacama, quese extiende a lo largo de 2.800 km2 entre las cordilleras de Los Andes y la de Domeyko, en la Región de Antofagasta. Pese al potencial de desarrollo que significa este mineral para el país, en los últimos 20 años su explotación y comercialización se ha llevado a cabo sin ninguna regulación del Estado. Hoy –y a 50 años del hallazgo de las primeras reservas en Atacama– el negocio del litio en Chile descansa únicamente en un puñado de contratos firmados en 1995, en los que el Estado le transfirió gran parte del negocio a Soquimich (SQM), en condiciones que le significaron al país una pérdida de a lo menos US$17 millones, según los últimos cálculos.

Si los millones que el Estado dejó de percibir son cuantiosos, más grave aún es la renuncia a participar de las ganancias de esa explotación, la que fue sellada en esos contratos por el gobierno de turno. Para graficar esa millonaria fuga de capitales basta con mirar las ganancias que obtuvo SQM Salar -lasociedad que creó la empresa controlada por Julio Ponce Lerou para explotar el litio- solo en 2014, el año más malo del último lustro: US$171 millones.

SQM Salar –filial que entrega el 39% de los ingresos de Soquimich- es hoy uno de los protagonistas principales del juicio por los millonarios aportes al margen de la ley electoral a campañas políticas. Solo a Asesorías y Negocios, la sociedad del geógrafo y recaudador de dineros para las campañas de Eduardo Frei y Michelle Bachelet, Giorgio Martelli, le entregó alrededor de $250 millones entre 2012 y 2013.

De acuerdo a la última rectificación hecha a principios de junio por la filial de SQM en el Servicio de Impuestos Internos (SII), otros $580 millones fueron repartidos entre 13 receptores, entre los que figura una empresa del ex brazo derecho de Marco Enríquez Ominami (PRO), Cristian Warner.

Desde su creación, SQM Salar ha gozado de una posición de privilegio. Es muy probable que los millones que ha desembolsado la empresa para financiar a políticos hayan sido destinados a conservar esa ventaja. Una condición de cuasi monopolio que tiene fecha de origen: 21 de diciembre de 1995. Ese día se firmaron los últimos contratos mediante los cuales el Estado, a través de Corfo, renunció a su participación en el negocio del litio vendiendo sus acciones en la Sociedad Minera Salar de Atacama (Minsal, hoy SQM Salar) a Soquimich.

La minera de Ponce Lerou obtuvo así una concesión hasta 2030 –aunque renovable– para la explotación “exclusiva y excluyente” de los minerales del Salar de Atacama. Fue un negocio redondo para SQM y su filial. Años más tarde se ubicaría al tope de las empresas productoras a nivel mundial.

UN CONTRATO SIN DECORO

La carrera de SQM Salar por alcanzar la cúspide del mercado del litio, contó con la ayuda del Estado que, a través del mismo contrato, bloqueó el ingreso de otros productores al negocio. La otra ayuda también es de responsabilidad de las autoridades, ya que desde entonces no hubo cambio alguno a las laxas reglas del juego que le otorgaron la exclusividad para explotar las reservas mineras en Atacama. Una de las últimas posibilidades que tuvo el Estado de cambiar en algo esas condiciones fue en 2012, cuando abrió la primera y fallida licitación del litio, la que Soquimich se adjudicó de forma fraudulenta (ver reportaje de CIPER).

A pesar de la invalidación de esa licitación, la estrategia de la minera no metálica ha corrido con éxito. Y en ello también los parlamentarios tienen su cuota de responsabilidad. De los ocho proyectos enviados al Congreso en la última década para regular la explotación del litio, ninguno sobrevivió al primer trámite constitucional. Peor aún, en estos 20 años, no ha cambiado una sola coma de los contratos con los cuales Corfo entregó en arriendo sus pertenencias a SQM Salar.

CIPER accedió a todos los contratos con los cuales la sociedad de Julio Ponce Lerou selló su participación en el negocio del litio y potasio, y se fue haciendo progresivamente –con el Estado como facilitador– del control del Salar de Atacama.

