El control del Salar de Atacama a Ponce Lerou - Ciper

El día en que el Estado le entregó el control del Salar de Atacama a Ponce Lerou

Chile posee el yacimiento más importante de litio en el mundo: el Salar de Atacama, quese extiende a lo largo de 2.800 km2 entre las cordilleras de Los Andes y la de Domeyko, en la Región de Antofagasta. Pese al potencial de desarrollo que significa este mineral para el país, en los últimos 20 años su explotación y comercialización se ha llevado a cabo sin ninguna regulación del Estado. Hoy –y a 50 años del hallazgo de las primeras reservas en Atacama– el negocio del litio en Chile descansa únicamente en un puñado de contratos firmados en 1995, en los que el Estado le transfirió gran parte del negocio a Soquimich (SQM), en condiciones que le significaron al país una pérdida de a lo menos US$17 millones, según los últimos cálculos.

Si los millones que el Estado dejó de percibir son cuantiosos, más grave aún es la renuncia a participar de las ganancias de esa explotación, la que fue sellada en esos contratos por el gobierno de turno. Para graficar esa millonaria fuga de capitales basta con mirar las ganancias que obtuvo SQM Salar -lasociedad que creó la empresa controlada por Julio Ponce Lerou para explotar el litio- solo en 2014, el año más malo del último lustro: US$171 millones.

SQM Salar –filial que entrega el 39% de los ingresos de Soquimich- es hoy uno de los protagonistas principales del juicio por los millonarios aportes al margen de la ley electoral a campañas políticas. Solo a Asesorías y Negocios, la sociedad del geógrafo y recaudador de dineros para las campañas de Eduardo Frei y Michelle Bachelet, Giorgio Martelli, le entregó alrededor de $250 millones entre 2012 y 2013.

De acuerdo a la última rectificación hecha a principios de junio por la filial de SQM en el Servicio de Impuestos Internos (SII), otros $580 millones fueron repartidos entre 13 receptores, entre los que figura una empresa del ex brazo derecho de Marco Enríquez Ominami (PRO), Cristian Warner.

Desde su creación, SQM Salar ha gozado de una posición de privilegio. Es muy probable que los millones que ha desembolsado la empresa para financiar a políticos hayan sido destinados a conservar esa ventaja. Una condición de cuasi monopolio que tiene fecha de origen: 21 de diciembre de 1995. Ese día se firmaron los últimos contratos mediante los cuales el Estado, a través de Corfo, renunció a su participación en el negocio del litio vendiendo sus acciones en la Sociedad Minera Salar de Atacama (Minsal, hoy SQM Salar) a Soquimich.

La minera de Ponce Lerou obtuvo así una concesión hasta 2030 –aunque renovable– para la explotación “exclusiva y excluyente” de los minerales del Salar de Atacama. Fue un negocio redondo para SQM y su filial. Años más tarde se ubicaría al tope de las empresas productoras a nivel mundial.

UN CONTRATO SIN DECORO

La carrera de SQM Salar por alcanzar la cúspide del mercado del litio, contó con la ayuda del Estado que, a través del mismo contrato, bloqueó el ingreso de otros productores al negocio. La otra ayuda también es de responsabilidad de las autoridades, ya que desde entonces no hubo cambio alguno a las laxas reglas del juego que le otorgaron la exclusividad para explotar las reservas mineras en Atacama. Una de las últimas posibilidades que tuvo el Estado de cambiar en algo esas condiciones fue en 2012, cuando abrió la primera y fallida licitación del litio, la que Soquimich se adjudicó de forma fraudulenta (ver reportaje de CIPER).

A pesar de la invalidación de esa licitación, la estrategia de la minera no metálica ha corrido con éxito. Y en ello también los parlamentarios tienen su cuota de responsabilidad. De los ocho proyectos enviados al Congreso en la última década para regular la explotación del litio, ninguno sobrevivió al primer trámite constitucional. Peor aún, en estos 20 años, no ha cambiado una sola coma de los contratos con los cuales Corfo entregó en arriendo sus pertenencias a SQM Salar.

CIPER accedió a todos los contratos con los cuales la sociedad de Julio Ponce Lerou selló su participación en el negocio del litio y potasio, y se fue haciendo progresivamente –con el Estado como facilitador– del control del Salar de Atacama.

