Sentido Común. Donde está?

El sentido común, demanda ciudadana.  Editorial El Mercurio  -  03-Julio-2016

¿Se tornará habitual la concurrencia de imputados al Congreso para cuestionar la acción de los órganos investigadores y de las policías?

   
Si bien se ha vuelto un tópico hablar de la necesidad de un "relato" que vuelva a "encantar" a la gente con la política, tal vez sea urgente algo más modesto: recuperar la capacidad de las dirigencias para sintonizar con el sentido común de las personas, la sensibilidad para entender sus inquietudes y ofrecer un horizonte de estabilidad en momentos de incertidumbre. Es ese sentido común el que aparece desafiado cuando, por ejemplo, el movimiento estudiantil hace de las tomas su herramienta habitual, cual si el hecho de enarbolar ciertas demandas tornara legítima la ocupación de locales y el atropello del derecho de sus compañeros a la educación. Por eso, los mismos ciudadanos que manifiestan simpatía ante el reclamo por mejorar la calidad de la enseñanza perciben cómo tales acciones la imposibilitan. Tampoco escapa a su observación el despropósito tras la pretensión estudiantil de imponer, por esa vía violenta, pautas a sus propios establecimientos y a toda la sociedad.

Ciertamente repugna también al sentido común el mal uso de las instituciones. Proverbial ejemplo han dado integrantes de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, al invitar a exponer a uno de los imputados por el más grave de los crímenes ocurridos en La Araucanía, el asesinato del matrimonio Luchsinger. Bajo el pretexto de indagar alegaciones de supuesto maltrato, la actuación de los congresistas vulnera disposiciones constitucionales que resguardan la independencia de los poderes del Estado y prohíben de modo expreso a otras autoridades avocarse causas pendientes. Grave -y contrastante con el celo judicial respecto de involucrados en otros hechos de indudable menor entidad- es que, ante esa presión, una jueza de garantía haya accedido a suspender por tres días la medida cautelar impuesta al sujeto y autorizado su viaje a Valparaíso sin resguardo alguno. No es la primera vez que parlamentarios incurren en este tipo de conductas, mas nunca se había llegado al extremo aberrante de la situación actual. ¿Será este un nuevo estándar? ¿Se tornará habitual la concurrencia de imputados al Congreso para cuestionar la acción de los órganos investigadores y de las policías?

Neutralizando a los Fiscales. Silencio e Impunidad. - Andrés Carrera, El Mostrador

En estas circunstancias, resulta claro que la principal virtud de esta nueva generación de fiscales fue comprender que la inercia de las instituciones sólo podía ser alterada a través de la presión de los medios y de la opinión pública.

Por ello, es que el más destacado vínculo virtuoso de los dos últimos años no fue –al menos en un sentido democratizador– la alianza público-privada propugnada por Ricardo Lagos en su emblemático discurso pronunciado en Icare en agosto del 2014 (y que muy probablemente volverá a reeditar en el contexto de una eventual candidatura presidencial).

Muy por el contrario, el vínculo virtuoso estaría definido por una alianza estratégica establecida entre un grupo de fiscales subalternos con ansias de justicia y un segmento de periodistas críticos que alentarían un renacer disciplinario respaldado en la proliferación de medios alternativos y el explosivo avance de nuevas plataformas y tecnologías comunicacionales.

Con este telón de fondo ha de leerse la medida adoptada por el Senado, instancia que hace bastante tiempo se ha consolidado como el bastión institucional del partido del orden (cuando la Cámara Alta falla en su propósito restaurador, siempre es posible recurrir a la trinchera de retaguardia: el Tribunal Constitucional). Recordemos que la primera jugada clave para ejecutar este cambio fue la postulación de Jorge Abbott como nuevo Fiscal Nacional. He aquí el verdadero “Fiscal Ad-Hoc”. Esta candidatura, propuesta por la presidenta Michelle Bachelet, fue ratificada en bloque por la Alianza (hoy Chile Vamos) y la Nueva Mayoría en el Senado el pasado 19 de octubre.

En resumidas cuentas, la conducción tanto del Ministerio Público y como del Senado operan coordinadamente para neutralizar a los actores sociales más relevantes de los últimos años. Hemos escuchado la defensa de la medida por parte de las principales dirigencias de los bloques políticos tradicionales y los actuales líderes del Ministerio Público. Algunos afirmarán que el objetivo de la indicación es “cuidar las instituciones”. Otros, dirán que su fundamento es asegurar la “neutralidad y objetividad” del Ministerio Público. Más de algún gremio de abogados rasgará vestiduras por el “aseguramiento del debido proceso y la presunción de inocencia de las personas investigadas”.

De este modo, los defensores del statu quo volverán a replicar la vieja y gastada fórmula asociada al cinismo institucional. Aquel que ante los ojos del escrutinio público exige neutralidad y objetividad de las instituciones en aras del buen funcionamiento de la república, pero que en las conversaciones de pasillo (o, más bien, en sus “cocinas privadas”) no tiene inconvenientes en poner las mismas instituciones a disposición de los sectores más privilegiados de nuestra sociedad.

Lo trágico de las aspiraciones restauradoras, es que la normativa creada para neutralizar el ejercicio investigativo y al derecho público a la información, no podrá contener, ni el develamiento de nuevos antecedentes informativos, los cuales, seguirán definiendo los contornos del semblante de la descomposición, ni la proliferación de nuevos actores socio-políticos que intenten capitalizar políticamente la irrupción del malestar.

Y es que las crisis de orden sistémico no pueden ser suprimidas y/o revertidas por decreto, por más restrictivo y eficaz que éste sea.

Falla de dirección - José Joaquín Brunner

Falla de dirección
¿Podrá Chile concretar la promesa de sustituir el total del aporte de las familias y los estudiantes por gasto fiscal y alcanzar la gratuidad universal en 2020? Es perfectamente imposible.

   
El Gobierno utilizó la discusión de una glosa presupuestaria para iniciar el camino hacia la gratuidad universal de la educación superior (ES). Ha empleado pues una estratagema que, como veremos, genera una serie de consecuencias -de forma y fondo- cuyo impacto previsible se debe evaluar. ¿Por qué actuó así, sin una deliberación razonada y con la premura de un plazo fatal? Como sea, evitó una discusión sobre los alcances de su decisión.

¿En qué consiste el cambio buscado?

Básicamente, en trasladar una parte del gasto en educación superior que hoy financian los privados hacia el Estado. Es el primer paso de una política que eventualmente llevaría a sustituir el total del aporte de las familias y los estudiantes por gasto fiscal. Se reemplazaría así un esquema de costos compartidos entre el Estado y los hogares -que existe en la mayoría de los países del mundo- por uno dependiente exclusivamente del subsidio fiscal.