En palabras de algunos de los que participaron de ese proceso de negociación, las condiciones que allí se estipulan son “poco decorosas”. Por ejemplo, se deja constancia expresa que, una vez terminado el periodo de arriendo (2030), la voluntad de Corfo será prorrogar los plazos del contrato, siempre y cuando SQM “tenga interés en ello”.

Se estipula, además, un pago anual a Corfo de solo US$15 mil ($9,5 millones al día de hoy) por un arriendo cuya explotación le reporta a SQM Salar actualmente ingresos por sobre los US$785 millones ($493 mil millones). También una renta trimestral y variable en base a un porcentaje fijo de las ventas del mineral. Inexplicablemente se estipuló en el contrato que fuera la propia compañía de Ponce Lerou la que realizara los cálculos para efectuar ese pago a Corfo. Pero durante todos estos años, nadie fiscalizó que SQM Salar aplicara la fórmula tal cual fue acordada.

-Al término de cada periodo (trismestral), Soquimich enviaba una “hojita” a Corfo informando del monto que debía pagar por la renta. No se fiscalizaba mucho –señaló a CIPER  un ex miembro de la entidad estatal que pidió reserva de su nombre.

Recién en mayo de 2014, Corfo interpuso una demanda arbitral contra SQM Salar en la que pidió el término anticipado del contrato. Corfo la acusa de haber aplicado la fórmula para calcular el pago de la renta variable de modo arbitrario. El contrato estipula que el cálculo se haga sobre las ventas a precio de mercado, pero SQM Salar incluyó en su cálculo los precios a los que vende el litio a sus empresas relacionadas, los que son más bajos. Según Corfo los perjuicios ascenderían a US $17 millones.

La controversia pone sobre la mesa el renovado interés del Estado por el litio, sobre todo luego del trabajo de la comisión creada para desarrollar propuestas en la materia y cuyos resultados se conocieron a principios de este año (ver informe). Las medidas más importantes propuestas por la Comisión del Litio apuntan a rectificar un pecado de origen. Porque hace 20 años el Estado no sólo renunció al litio, también lo hizo a regular y a fiscalizar su explotación y comercialización con millonarios perjuicios.

El actual litigio entre Corfo y SQM obliga a revisar esos antiguos contratos aún vigentes. Hoy el tema es una piedra caliente de la que nadie quiere hacerse cargo.

LA CARRERA POR EL LITIO

Fue en noviembre del ’83 cuando partió la carrera por la explotación del Salar de Atacama. Ese año, Corfo licitó 27 estudios -avaluados en US$ 1,5 millones- que contenían toda la información necesaria para quienes quisieran entrar al negocio del potasio y del litio. Fue el mismo año en el que Julio Ponce se vio obligado a renunciar a la Corfo –de la que fue primero gerente de empresas y luego gerente general- y a los otros 17 directorios de empresas públicas, a raíz del escándalo por las acusaciones de enriquecimiento ilícito y los privilegios del entonces yerno de Pinochet.

La oferta de Corfo no era despreciable. Eran los cimientos de un negocio para el cual Corfo necesitaba socios con espalda financiera para las exploraciones y, luego,  la explotación, producción y comercialización del potasio, boro y litio hasta 2030. Corfo ingresaba a la sociedad aportando los estudios y 16.384 de sus pertenencias mineras en el salar. En enero de 1986 se cerró el trato: con un aporte de US$ 4,5 millones, la licitación se la adjudicó el consorcio formado por la empresa norteamericana Amax Exploration Inc. y la chilena Molibdeno y Metales (Molymet).

Así nació la Sociedad Minera Salar de Atacama, más conocida como Minsal. El control lo tenía Amax, con el 63,75% de los derechos, mientras que Molymet se hizo del 11,25% y Corfo se quedó con el 25% restante. Fue entonces que se firmaron los dos contratos sobre los cuales se basaría la “política del litio” durante las siguientes tres décadas.