En palabras de algunos de los que participaron de ese proceso de negociación, las condiciones que allí se estipulan son “poco decorosas”. Por ejemplo, se deja constancia expresa que, una vez terminado el periodo de arriendo (2030), la voluntad de Corfo será prorrogar los plazos del contrato, siempre y cuando SQM “tenga interés en ello”.

Se estipula, además, un pago anual a Corfo de solo US$15 mil ($9,5 millones al día de hoy) por un arriendo cuya explotación le reporta a SQM Salar actualmente ingresos por sobre los US$785 millones ($493 mil millones). También una renta trimestral y variable en base a un porcentaje fijo de las ventas del mineral. Inexplicablemente se estipuló en el contrato que fuera la propia compañía de Ponce Lerou la que realizara los cálculos para efectuar ese pago a Corfo. Pero durante todos estos años, nadie fiscalizó que SQM Salar aplicara la fórmula tal cual fue acordada.

-Al término de cada periodo (trismestral), Soquimich enviaba una “hojita” a Corfo informando del monto que debía pagar por la renta. No se fiscalizaba mucho –señaló a CIPER  un ex miembro de la entidad estatal que pidió reserva de su nombre.

Recién en mayo de 2014, Corfo interpuso una demanda arbitral contra SQM Salar en la que pidió el término anticipado del contrato. Corfo la acusa de haber aplicado la fórmula para calcular el pago de la renta variable de modo arbitrario. El contrato estipula que el cálculo se haga sobre las ventas a precio de mercado, pero SQM Salar incluyó en su cálculo los precios a los que vende el litio a sus empresas relacionadas, los que son más bajos. Según Corfo los perjuicios ascenderían a US $17 millones.

La controversia pone sobre la mesa el renovado interés del Estado por el litio, sobre todo luego del trabajo de la comisión creada para desarrollar propuestas en la materia y cuyos resultados se conocieron a principios de este año (ver informe). Las medidas más importantes propuestas por la Comisión del Litio apuntan a rectificar un pecado de origen. Porque hace 20 años el Estado no sólo renunció al litio, también lo hizo a regular y a fiscalizar su explotación y comercialización con millonarios perjuicios.

El actual litigio entre Corfo y SQM obliga a revisar esos antiguos contratos aún vigentes. Hoy el tema es una piedra caliente de la que nadie quiere hacerse cargo.

LA CARRERA POR EL LITIO

Fue en noviembre del ’83 cuando partió la carrera por la explotación del Salar de Atacama. Ese año, Corfo licitó 27 estudios -avaluados en US$ 1,5 millones- que contenían toda la información necesaria para quienes quisieran entrar al negocio del potasio y del litio. Fue el mismo año en el que Julio Ponce se vio obligado a renunciar a la Corfo –de la que fue primero gerente de empresas y luego gerente general- y a los otros 17 directorios de empresas públicas, a raíz del escándalo por las acusaciones de enriquecimiento ilícito y los privilegios del entonces yerno de Pinochet.

La oferta de Corfo no era despreciable. Eran los cimientos de un negocio para el cual Corfo necesitaba socios con espalda financiera para las exploraciones y, luego,  la explotación, producción y comercialización del potasio, boro y litio hasta 2030. Corfo ingresaba a la sociedad aportando los estudios y 16.384 de sus pertenencias mineras en el salar. En enero de 1986 se cerró el trato: con un aporte de US$ 4,5 millones, la licitación se la adjudicó el consorcio formado por la empresa norteamericana Amax Exploration Inc. y la chilena Molibdeno y Metales (Molymet).

Así nació la Sociedad Minera Salar de Atacama, más conocida como Minsal. El control lo tenía Amax, con el 63,75% de los derechos, mientras que Molymet se hizo del 11,25% y Corfo se quedó con el 25% restante. Fue entonces que se firmaron los dos contratos sobre los cuales se basaría la “política del litio” durante las siguientes tres décadas.

El primer contrato definió en 80 páginas el proyecto, el rol que cumpliría cada socio, las condiciones en que se llevaría a cabo la primera etapa de evaluación y los cambios que se implementarían una vez que comenzara la fase productiva, lo que no se esperaba que ocurriera antes de 1992.