¿Podrá Chile concretar esa promesa y alcanzar la gratuidad universal en 2020?

Es perfectamente imposible. Hoy Chile junto a Canadá son -entre los país de la OCDE- los que tienen un mayor gasto total en ES (2,5% del PIB), inmediatamente debajo de los Estados Unidos (2,8% del PIB) y levemente encima de Corea (2,3% del PIB). Estos cuatro países poseen esquemas de costos compartidos, bajo el supuesto que la ES produce beneficios públicos y privados.

En cambio, los seis países OCDE que financian su ES únicamente con recursos fiscales (Alemania, Austria, Bélgica, Eslovenia, Noruega y Suiza) destinan en promedio 1,4% del PIB a esta, a pesar de poseer ingresos tributarios significativamente más altos que Chile.

Ahora bien, mirando al fondo de la cuestión, y dado que Chile hasta ahora ha sido exitoso en la tarea de financiar su ES a través de un esquema de costos compartidos, ¿qué razón hay para descartar dicho esquema e intentar sustituirlo por uno distinto, de fuente (fiscal) única e inviable a corto y mediano plazo?

Este es uno de los arcanos de la política gubernamental más difíciles de descifrar, sobre todo si se recuerda que la propia Presidenta Bachelet señaló al comenzar la campaña presidencial que la gratuidad universal era un arreglo que ella no desearía para sus hijos y el país. Veamos pues qué razones pueden invocarse y cuán sólidas son.

Primero, que el financiamiento mixto impide una alta tasa de participación en la ES. Falso: Chile posee una tasa igual a la del promedio de los países OCDE, situándose en la parte más alta de la comparación dentro de América Latina.

Segundo, que ese esquema mixto obliga a Chile a excluir al quintil de menores recursos de la ES. Falso: Chile posee el mejor índice de participación de ese quintil dentro de la región latinoamericana, según las cifras más recientes del Banco Mundial.

Tercero, dado el peso del cofinanciamiento privado, Chile tenderá a una alta deserción y una baja tasa de jóvenes graduados por primer vez de la ES. Falso: Las estadísticas publicadas por la OCDE hace unos pocos días muestran que Chile se sitúa dos puntos porcentuales por arriba del promedio de los países OCDE en este indicador.

Cuarto, que la financiación mixta impide planificar el desarrollo del sistema con negativos efectos sobre la inserción laboral de los graduados. Falso: en Chile la tasa promedio de retorno privado a la educación superior es la más alta dentro de los países de la OCDE; la empleabilidad inicial promedio es satisfactoria según datos de Mi Futuro y el desempleo de los titulados es similar al del promedio de los países OCDE.

Es imprescindible, por tanto, que el Gobierno explique por qué y para qué está pretendiendo alterar un esquema de financiamiento que aparece sólido y capaz de movilizar el esfuerzo nacional. Y que diga cómo espera asegurar que los cambios sean para mejor y no negativos.

Que las cosas pueden ir para peor, ya lo adelantó la Presidenta.

De hecho, la discusión y aprobación de la glosa presupuestaria que comentamos confirma ese aserto. Por lo pronto, discrimina entre jóvenes chilenos con las mismas necesidades socioeconómicas y similares méritos. Unos acceden a la gratuidad como un privilegio mientras otros quedan excluidos de ese derecho. Enseguida, discrimina entre instituciones. Unas se ven favorecidas discrecionalmente en perjuicio de otras. Además discrimina respecto de los derechos adquiridos por las instituciones en cuanto al pago del aporte fiscal indirecto (AFI). Especialmente las universidades privadas creadas con posterioridad a 1980 verán recortado a la mitad dicho aporte sin compensación alguna. En suma, las cosas empeoran respecto del pasado y se tornan más confusas e inciertas respecto del futuro.

Por último, el nuevo arreglo de financiación para la ES significa -¡como está a la vista!- sustituir un esquema que reduce al mínimo la discrecionalidad gubernamental en la asignación de recursos por uno que la aumenta al máximo, con un evidente riesgo de favoritismos y formación de redes clientelares.

Me parece a mí que en todo esto el ministro de Hacienda ha mostrado una débil conducción. No ha podido detener una política que debe saber es equivocada y perjudicial para el sistema. Por su lado, el Mineduc no parece haber avanzado un ápice en sentido común y capacidad técnica. Resulta incomprensible asimismo que los líderes parlamentarios del oficialismo hayan permitido discutir tan complejas materias en torno a una glosa parlamentaria y hayan finalmente aprobado un esquema claramente regresivo. Sorprende por último -¿o no debería sorprendernos ya?- que los rectores de universidades, con escasas excepciones, jueguen un rol tan menguado en la deliberación pública de estos asuntos, que comprometen el futuro de sus instituciones.

Tecnocracia , Gobierno y Política Educacional

Continuación  del ensayo  de J.J.Brunner.

...............Pues bien, decía al comienzo de este ensayo que el manejo de la promesa presidencial de una ‘gratuidad universal’ para la educación superior es una perfecta ilustración, como muestra un colega en otro medio, de una falla tecnocrática del gobierno Bachelet con un potencial de daño difícil de estimar.

La génesis y trayectoria de esa falla es conocida y no necesito detallarla por tanto. Baste aquí con una lista sintética de puntos relevantes:

* En el país existe desde hace ya tiempo un creciente consenso en torno a la idea de garantizar de una manera progresiva una efectiva gratuidad para todos los jóvenes provenientes del 50% al 75% de hogares de menores recursos que ingresa a la educación superior, provisto que accedan a instituciones debidamente acreditadas y sujetas a un régimen de regulaciones públicas aprobado por la ley.

* Más aún, Chile venía avanzando en esa dirección bajo un amplio esquema de becas y créditos que fue perfeccionándose durante el último lustro, de modo tal de cubrir al mayor número posible de estudiantes de menores recursos junto con evitar imponerles una deuda que al graduarse pudiera convertirse en un lastre imposible de sobrellevar. Para continuar avanzando hacia la gratuidad hubo acuerdo, adicionalmente, en una reforma tributaria que generase un monto significativo de recursos, la mayor parte de los cuales debía destinarse a la reforma de la educación en todos los niveles, incluida una fracción razonable para esa gratuidad progresiva.

*Sin embargo, sorpresivamente, el programa presidencial de Bachelet ofreció ‘gratuidad universal’ para el año 2020 y gratuidad para los estudiantes del 70% de hogares de menores recursos al final de su administración (2018). Una propuesta maximalista y, en la práctica, irrealizable en el actual estado de desarrollo del país.