El primer contrato definió en 80 páginas el proyecto, el rol que cumpliría cada socio, las condiciones en que se llevaría a cabo la primera etapa de evaluación y los cambios que se implementarían una vez que comenzara la fase productiva, lo que no se esperaba que ocurriera antes de 1992.

Ahí ya se estipulaba como requisito que para desarrollar el proyecto y garantizar su sustentabilidad, debía acreditarse la existencia de reservas de litio para una explotación de a lo menos 60 años. Y se definió el límite de litio a extraer durante las siguientes tres décadas: 180.100 toneladas, dividido en cuotas que aumentarían por trienio. El contrato también estableció que al comenzar la explotación, Minsal se transformaría en sociedad anónima, que el capital aumentaría a US$ 16 millones y que entonces Corfo tendría la opción de mantener su parte del negocio, disminuirla o retirarse.

En el mismo documento se menciona un proyecto aparte de Amat y Molymet para explotar nitrato de potasio en el Salar de Atacama: Proyecto NP. Si el Estado quería ser parte, su vehículo era una empresa que por entonces estaba en pleno proceso de privatización, pero que aún era en un 51% propiedad fiscal: Soquimich. Aunque el proyecto nunca se concretó, fue la primera vez que se mencionó en los contratos a la compañía que hoy controla Julio Ponce Lerou y que más adelante se adueñaría del negocio.

El segundo contrato que se firmó en abril de 1986, fue por el arriendo de las 16.384 pertenencias mineras de propiedad de la Corfo al nuevo consorcio. Ese sería el segundo de los “contratos madre” –de arrendamiento y de proyecto- del negocio del litio en Chile.

Allí se estableció cómo y cuánto se le pagaría a Corfo por el alquiler: US$ 15.000 anuales hasta el comienzo de la fase productiva. Entonces, se sumarían distintas fórmulas para calcular el monto a pagar en relación a las ventas una vez iniciada la explotación de las salmueras. Extrañamente, Corfo le delegó en ese contrato a Minsal –controlada por Amax- la confección del cálculo y de cuánto debía pagar en cada período.

En esencia, esas condiciones se mantienen hasta hoy. “Las regalías acordadas en esos contratos son dos tercios más bajas de lo que debían haber sido según condiciones de mercado”, señaló a CIPER una fuente que conoció el proceso de negociación.

Los contratos establecían también que el 0,8% de las ganancias por la explotación del litio que recibía Corfo se destinarían para financiar los planes de investigación del litio. La cláusula se hizo en base a lo acordado en 1984 por la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN). Pero eso nunca ocurrió. Y la consecuencia de ello es que todo el conocimiento respecto de este mineral estratégico quedó concentrado en Minsal –hoy SQM Salar- que en poco tiempo pasaría a ser 100% privada.

El período de evaluación del proyecto terminó en 1992. Amax le vendió a fines de ese mismo año sus derechos en Minsal a una empresa filial, Amsalar. Y al año siguiente, en noviembre de 1993, tanto esa empresa como Molymet se retiraron del negocio y le vendieron su parte a SQM Potasio (SQMK), que ya estaba en manos de Julio Ponce Lerou.

Poco después la sociedad original se transformaría nuevamente para convertirse en un feudo controlado completamente por SQM.

LOS PRIMEROS AMARRES DE SOQUIMICH

Desde un comienzo quedó claro que la intención de SQM era asumir el control del Salar de Atacama. Su primer paso ya lo había dado: adquirir el 75% de Minsal. El siguiente consistió en incorporar en los dos contratos con Corfo modificaciones sutiles, pero que cargarían la balanza a su favor. Todo ocurrió el mismo día: el 12 de noviembre de 1993 (ver contratos de arriendo y de proyecto).

A las modificaciones concurrió en representación de SQM Patricio Contesse González, mano derecha de Ponce Lerou y gerente general histórico de la minera hasta marzo de 2015, cuando se le exigió su salida por su responsabilidad en el financiamiento ilegal de la política. Hoy está en prisión preventiva domiciliaria, imputado como autor de delito tributario. También llegaron Bernard Descazeaux Aribit, entonces gerente general de SQM Potasio, y René Abeliuk Manasevich (PR), quien entre 1990 y 1994 fue vicepresidente ejecutivo de Corfo (falleció en 2014).

A los cambios ya acordados desde el ‘86 –aumentar el capital a US$ 16 millones y convertir a Minsal en una sociedad anónima– se incluyó una cláusula que le hizo a SQM más lucrativo el negocio. No sólo le entregó el control de la producción de cloruro de sodio de Minsal, sino que además la convirtió en el principal comprador a precio preferente, al asegurarle “el todo o parte de su producción mensual” a un precio 19% menor que el del mercado.

También se garantizó que Corfo no permitiría la actividad minera, acuífera ni industrial de ningún tercero en las 16.384 pertenencias otorgadas en arriendo a Minsal ni en las 11.670 que están alrededor y que también son de propiedad fiscal. Y a eso se sumó el permiso que Corfo dio a Minsal para adquirir e inscribir a su nombre todos los derechos de agua necesarios sobre esas 28.054 pertenencias y el compromiso de entregarle gratis a la sociedad todos los que Corfo posea y llegue a tener en ese mismo perímetro.

Mientras Corfo siguiera teniendo el 25% de Minsal, todas esas concesiones y protecciones eran comprensibles: se empezaba a levantar un muro para proteger de cualquier amenaza o competencia el negocio de esta empresa todavía público-privada.

Con la transformación a sociedad anónima en agosto del ‘94, el capital se duplicó a US$32 millones y Corfo disminuyó su participación a apenas un 18,18% (ver documento). Se constituyó un directorio provisorio que, además de Patricio Contesse y Julio Ponce, lo integraron el actual gerente general de SQM, Patricio de Solminihac Tampier; y dos ejecutivos de Corfo. Uno era Víctor Renner Berry, quien años después, como gerente de la planta de Celulosa Arauco en Valdivia, se vería directamente involucrado en el desastre ambiental que significó la muerte del 74% de los cisnes del Santuario del Río Cruces. El otro era Gibrán Harcha Sarras, quien como coordinador general de concesiones del Ministerio de Transportes, cumplió después un rol clave en el diseño del Transantiago. Hoy es gerente general de Global Public Service (GPS), grupo controlador de Alsacia y Express, dos de las principales operadoras del sistema metropolitano de transporte público. Hace unos días fue citado por la Fiscalía por los pagos ilegales de Alsacia para financiar campañas políticas.

La composición de ese directorio duraría apenas 16 meses. A fines de 1995, el 20 de diciembre, Minsal aumentó de nuevo su capital, esta vez a US$38 millones. Como en todos los aumentos anteriores, Corfo enteró su parte con pertenencias mineras y terrenos. Otra cláusula en los contratos señalaba que todas las condiciones y concesiones pactadas se mantendrían aun cuando Corfo vendiera sus acciones y se retirara de la sociedad. Y fue precisamente eso lo que ocurrió con el impulso privatizador del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

REGALO DE DESPEDIDA

Salirse del Salar de Atacama fue una política del gobierno de Frei Ruiz-Tagle. Poco antes, Corfo había vendido en US$ 10,7 millones el 49% que aún tenía en LAN y liquidó su participación en la sanitaria ESSAL Valdivia en otros US$ 10,5 millones. Lo mismo pasó con Ferronor, Radio Nacional y Empremar, entre otras. Y en esa lista también estaba Minsal, la que en 1998 se convertiría en SQM Salar.