* Impulsados por esta promesa que era una ilusión, el gobierno y sus tecnoburócratas y académicos de apoyo entraron desde el primer día en una espiral de contradicciones, ofreciendo un día algo que al día siguiente debían aclarar o corregir, mientras buscaban generar una fórmula que hiciera posible lo imposible. Todo esto en un ambiente de creciente confusión, en medio de un continuo tira y afloja con las instituciones universitarias y no-universitarias y en presencia de un choque de expectativas cruzadas entre los diferentes actores involucrados: estudiantes y movimiento estudiantil, académicos, universidades estatales y privadas, privadas más antiguas o derivadas de ellas y privadas más nuevas, partidos políticos, expertos de diferentes persuasiones.

* Sin haberse alcanzado un acuerdo técnico al interior de la administración, ni menos con las diferentes partes interesadas, y en un cuadro de caída de la popularidad presidencial y de las expectativas de crecimiento económico y del gasto fiscal, el gobierno decidió pisar el acelerador cuando iba por la cuesta hacia abajo y anunció, en el Mensaje presidencial del 21 de mayo pasado, que la gratuidad-sin-becas se anticiparía parcialmente para los estudiantes del 60% de jóvenes de menores recursos mediante subsidios a la oferta (las instituciones) que -en caso de no pertenecer al CRUCH- cumplieran con ciertos criterios de elegibilidad. Esta medida sería implementada con dineros asignados en una glosa del presupuesto de la nación que actualmente se discute en el Parlamento.

* El anuncio presidencial, improvisado técnicamente y comunicado sin mayor precisión, debió ir corrigiéndose sobre la marcha durante las semanas siguientes y hasta hoy día, cuando aún no se conoce el diseño de detalle del esquema que se buscará imponer ni el plan para su implementación. La prensa registra por lo menos seis o siete cambios que se han ido introduciendo con posterioridad al 21 de mayo. Aun así, el desconcierto de las partes involucradas es visible, el rechazo de algunas y la disconformidad de muchas es público y las preguntas sin respuesta son numerosas.

* Entre las principales cuestiones que suscita esta errática política se encuentran las diez siguientes: (i) qué justifica discriminar entre estudiantes con las mismas necesidades socioeconómicas (de hogares del 50% de menores recursos) e iguales méritos matriculados en instituciones con un mismo nivel de acreditación; (ii) qué justifica discriminar entre universidades pertenecientes al CRUCH y otras privadas con niveles similares o superiores de acreditación; (iii) por qué se decide abandonar la gratuidad ya alcanzada y, en vez de construir sobre ella, se cambia el financiamiento fiscal desde los estudiantes hacia las instituciones; (iv) cómo se calculará el subsidio por alumno para más de mil carreras distintas sin dañar los ingresos de cada institución; (v) por qué se ha elegido un esquema de financiamiento que posterga -una vez más- a los estudiantes de IP y CFT donde estudia la mayoría de aquéllos provenientes del 50% de hogares de menores recursos; (vi) cómo se garantiza que el subsidio asignado a las instituciones favorecidas por la gratuidad sea empleado eficaz y eficientemente en favor de los estudiantes ‘vulnerables’ que son los destinatarios finales de esos recursos; (vii) qué incentivos crea este esquema para que las organizaciones mejoren la calidad y eficiencia del servicio que prestan; (viii) qué efecto traerá consigo el hecho que a una misma sala de clase concurran alumnos gratuitos y otros que pagan sus estudios; (ix) dado que la gratuidad estimulará el ingreso de un mayor número de estudiantes de hogares de los primeros dos quintiles, ¿están preparadas las instituciones para atenderlos seriamente y compensar su débil capital escolar u cultural? El cálculo de gasto unitario del gobierno, ¿considera este factor? (x) Finalmente, con el esquema propuesto, ¿cómo podrá evitarse que se lesione la autonomía real de las universidad para gobernarse a sí misma y gestiona sus asuntos y cómo se evitará que en adelante cada universidad compita por su cuenta para negociar políticamente su presupuesto anual con él gobierno de turno?

El hecho de que surjan todas estas dudas lleva a pensar que el gobierno ha estado actuando con poca pericia técnica e improvisando sobre la marcha soluciones que no son tales. Más encima, la conducción política de conjunto de la administración ha elegido una glosa del presupuesto de educación para 2016 como el terreno propicio para iniciar la implementación de su política de gratuidad 'universal'. Esto lleva a dudar de la racionalidad con que este  asunto se está manejando técnico-políticamente. Tampoco es claro en qué marco de política se inscribe esta iniciativa, pues el único documento dado a conocer en tal sentido por el Ministerio de Educación (14 de julio de 2015) es en extremo vago en su diseño, carece de un diagnóstico,  posee débiles fundamentos, es de escasa densidad técnica y tiene un sesgo netamente retórico.

Transcurrido un tercio del tiempo de la administración Bachelet, cabía esperar un mejor desempeño de  la tecnocracia asociada al Mineduc y de su propia tecnoburocracia, así como una más eficaz gestión política del tema de la gratuidad.

Según reconoció el ex ministro de Educación y hoy ministro de la Presidencia, su cartera  de entonces se vio desbordada igual como ocurrió al conjunto del gobierno. En una entrevista estilo naive del 6 de septiembre pasado, señaló: “En un año dos meses, yo tenía que hacer una nueva carrera docente, reorganizar la educación particular subvencionada, reestructurar la educación pública, y hacer el cambio del financiamiento de la educación superior. Era imposible hacer las cosas bien a ese ritmo. Pero eso lo percibía también para el conjunto del Gobierno. Vi que claramente estábamos metidos en una vorágine de reformas que no íbamos a ser capaces ni de diseñar apropiadamente, ni de tramitar políticamente, sin provocar excesivos conflictos". Y candorosamente acota: “Ni Superman puede diseñar técnica y políticamente bien una cantidad de reformas que son complejas y, al mismo tiempo, gestionar bien”.

En ese punto estamos. Frente a un mea culpa que revela la falla tecnocrática del gobierno y su débil conducción y gestión políticas. Justamente porque se trata de las dos caras de la gobernanza democrática, el asunto es grave y no puede resolverse con el ritualismo de una autocrítica. Exige, en cambio, pasos concretos para mejorar la legitimidad y la efectividad técnica de las soluciones. Hasta ahora, tal desafío supera las capacidades de respuesta de la conducción política y la gestión técnica del gobierno. Por lo mismo, es urgente que se ponga a la altura de lo prometido para que deje de ser una ilusión riesgosa y pueda transformarse en una solución política y técnicamente viable.

Tranquilo, senador, tranquilo...

Tranquilo, senador, tranquilo... - Cristián Warnken -  El Mercurio

   
Senador Pizarro: no renuncie, quédese tranquilo ahí donde está, instalado en su confortable y merecido sillón senatorial y a la cabeza de un partido "demócrata" y "cristiano", su gran aval moral. No se agite de más, entonces: nada pasará, sus camaradas le perdonarán todo. ¡Es que son tan misericordiosos! Harán vista gorda como ya antes lo han hecho con casos tal vez peores que el suyo.

Todo seguirá igual o si cambia será "lampedusianamente" ¿Conoce a Lampedusa, el escritor siciliano que en la novela "El Gatopardo" inmortalizó la frase: "que todo cambie para que todo siga igual"? Me imagino que ese debe ser el libro de cabecera de la clase política hoy y el suyo: ahí está la fórmula y el método. Es tan sencillo. Hacer como si las cosas cambiasen para que no cambien, reescribir las leyes de transparencia a la pinta de los grandes partidos, echarse al bolsillo la crisis de confianza brutal que golpea al país, decir como decía ese gran relator de partidos de fútbol: "aquí no ha pasado nada, pero estuvo a punto de pasar".

¿Para qué inquietarse, entonces, con la indignación de los ciudadanos de su distrito? ¡Son unos malagradecidos esos coquimbanos, claro está! "Malagradecidos", esa es la palabra talismán que han usado dirigentes de todos los colores de nuestra historia, entre ellos el general Pinochet, cuando lo abandonaron. ¿Se acuerda? También se la escuché, en un viaje que acabo de hacer a Cuba, a unos militantes del Partido Comunista, cuando les dije que percibía un descontento generalizado entre los cubanos hacia el régimen: "son unos malagradecidos", me dijeron. Es que la gente no valora los desvelos, los sacrificios, los viajes distritales, la dieta parlamentaria que no alcanza para nada (hay que alimentar a tanto asesor y operador que anda por ahí).

¡Mire que cobrarle un viajecito a ver un mundial de rugby! ¡Si no es para tanto! ¡Si hay alcaldes que se han ido a Las Vegas a gastarse el erario municipal! ¡Además, ilustrísimo, esto fue apenas un terremoto de magnitud 8.4 en la escala de Richter, un tsunami poco! Es como lo del informe verbal de sus hijos. Si usted lo explicó tan bien. Hasta acuñó un nuevo término: es que el lenguaje es tan importante. Debiera también inventar un neologismo para resignificar este viaje.

Eso sí, hay que reconocerle, senador, que usted tiene resistencia de rugbista: no lo bota nada, nadie lo saca de su posición (¿cuál sería esa en jerga de su deporte favorito?). Lo único que se le manifiesta, eso sí, es en la cara una sensación de molestia, de hastío ante la ingratitud popular. Le recomiendo que sea más "cara de palo" todavía, coméntelo con sus asesores de imagen, me encontrarán razón. Ya lo han sacado a la pizarra dos veces, y todo se le ha perdonado. Es que, claro, un partido como el suyo, que se dice cristiano, debe perdonar tres, cuatro, mil veces si es necesario y poner la otra mejilla. Eso resulta bien en Chile: pedir perdón públicamente, ojalá con los ojos llorosos.

Hemos tenido a arzobispos pidiendo perdón por correos viperinos o a senadores y jugadores que violan leyes de tránsito o hacen gestos "educativos" para nuestra juventud (como el del dedo ese de Jara). ¡A todos ellos se les ha perdonado todo! Tranquilo, entonces, no se agite. Piense: al único al que no se le perdona nada es al ciudadano de a pie... Pero si Jesús lo dijo clarito: "muchos serán los llamados y pocos los elegidos"...Y usted es de los elegidos. Y por amplia votación. Y, a propósito, senador: ¿es verdad que no va a la reelección?

¿Está tal vez pensando pasarse del servicio público al sector privado, como está de moda hacerlo? ¡Entonces lo van a acusar de llevarse información privilegiada del Estado! ¡Ah, qué país este! No se puede jugar rugby, hacer negocios ni política tranquilos, y además de todo, no se deja a los hijos hacer sus "emprendimientos" en paz... Pero de los hijos ni hablemos, senador, porque como dijo el Quijote: "mejor no menearla".

Hora de revisar y corregir - José Joaquín Brunner

Hora de revisar y corregir
Tal como en 1959 Aníbal Pinto lo planteó en "Chile, un caso de desarrollo frustrado", hoy enfrentamos nuevamente el riesgo de frustrar nuestra trayectoria de desarrollo y estamos llamados a reaccionar.

 
   
Ahora que comienza a oscurecer el horizonte de nuestro crecimiento económico es imprescindible iluminar los desafíos a mediano y largo plazo que el país tiene por delante. Vuelve a aparecer el fantasma de "Chile, un caso de desarrollo frustrado" que Aníbal Pinto echó a andar en 1959. Allí su autor concluye que la "gran contradicción" del desenvolvimiento chileno es entre la limitada capacidad productiva y las ilimitadas demandas de la democracia. Y remata: "Las condiciones de vida democrática [...], en esencia, son incompatibles con una economía estagnada [sic]".

Tal es asimismo la lección que enseña América Latina.

Hoy enfrentamos nuevamente el riesgo de frustrar nuestra trayectoria de desarrollo y estamos llamados a reaccionar.

De hecho, el fin del boom minero subraya la urgente necesidad de que Chile diversifique su economía más allá de los sectores intensivos en la producción de "commodities", apuntando hacia una economía más productiva, junto con profundizar en aquellas reformas que harían posible avanzar en esa dirección.

¿Cuáles son esas reformas?

No hay misterio en ello. Primero que todo, necesitamos elevar las capacidades -destrezas, habilidades y conocimientos- de los trabajadores y de las futuras generaciones para desempeñarse más productivamente y aumentar la densidad tecnológica de nuestra economía. No basta solo con elevar los años de escolarización de la población, objetivo que en cualquier caso el país ha conseguido exitosamente durante los últimos 25 años.

Ahora se trata, además, de mejorar las competencias que las personas requieren para aprender, trabajar, interactuar, comunicarse y convivir en una sociedad y una economía organizadas en un nivel superior de racionalidad.

La educación debe hacerse cargo de ese desafío formativo. Debe cultivar: (i) unas ciertas maneras de pensar que permitan a las personas aprender a aprender, tomar decisiones y solucionar problemas; (ii) unas maneras de trabajar en equipo aprovechando las múltiples formas de comunicación al alcance de la sociedad de la información; (iii) la capacidad de usar las redes generadas por la revolución digital, y (iv) quizá lo más importante, la capacidad de administrar autónomamente nuestras propias vidas y cambiantes carreras.

Junto con abordar esas complejas tareas del siglo 21, nuestro sistema escolar mantiene su misión histórica central: desarrollar las competencias cognitivas fundamentales a nivel individual -la comprensión lectora, el manejo numérico y el razonamiento científico- así como la inteligencia socioemocional y los rasgos de la propia personalidad. Sabemos que en Chile estas son todavía asignaturas pendientes. Igual ocurre con la función social de compensar las desigualdades de la cuna.