La tarea que La Moneda encargó a Corfo era doble: desprenderse de Minsal y establecer las condiciones tras su salida. Ese proceso estuvo a cargo del equipo que lideraron el entonces ministro de Economía, Álvaro García Hurtado (PPD), y el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Felipe Sandoval Precht (DC), actual presidente de la asociación gremial Salmonchile. Allí también estaban el fiscal jefe de la Corfo, el abogado Raúl Donckaster Fernández (DC), “experto en privatizaciones” –según su currículum– y desde 2012 alcalde de La Reina; y el ex gerente general de Corfo, Eduardo Bitrán Colodro (PPD), el mismo que hoy, como vicepresidente ejecutivo de esa entidad estatal, encabeza la batalla legal contra SQM Salar por incumplimiento de contratos.

Un día después de ese último aumento de capital, el 21 de diciembre del ‘95, Corfo vendió a través de un remate en Bolsa todas sus acciones a SQM en US$7 millones. Quedaron dos socios en Minsal: SQM y su filial SQM Potasio. Ya era una empresa 100% privada, controlada por Julio Ponce Lerou. Ese mismo día se modificaron los dos contratos de 1993. Esas son las normas que rigen hasta hoy (ver contratos de arriendo y de proyecto). Si las condiciones antes eran beneficiosas para SQM, ahora quedaron hechas a su medida. Fue, de cierta forma, un regalo de despedida.

Al igual que los socios anteriores, al retirarse, Corfo adquirió un compromiso de confidencialidad para no divulgar ni hacer uso de cualquier información que tenga o llegue a tener respecto al Proyecto Salar de Atacama. Y no sólo eso: ahora Corfo “se obliga” a entregarle gratis y sin condiciones a Minsal cualquier información al respecto.

Las modificaciones de los dos contratos fueron incluso más agraviantes para el Estado. Si antes se establecía que Minsal podría vender la totalidad o parte de su producción de cloruro de potasio a SQM o a sus filiales a un precio preferente, el nuevo acuerdo lo convirtió en una “obligación”. Lo mismo dice de la prohibición de ingreso de terceros al negocio, al estipular que Minsal, ahora controlada en un 100% por SQM, tendrá el “derecho único, exclusivo, excluyente y total para explorar y explotar sin impedimento o interferencia alguna todas y cada una de las concesiones y, por ello, las sustancias minerales y acuíferas que se encuentren en las pertenencias mineras” entregadas en arriendo.

Algunos expertos que hablaron con CIPER señalan que el mayor beneficio para SQM se relaciona con los plazos de vigencia del contrato. Los documentos previos señalan que la duración del vínculo contractual será hasta el 31 de diciembre de 2030, con la posibilidad de prorrogarlo por períodos de 10 años. El nuevo acuerdo lo deja como una promesa: “La Corporación deja constancia que es su propósito actual prorrogar el plazo de este contrato y del contrato de arrendamiento”.

El único requisito para ello –según el contrato- es que la filial de Siquimich manifieste su interés de seguir en el negocio.

Consultados por CIPER, el ex ministro Álvaro García y el ex fiscal de Corfo Raúl Donckaster, aseguraron no recordar nada de ese proceso. Ni cómo se negociaron las nuevas cláusulas ni quiénes tomaron las decisiones.

Aunque su firma aparece en los dos contratos del 21 de diciembre de 1995, Felipe Sandoval dijo no recordar haberlos pactado, menos haberlos firmado,  y afirmó que la salida de Corfo de Minsal fue una decisión autónoma adoptada por el Consejo Directivo de la corporación. Según miembros de ese consejo, esa decisión sólo contemplaba la venta de acciones de Minsal, pero en ningún caso la modificación de los contratos. Respecto a cómo y quiénes negociaron esas modificaciones hay completo secretismo.

Consultado por CIPER, uno de los miembros del consejo aseguró que la “letra chica del contrato responde a decisiones que se tomaron a espaldas del Consejo Directivo de la Corfo”. En este punto las responsabilidades se desvanecen.

LA ILUSIÓN DE LOS PRECIOS DE MERCADO

Según información proporcionada por Soquimich, a diciembre de 2014, el 39% de los ingresos de la compañía provinieron de la explotación del Salar de Atacama (potasio y litio, principalmente). Ese mismo año, las utilidades de SQM Salar superaron los US$ 171 millones. Pero ha habido años mejores. En 2012, por ejemplo, la filial de SQM obtuvo utilidades por casi el doble: US$ 318 millones.