Adicionalmente, necesitamos impulsar otra serie de transformaciones.

En lo económico, poniendo la innovación como eje del sistema productivo mediante una activa política de investigación y una relación más estrecha -más productiva, precisamente- entre universidades, empresas y gobierno, con fuerte énfasis regional.

En la sociedad civil, multiplicando modalidades descentralizadas de provisión y administración de servicios sociales a nivel local y emprendimientos asociativos de todo tipo.

En el plano del Estado, a través de acciones modernizadoras destinadas a mejorar la gestión pública y a fortalecer los organismos de apoyo, regulación y coordinación de una sociedad descentralizada.

Esas transformaciones suponen el cultivo de patrones y rasgos culturales alejados de nuestra tradición burocrática. En vez del centralismo, la descentralización y valoración de lo local; en vez de la desconfianza en la autonomía individual y los emprendimientos sociales, confiar en ellos y fomentarlos por doquier; en vez del rentismo y las ventajas estamentales, una actitud de crítica e innovación basada en el mérito.

A la luz de la profundidad y novedad de los desafíos y riesgos que enfrentamos resalta dramáticamente la falta de perspectiva de nuestras políticas educacionales. La confusión generada por el anuncio sobre gratuidad de la educación superior es nada más que un síntoma de esa ausencia de conducción.

Como nunca antes las políticas educacionales se hallan a la deriva. Navegan como barcazas sin piloto ni timón, incomunicadas entre sí, zarandeadas de un lado a otro. El ex ministro del ramo formuló una descarnada autocrítica de la metodología empleada para elaborar esas políticas. Pero aún resta por hacer un balance igualmente crítico de su diseño, objetivos y contenidos. De lo contrario, seguirán adelante y podrían irse a pique o dañar el valioso tesoro que pertenece a las futuras generaciones.

En suma, las políticas educacionales en curso no se hacen cargo de los viejos ni de los nuevos desafíos, ni apuntan tampoco hacia los cambios que son necesarios en la economía, la sociedad civil y el Estado. Por su lado, los patrones y rasgos culturales que esas políticas afirman son precisamente aquellos que debemos superar.

Puede anticiparse por consiguiente que si el Gobierno no da un verdadero giro en su política educacional que acompañe a otras revisiones tímidamente insinuadas, pero aún no materializadas, entonces es probable que volvamos a ser el mismo de antes: "Chile, un caso de desarrollo frustrado".

Administración Bachelet: gestión política, desempeño y evaluación - José Joaquín Brunner - El Líbero

Administración Bachelet: gestión política, desempeño y evaluación

La información y los análisis disponibles subrayan las debilidades observadas en la cúspide del poder gubernamental, con una Presidenta objetivamente disminuida frente a la opinión pública encuestada.
Pincha aquí y recomienda esta columna reenviándola a un amigo.
El gobierno se mueve entre tres factores que entraban su gestión política (politics) y de políticas públicas (policies). Primero, el desempeño gubernamental -expresado en leyes aprobadas, solución de problemas en áreas claves, transmisión de señales, satisfacción de diferentes partes interesadas, etc.- es considerado poco efectivo. Segundo, el reconocimiento y apoyo de la opinión pública encuestada es críticamente bajo. Tercero, el núcleo que conduce la gestión política y de políticas públicas aparece poco asentado; como veremos, no transmite seguridad ni parece confiar en sí mismo.

I

El desempeño gubernamental es inefectivo. Desde el primer día la administración Bachelet trabaja sin una agenda con prioridades y metas a ser alcanzadas gradualmente. Por lo mismo, su acción resulta confusa, desordenada y poco jerarquizada. Es cierto, hay un programa que en su momento sirvió como medio de campaña para comunicar aspiraciones y convocar electores en torno a la figura -entonces carismática- de la candidata, hoy Presidenta.

Mas el programa declara valores, fines, no objetivos a alcanzar dentro de un marco de posibilidades. Habla de equidad, libertad, transparencia, sustentabilidad, participación, poder local, bienestar y fines públicos, pero no de cómo organizar medios y procedimientos ni cómo asignar responsabilidades y recursos para su obtención. Justamente es en el plano de los valores últimos donde las políticas tienen que arbitrar. ¿Cuánta equidad y cuánta autonomía para que las familias elijan la educación de sus hijos? ¿Qué grado de libertad para que las mujeres decidan terminar con su embarazo? ¿Cómo combinar los derechos de los individuos y los intereses de la comunidad?

En situaciones conflictivas o inciertas es inevitable que los gobiernos empleen conceptos ambiguos -como de suyo es el lenguaje de los valores- para mantener una relativa cohesión entre sus seguidores y en su coalición de apoyo. Precisamente por eso la actual administración -cuando arrecian las dificultades y tensiones- emplea conceptos estratégicos vagos además de hacer un uso táctico de la ambigüedad al nivel de los medios y los objetivos. El costo es ser percibida como imprecisa cuando no contradictoria. Lo cual a su vez provoca fallas de comunicación con los partidos, gremios, sindicatos y movimientos sociales.

También las principales reformas impulsadas por el gobierno presentan problemas de ambigüedad e interpretación. El lema del “realismo sin renuncia” es quizá el ejemplo más contundente. Al punto que la propia Presidenta, su equipo político y la Nueva Mayoría (NM) terminaron enredados en la interpretación de esta cabalística fórmula. Ni siquiera el cónclave destinado a precisarla pudo despejar la confusión.

Si el desempeño del gobierno en el armado y gestión de su agenda ha sido débil, no puede uno sorprenderse que los resultados sean mal evaluados. Por ejemplo, los proyectos tramitados en el Congreso parecen improvisados y son técnicamente débiles, al punto que el propio gobierno debe rehacerlos por la vía de las indicaciones y, una vez promulgados, requieren numerosas circulares aclaratorias y reglamentos para poder implementarlos, o incluso de una ley para mejorar su diseño y graduar su aplicación.

Una misma percepción de falta de diseño o baja efectividad existe respecto del manejo de los asuntos cotidianos de la administración, como la seguridad urbana, la paz en La Araucanía, la diplomacia frente a Bolivia, los colegios municipales, el transporte metropolitano, la construcción de hospitales o la gestión de las becas para estudios en el extranjero.

De allí el juicio negativo, y de insatisfacción, que se ha ido instalando entre los diversos actores y partes interesadas en las políticas públicas.

El gobierno se defiende alegando que esas reacciones eran previsibles y responden a los intereses amenazados por las reformas estructurales. Bien podría ser un elemento de la explicación. Pero no se hace cargo del hecho que la mayor parte de las insatisfacciones se asocia no a las reformas, sino a persistentes problemas como el Transantiago, las colas de espera, los abusos, la inseguridad ciudadana, los fenómenos de corrupción, una economía más estrecha. O bien a la gestión deficiente de las propias reformas concretadas o proyectadas (tributaria, escolar, laboral, de reforma constitucional, de gratuidad de la educación superior, etc.).

La verdad es que una medida importante de las insatisfacciones se debe, ante todo, a lo errática de la conducción del gobierno, a su interlocución sin resultados, lenguaje confrontacional, la explosión de expectativas impulsada por el discurso oficial, escasa capacidad resolutiva de autoridades intermedias, burocratismo de los servicios públicos, divisiones dentro de la NM y un clima de incertidumbre provocado por una autoridad indecisa.
II

Todo lo cual nos conduce al extrañamiento experimentado por la opinión pública encuestada respecto al gobierno Bachelet. Esa opinión -que habla a través del los sondeos de ADIMARC, CEP, MORI, CADEM, CERC y los medios de comunicación de masa- se pronuncia negativamente en la actualidad, en un nivel nunca antes visto, respecto de la Presidenta, su gobierno y sus medidas de reforma. Muestra un reflujo de la popularidad gubernamental desde la cima alcanzada tras la elección de la Presidenta, hasta la sima donde ha caído durante las últimas semanas.

No ha sido un cambio de marea agitado, abrupto, de alta intensidad y fuertes turbulencias. Al contrario, ha sido un descenso gradual pero persistente a lo largo de los últimos diez meses: en todos los sectores sociales, grupos de edad, en regiones y Santiago, entre hombres y mujeres y entre personas distribuidas a lo ancho del espectro ideológico.

Estos movimientos de opinión son, digamos así, la otra cara de la deficitaria performance del gobierno. Es la percepción existente -medida como registro de opiniones- sobre la conducción gubernamental.
El sector social donde esa percepción negativa ha ido difundiéndose más profusamente es aquel conformado por la actual clase media, especialmente en los nuevos estratos emergentes. Son esos segmentos los que más fuertemente dependen de la calidad de la gestión política y de las políticas públicas imprescindibles para mantener e incrementar las oportunidades de vida, educación, trabajo, consumo y participación. Efectivamente, dichos grupos -que entre otras cosas se ensanchan cada cuatro años con la inclusión de 600 mil nuevos técnicos y profesionales- son los que mayormente necesitan crecimiento económico, empleos, seguridad en los barrios, colegios que funcionen con efectividad, menores tiempos de espera en los servicios de transporte y salud, acceso a viviendas al alcance de sus ingresos y ahorros.

Algo similar ocurre con otros segmentos de esa clase media ampliada: micro y pequeños empresarios, vendedores, empleados de servicios públicos y privados, estudiantes técnicos y universitarios, adultos que asisten a cursos vespertinos y a programas de capacitación. Más que el carisma de la Presidenta, o el nivel de progresismo de la NM, o las promesas del programa, a los hombres y mujeres de clase media les importa un gobierno eficaz, realista, con agenda clara, eficiente en la solución de problemas, que mantiene el orden y la seguridad, construye acuerdos y ofrece un sentido a la vida colectiva de la sociedad.

La administración Bachelet ha sido particularmente débil en su desempeño y gestión comunicacionales. Ha carecido de un relato que confiera sentido a sus decisiones e identidad a sus propuestas. Al contrario, su fisonomía discursiva está marcada por declaraciones contradictorias y poco realistas de la Presidenta; por la oscilación entre una fraseología rupturista y una gradualista; por las memorables ironías de un ministro o aquella inolvidable metáfora empleada por un presidente de partido de la NM.

La ausencia de una narrativa coherente -en una administración que al comenzar se preciaba de inaugurar un nuevo ciclo, traer consigo un paradigma que cambiaría drásticamente las políticas de la Concertación, y de tener una pretensión refundacional- deja atrapado al gobierno entre el fuego cruzado proveniente de las diferentes fracciones internas de la NM que buscan definirlo a su favor. Así, en vez de contar con una comunicación orientada estratégicamente, la administración Bachelet ha terminado envuelta en una refriega de mensajes que contribuye a dificultar la conducción.
III

El bajo desempeño manifestado a través de una performance mediocre, performance mal enjuiciada a su vez por la opinión pública encuestada, desemboca en un cuadro de crisis en el núcleo que gestiona la política y las políticas públicas del gobierno. He aquí la principal causa de la crisis de conducción que hemos estado analizando desde hace varios meses.

¿De qué se trata?

Primero, de un mal funcionamiento en el núcleo mismo del poder presidencial; es decir, la Presidenta, sus ministros distribuidos según una jerarquía informal del poder en tres o cuatro anillos en torno de ella, el personal directivo de confianza y los asesores de política y políticas –los technopols- que forman la primera línea de la gestión política dentro del aparato gubernamental junto a las tecnoburocracias directivas. Este núcleo, se supone, es la cabeza estratégica del gobierno, responsable por las orientaciones, la agenda, las relaciones con el Parlamento y la NM, y del discurso oficial y los relatos sectoriales.

En los gobiernos anteriores de la Concertación hubo diferentes maneras de organizar la división del trabajo y las jerarquías efectivas del poder dentro de dicho núcleo. Por ejemplo, en la administración Aylwin, el ministro secretario de la presidencia, Edgardo Boeninger, jugó un papel central –hasta hoy recordado con admiración— en la gestión y coordinación político-programática, acompañado por Enrique Correa (consejero de príncipes magna cum laude) en la Segegob y por Alejandro Foxley en el ministerio de Hacienda, los tres encargados además de activar las redes de tecnopolíticas y tecnocráticas que llegarían a formar parte de la identidad y el estilo concertacionistas. Durante el gobierno Lagos, en cambio, el propio Presidente junto a su equipo de segundo piso tuvieron control sobre la orientación estratégica de la administración, creando una “presidencia imperial” apoyada por un equipo político encargado de la gestión cotidiana de los asuntos gubernamentales. El gobierno Piñera, en tanto, intentó -sin éxito-sustituir esa función política superior por un énfasis gerencial dentro de un modelo de gobierno emprendedor.

Hoy la información y los análisis disponibles subrayan las debilidades observadas en la cúspide del poder gubernamental, con una Presidenta objetivamente disminuida frente a la opinión pública encuestada; que equivocó el armado básico de su primer gabinete y luego de un año debió reemplazarlo, sin que hasta hoy pueda saberse si acaso el nuevo armado funcionará o no; que ha carecido de una agenda y no ha podido trazar un rumbo; que carece de un diseño comunicacional y se mantiene relativamente alejada de su núcleo, dando escasas o ambiguas señales a sus equipos políticos, burocráticos y técnicos.