Aunque exiguas, parte de esas utilidades le corresponden, según una fórmula establecida en los contratos, a Corfo: un 6,8% de las ventas de litio y un 1,8% de las de potasio, boro y sodio.

En vista de que las empresas del grupo Soquimich podían ser las compradoras prioritarias y a precios preferentes de la producción de litio del Salar de Atacama, resultaba esencial que la fórmula de la renta se calculara en base a precios de mercado y no a precios de transferencia con partes relacionadas.

“El valor de los productos de litio se establecerá tomando como base los precios de venta facturados a clientes comerciales no relacionados”, se estipula en uno de los contratos.

En el contrato de arriendo del 21 de diciembre de 1995 en el que Corfo decide deshacerse de sus acciones en Minsal, quedó estipulado que será la sociedad controlada por Ponce Lerou la que “establecerá el monto de la renta correspondiente a cada periodo y pagará dicha renta a la Corporación (…) proporcionándole en la misma oportunidad los antecedentes en que se funda la liquidación”.

Distintos ejecutivos de Corfo en diferentes periodos entre el 2000 y 2010, coinciden en que esos antecedentes nunca se revisaron como se debía. “Hay un contrato y en virtud de eso se actúa de buena fe”, señaló a CIPER uno de ellos.

Por esa u otras misteriosas razones, nadie hizo valer la cláusula que señala que si Corfo “no estuviere de acuerdo con el cálculo y pago de la renta efectuado por Minsal, lo hará saber a ésta señalando las razones de su discrepancia y acompañando los antecedentes en que la funda”.

A diferencia de lo que sucedió con el litio, se acordó que para el potasio (cloruro y sulfato de potasio, y ácido bórico) el precio de referencia lo determinará un tercero. Para ello, se contrató a la British Sulphur Corporation, controlada por el Grupo CRU, de capitales ingleses. “Es propósito de las partes que el precio de referencia refleje del modo más exacto posible el promedio de los precios normales de mercado”, señaló el contrato.

Desde entonces CRU actuó como consultora en esta estratégica materia. Hoy, en el contexto de la controversia entre Corfo y SQM Salar, la firma británica especialista en minería, metales y fertilizantes, cobra un protagonismo que nadie sospechó veinte años atrás.

ERROR DE CÁLCULO

Fue recién en 2013, bajo el gobierno de Sebastián Piñera, que Corfo puso la lupa sobre los informes trimestrales que justificaban los pagos que recibía de SQM Salar por la explotación de los yacimientos de litio y potasio en Atacama. Habían transcurrido 18 años desde que se firmaron las últimas modificaciones a los contratos entre la entidad estatal y la compañía de Julio Ponce Lerou.

La revisión ordenada por el entonces vicepresidente ejecutivo de Corfo, Hernán Cheyre, arrojó diferencias notorias en la aplicación del cálculo para el pago del arrendamiento. Pero fue en mayo de 2014 cuando Corfo, bajo la dirección de Eduardo Bitrán, presentó una demanda ante la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) pidiendo el término anticipado de contrato con Soquimich. No era la primera vez que Bitrán accedía a los contratos. Como ya se dijo, el también ex ministro de Obras Públicas se desempeñó entre 1994 y 1997 como gerente general de Corfo, justo en la época en que se firmó el acuerdo que dejó el camino libre a Ponce Lerou para hacerse de la propiedad total de Minsal, hoy SQM Salar.

Según Corfo, los dineros que dejó de recibir producto de la manipulación que habría hecho Soquimich de los cálculos para el pago de la renta, ascienden a US$ 17 millones.

Según publicó La Tercera, la empresa habría pagado US $170 millones en rentas a la corporación estatal a lo largo de los 20 años de vigencia del contrato. Los dineros desembolsados por SQM Salar equivalen a la totalidad de las utilidades que la sociedad del ex yerno de Augusto Pinochet obtuvo sólo en 2014 (US$ 171 millones), por lejos el año de peores resultados en el último lustro.

Corfo aduce que el 90% de las ventas de litio que realiza SQM Salar van a dar a las empresas relacionadas del grupo y a precios 18% menores que los de mercado. Pero hay un problema: nadie en estos años se ocupó en la Corfo de fiscalizar cómo había hecho SQM Salar los cálculos para el pago del arriendo.

Respecto del precio de las ventas de potasio, Corfo también cree que los precios de referencia están bajo el valor del mercado internacional. Para subsanar la duda, le pidió a la British Sulphur Corporation,la consultora designada por contrato y de común acuerdo en 1995 para fijar los valores de referencia del potasio para el pago de la renta, que le muestre la fórmula que le entrega a SQM Salar para determinar el monto a pagar.

Según trascendió, la consultora habría firmado hace un tiempo -y a espaldas de Corfo- un contrato de confidencialidad con SQM que le impediría entregar la información. Corfo encargó estudios a expertos independientes y la conclusión apunta en una sola dirección: el precio de referencia del potasio reportado por la British Sulphur Corporation ha sido sistemáticamente más bajo.

Para el 9 de julio próximo quedó fijada la audiencia para el cierre definitivo de la etapa de conciliación entre las partes. El 25 de junio el vicepresidente de Corfo adelantó en un comunicado que proseguirá con la demanda y que pondrá los antecedentes en conocimiento de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Superintendencia de AFP y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), para que se investiguen eventuales infracciones tributarias en que habría incurrido SQM Salar.

LA COMISIÓN DEL LITIO

La guerra por el Salar de Atacama está al rojo vivo, justo en momentos en que el gobierno intenta por primera vez sentar las bases de una política del litio. Para frenar las acusaciones que apuntan a que se estaría promoviendo una expropiación encubierta, el vicepresidente de Corfo ya anunció que pretende relicitar a privados un nuevo contrato para la explotación de las pertenencias mineras en el Salar de Atacama entregadas hace más de 20 años en arriendo a SQM Salar.

El conflicto fue analizado en la Comisión del Litio liderada por la ministra de Minería Aurora Williams e integrada por distintos expertos. También se discutió y se sometió a voto si el Estado debía continuar con la política de concesiones y seguir fuera de la actividad o, por el contrario, crear una agencia estatal que en asociación con privados liderara la explotación del mineral.

El abogado y consejero legal de Codelco, Cristian Quinzio, fue uno de los miembros de la comisión que más bregó por la opción de seguir y extender las concesiones por 30 años más. El nombre de Quinzio se conoció además en estos días a raíz de la declaración del recaudador Giorgio Martelli a la Fiscalía. Tal como reveló El Mostrador, Quinzio, según Martelli, “dio su aporte legal como abogado” y participó de varias reuniones de Asesorías y Negocios, una de las empresas receptoras de dineros provenientes de SQM Salar para el financiamiento de campañas políticas.

Al final la opción de crear una empresa mixta que permita que el Estado controle y participe en la explotación del mineral se impuso casi por mayoría. Así, entre las conclusiones  entregadas por la comisión el 27 de enero pasado y luego de cinco meses de trabajo, se recomienda que en la futura explotación de los salares  se mantenga el estado de no concesibilidad del litio y que éste se eleve a rango constitucional.

En una alusión directa a los contratos que el Estado mantiene con SQM Salar, la Comisión del Litio recomienda que en los futuros contratos de asociación público privada que autoricen la explotación del litio “se establezca una política de regalías, gravámenes  y otros cobros con la finalidad de resguardar la captura de la renta económica por parte del Estado” y que esas condiciones se revisen periódicamente para que “se adecúen a las condiciones prevalecientes en el mercado mundial”.

Justamente, lo que no ha ocurrido en los últimos 20 años con el monopolio que mantiene SQM Salar en el negocio del litio.