Más grave es que esas decisiones equivocadas o de inciertos resultados, y la constante vacilación en la toma de decisiones, han dado lugar a dudas respecto a lo acertado del juicio político de la jefa de Estado, elemento clave de la conducción. Grave, pues como señala un académico experto en análisis político, “ninguna cantidad de buen proceso político puede remediar un juicio político errado” (R. Wilson). En efecto, la autoridad puede llevar a cabo todas las consultas del caso, escuchar a las diversas partes interesadas, hacer participar a los partidos y parlamentarios de la NM, solicitar consejo a sus asesores, recibir informes técnicos y sin embargo, si finalmente adopta una decisión equivocada, vacila o la posterga, el positivo proceso previo queda olvidado.

Si acaso una decisión ha sido acertada, llega a saberse solo una vez evaluadas las consecuencias. Vale aquí el pragmatismo shakespeariano del all's well that ends well (“bien está lo que bien acaba”). Entre tanto, la persona que decide debería reunir una serie de habilidades y condiciones según la literatura especializada: capacidad de sopesar factores en competencia, coraje para trabajar con el largo plazo en la mira pero manejando las demandas inmediatas, reacción instintiva para saber qué objeciones tomar en consideración, equilibrio en medio de intensas presiones, confianza en sus colaboradores y un entendimiento sofisticado de la gente, sus intenciones y necesidades. Además, una comprensión inmediata de lo que está en juego. Y un saber casi instantáneo sobre qué pasaría “si”... Amén de tener sentada a su diestra, sonriente, a la diosa Fortuna.

La Presidenta ha reconocido con candor dificultades para ejercer certeramente el juicio político, al punto que -confiesa ella- suele tener una intuición correcta, pero luego decide otra cosa, como ocurrió con ocasión del tsunami del 27 F, del Transantiago, la reforma educacional y la decisión de regresar (o no hacerlo) a Santiago luego de estallar públicamente el caso Caval.

Tampoco aparece consolidado el liderazgo de la Presidenta y su equipo en relación con los diversos niveles del poder gubernamental, particularmente con los tecnoburócratas que gestionan conocimientos y con los funcionarios que trabajan al nivel de la calle, en los puntos concretos de provisión de los servicios de salud, seguridad, educación, vivienda, etc.

En el primero de esos planos, el de la gestión del conocimiento experto -factor clave de la política pública en todas sus fases de diseño, formulación, decisión y aplicación-, los technopols y tecnoburócratas juegan papeles decisivos. El gobierno Bachelet inició su período de administración con un discurso ambiguo respecto de esos grupos, de los cuales desconfiaba, pues tendían a imponer, sostenía la cúpula de la NM, una racionalidad abstracta y economicista cuando no neoliberal, la que supuestamente habría marcado la ideología y el estilo de los gobiernos de la Concertación. En breve, tales grupos habían impedido a dichos gobiernos echar a volar la imaginación, soñar con otro país y mover los límites de lo posible, imponiéndoles un pragmático realismo, aquel del “en la medida de lo posible”.

Por eso mismo la actual administración ha mantenido una relación tensa con sus propias tecnoburocracias y technopols, al menos hasta el momento de la desfenestración de la dupla Peñailillo-Arenas y su reemplazo por la dupla Burgos-Valdes, genuinos representantes de los know how político y técnico-económico, respectivamente. Su arribo a La Moneda fue saludado como el regreso de la racionalidad formal al gobierno, a la espera de que la Presidente defina una nueva orientación, la que hasta hoy permanece en disputa.

Por su parte, en la calle, donde el Estado deja de ser una entelequia jurídica y se encuentra con la gente, es donde se expresa diariamente la efectividad y eficiencia de los servicios que prestan los funcionarios de última línea, aquella que entra en contacto con la población a través de profesoras, enfermeras, carabineros, trabajadoras sociales, parvularias, inspectores municipales, etc.

La aplicación de las leyes y los reglamentos, la garantía de los derechos, la seguridad personal, las prestaciones de los ministerios y grandes servicios, en breve, toda la actividad cotidiana y concreta del Estado, encuentra ahí su expresión rutinaria, interactiva, sobriamente local y masivamente individualizada.

También allí es evaluado continuamente el gobierno por un sujeto distinto que la opinión pública encuestada. Ya no se trata de conocer cómo las personas valoran (con nota de 1 a 7) el trato en la clínica de urgencia, o el rol del profesor en la comunidad, o su preferencia por un candidato X o Z, sino de captar y entender (cualitativamente) la experiencia vivida por esas personas al entrar en contacto diario con el Estado al nivel de la calle.

Aquí nos topamos, por tanto, con una opinión más densa, granular, intensa, no registrada directamente por las preguntas de una encuesta, sino vivida en la intimidad, compartida con la familia y los amigos, en el vecindario y el lugar de trabajo. Los climas de opinión que de allí surgen solo se manifiestan parcial y limitadamente en los sondeos de opinión; sin embargo, alimentan y determinan comportamientos, votaciones, conversaciones, memorias, reacciones, emociones y constituyen el trasfondo emocional de la opinión pública encuestada.

También en este último plano el gobierno parece gozar de escaso consentimiento, favor, entusiasmo y “buena onda” con la población. Al contrario, la polis parece crispada, asustada, incierta, descontenta e insegura en sus bienes y oportunidades. Los medios de comunicación procesan esos climas y los convierten en ondas, mareas, conciencia colectiva, psicología social. No digo solamente entre las élites, ni solo entre los grupos de intereses que pudieran verse afectados material o simbólicamente por las reformas del gobierno Bachelet. Me refiero a la población que vive inmersa en el curso de los hechos cotidianos y allí se forma una idea, una imagen, un sentimiento del país y su gobierno.

Paradojalmente, la intelectualidad de los malestares, aquella que vio elevarse sus bonos con la actual administración, pues de sus círculos se reclutaban los technopols y tecnoburócratas supuestamente en posesión de los más lúcidos diagnósticos y la mejor “lectura de la sociedad”, ahora se ve rodeada de descontentos para los cuales no estaba preparada ni consigue entender.

Peor Imposible - Andrés Benitez

Peor imposible.  No es fácil explicar la farra política y económica que se observa. Pero hay un pecado de origen: el programa de gobierno es malo.

¿ES ESTE el peor gobierno desde que volvió la democracia? Si fuera por lo que hemos visto hasta ahora, la repuesta es sí. La verdad es que no hay ningún indicador que salve a la Presidenta. Tanto, que esta semana ella misma se encargó de adelantar el término del primer tiempo de su período anunciando cambios para el segundo. Dar vuelta lo que hemos visto no será fácil. Hay que corregir casi todo, cosa que está por verse si es posible.

La Presidenta cumple su primer año y medio con apenas un 27% de aprobación, algo que sólo se vio en el peor momento de Piñera, fecha en la cual muchos de los miembros de la actual Nueva Mayoría dijeron que Chile no se merecía un presidente tan impopular. Supongo que hoy pensarán lo mismo, aunque no lo digan.

Pero es cosa de leer entre líneas para darse cuenta que la decepción corre por las filas oficialistas.

Piñera logró revertir la situación, llegando al final de su período con un 50% de aprobación, en gran medida por el buen desempeño de la economía y el empleo. El punto es que Bachelet no tiene aquello. Por el contrario, su gobierno se encamina a tener los peores números de la historia reciente. Y nada indica que ello mejorará. Hasta la fecha, el crecimiento promedio del gobierno es de 1,6%, muy lejos del 5,3% que logró Piñera. Entonces, por el lado de la cifras económicas la cosa se ve muy negativa para la Presidenta. Por lo anterior, no es raro que hoy se hable de priorizar. Se acabó la plata y el país tiene que comenzar a bajar el gasto para equilibrar sus mermadas cuentas fiscales.

¿Cómo llegamos a esto? Es la pregunta que todos se hacen. Porque la verdad es que no es fácil explicar la verdadera farra política y económica que estamos observando. Por lo pronto, hay un pecado de origen: el programa de gobierno es malo. Pero lo más sorprendente es la baja capacidad de gestión. Todo parece estar mal hecho, improvisado, a la carrera, sin medir las consecuencias. El resultado de todo esto es que las reforma tributaria, educacional y laboral las apoya menos de un tercio de la gente.

Es esta desprolija manera de gobernar la explicación de la mayor parte de los problemas actuales. Una cosa es querer cambiar Chile, pero otra distinta es hacerlo mal. Y nada dice que esto cambiará. El reciente anuncio de que la gratuidad universitaria se hará sólo para los estudiantes de las instituciones del Cruch habla una vez más de que la improvisación sigue mandando en La Moneda. Y como siempre, no existe un proyecto serio al respecto. Sólo declaraciones que no le hacen sentido a nadie.

Se habla también de priorizar, pero es claro que no saben lo que ello significa. Nadie es capaz de decir qué es lo que queda y lo que no permanece. Esto refleja el nivel de confusión imperante. Si este es el segundo tiempo, entonces la cosa no va a mejorar. 

Los países pueden soportar presidentes poco populares. Eso incluso puede ser bueno si es el resultado de aplicar medidas difíciles, pero necesarias. Pero lo que los países no pueden resistir son gobiernos ineficientes, como es el actual.

Realismo y reformas - Jorge Correa Sutil

Realismo y reformas

 
   
La intensidad con que cruje el proyecto del Gobierno y de la Nueva Mayoría no se explica porque falten recursos y haya que avanzar más gradualmente. La crisis es política antes que económica y se llama decepción. Decepción popular con la política y con el Gobierno. Si no se reconoce así, difícilmente se le pondrá remedio. Es el primer realismo necesario.

El Gobierno fue elegido por clara mayoría prometiendo reformas estructurales en favor de la igualdad y ya no cuenta con respaldo popular mayoritario. Dos parecen haber sido las causas del deterioro: la primera, de credibilidad, agravada por los escándalos. ¿Cómo autoridades que debían favores a los ricos o que abusaron de su situación de privilegio podían mantener creíble la promesa de un país más igualitario? La segunda causa es que las reformas emprendidas no se han percibido como adecuadas para alcanzar la igualdad prometida. La tributaria, ciertamente en abstracto pertinente para encaminarse a la igualdad, terminó desprolija. Generó no solo una mayor carga impositiva, objetivo resistido pero necesario, sino también el costo mayor e innecesario de la incerteza. La reforma educacional del primer tiempo tampoco es popular y difícilmente puede reconocerse su aporte a la igualdad, que no sea por haber puesto fin a la selección, lo que pudo aprobarse en una ley simple y sin costo para el Estado.

Negar la decepción popular como la causa principal de la crisis, atribuyéndola a escasez de recursos o al ancho del Estado para resistir reformas, es escabullir el bulto e insistir en discursos poco creíbles que continuarán bajando el apoyo que el Gobierno y la política necesitan para las reformas a las que fueron convocados.

Si el Gobierno contó con apoyo popular para reformas estructurales sería un error renunciar a ellas. La cuestión radica en la selección de cuáles son más eficaces para la promesa de igualdad que concitó el apoyo que se ha desvanecido.

Si la crisis es primero política y de credibilidad, son las estructuras políticas las que prioritariamente deben ser intervenidas para extirparles el cáncer de desigualdad que las priva de la credibilidad con que se alimentan. En ello el Gobierno tiene una agenda, una treintena de proyectos legales sobre probidad política, pero carece de discurso para presentarlas, lo que las relega a segundo plano.

¿Puede soñarse con un país que se encamine hacia la igualdad si quienes disponen de dinero disponen también de un peso político para influir de modo privilegiado y poco transparente en las autoridades que representan al pueblo? ¿Hay una reforma más estructural que emparejar la cancha en la que se toman las decisiones públicas? ¿Hay alguna reforma de la Constitución -sí, ciertamente de la Constitución Política de nuestro Estado, de su sala de máquinas- más relevante y urgente que asegurar la igualdad ciudadana? ¿Hay alguna igualdad que se le compare en importancia a esta que está en el origen de las restantes? ¿O alguien cree que será el mercado o los tribunales y no la política donde el ciudadano de a pié y los movimientos sociales podrán acortar las brechas restantes?

Un debate público desenfocado nos ha hecho olvidar donde está el corazón de nuestra Constitución Política y donde el remedio para que los anhelos ciudadanos vuelvan a canalizarse en las instituciones y así tonificar la democracia. Si la promesa de igualdad de todos en la política no es la primera y más prioritaria de las reformas estructurales del Gobierno, ninguna de las otras resultará creíble.

La segunda reforma estructural a priorizar es la educacional. Pero debe diseñarse con precisión y prolijamente para la igualdad, y para ello nada puede sustituir el objetivo de mejorar la calidad de la educación de los niños más vulnerables. Esto ciertamente no es lo mismo que hacer universal la gratuidad en la educación superior y menos aún iniciarla con una medida abiertamente contraria a la igualdad, como la que se ha anunciado.

El norte no debiera cambiar ni la ambición desvanecerse. Es la hora de afinar la puntería.

NEGAR LA DECEPCIÓN POPULAR COMO LA CAUSA PRINCIPAL DE LA CRISIS ES ESCABULLIR EL BULTO E INSISTIR EN DISCURSOS POCO CREÍBLES QUE CONTINUARÁN BAJANDO EL APOYO QUE EL GOBIERNO Y LA POLÍTICA NECESITAN PARA LAS REFORMAS ESTRUCTURALES A LAS QUE FUERON CONVOCADOS.