Ahí ya se estipulaba como requisito que para desarrollar el proyecto y garantizar su sustentabilidad, debía acreditarse la existencia de reservas de litio para una explotación de a lo menos 60 años. Y se definió el límite de litio a extraer durante las siguientes tres décadas: 180.100 toneladas, dividido en cuotas que aumentarían por trienio. El contrato también estableció que al comenzar la explotación, Minsal se transformaría en sociedad anónima, que el capital aumentaría a US$ 16 millones y que entonces Corfo tendría la opción de mantener su parte del negocio, disminuirla o retirarse.

En el mismo documento se menciona un proyecto aparte de Amat y Molymet para explotar nitrato de potasio en el Salar de Atacama: Proyecto NP. Si el Estado quería ser parte, su vehículo era una empresa que por entonces estaba en pleno proceso de privatización, pero que aún era en un 51% propiedad fiscal: Soquimich. Aunque el proyecto nunca se concretó, fue la primera vez que se mencionó en los contratos a la compañía que hoy controla Julio Ponce Lerou y que más adelante se adueñaría del negocio.

El segundo contrato que se firmó en abril de 1986, fue por el arriendo de las 16.384 pertenencias mineras de propiedad de la Corfo al nuevo consorcio. Ese sería el segundo de los “contratos madre” –de arrendamiento y de proyecto- del negocio del litio en Chile.

Allí se estableció cómo y cuánto se le pagaría a Corfo por el alquiler: US$ 15.000 anuales hasta el comienzo de la fase productiva. Entonces, se sumarían distintas fórmulas para calcular el monto a pagar en relación a las ventas una vez iniciada la explotación de las salmueras. Extrañamente, Corfo le delegó en ese contrato a Minsal –controlada por Amax- la confección del cálculo y de cuánto debía pagar en cada período.

En esencia, esas condiciones se mantienen hasta hoy. “Las regalías acordadas en esos contratos son dos tercios más bajas de lo que debían haber sido según condiciones de mercado”, señaló a CIPER una fuente que conoció el proceso de negociación.

Los contratos establecían también que el 0,8% de las ganancias por la explotación del litio que recibía Corfo se destinarían para financiar los planes de investigación del litio. La cláusula se hizo en base a lo acordado en 1984 por la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN). Pero eso nunca ocurrió. Y la consecuencia de ello es que todo el conocimiento respecto de este mineral estratégico quedó concentrado en Minsal –hoy SQM Salar- que en poco tiempo pasaría a ser 100% privada.

El período de evaluación del proyecto terminó en 1992. Amax le vendió a fines de ese mismo año sus derechos en Minsal a una empresa filial, Amsalar. Y al año siguiente, en noviembre de 1993, tanto esa empresa como Molymet se retiraron del negocio y le vendieron su parte a SQM Potasio (SQMK), que ya estaba en manos de Julio Ponce Lerou.

Poco después la sociedad original se transformaría nuevamente para convertirse en un feudo controlado completamente por SQM.

LOS PRIMEROS AMARRES DE SOQUIMICH

Desde un comienzo quedó claro que la intención de SQM era asumir el control del Salar de Atacama. Su primer paso ya lo había dado: adquirir el 75% de Minsal. El siguiente consistió en incorporar en los dos contratos con Corfo modificaciones sutiles, pero que cargarían la balanza a su favor. Todo ocurrió el mismo día: el 12 de noviembre de 1993 (ver contratos de arriendo y de proyecto).

A las modificaciones concurrió en representación de SQM Patricio Contesse González, mano derecha de Ponce Lerou y gerente general histórico de la minera hasta marzo de 2015, cuando se le exigió su salida por su responsabilidad en el financiamiento ilegal de la política. Hoy está en prisión preventiva domiciliaria, imputado como autor de delito tributario. También llegaron Bernard Descazeaux Aribit, entonces gerente general de SQM Potasio, y René Abeliuk Manasevich (PR), quien entre 1990 y 1994 fue vicepresidente ejecutivo de Corfo (falleció en 2014).

A los cambios ya acordados desde el ‘86 –aumentar el capital a US$ 16 millones y convertir a Minsal en una sociedad anónima– se incluyó una cláusula que le hizo a SQM más lucrativo el negocio. No sólo le entregó el control de la producción de cloruro de sodio de Minsal, sino que además la convirtió en el principal comprador a precio preferente, al asegurarle “el todo o parte de su producción mensual” a un precio 19% menor que el del mercado.

También se garantizó que Corfo no permitiría la actividad minera, acuífera ni industrial de ningún tercero en las 16.384 pertenencias otorgadas en arriendo a Minsal ni en las 11.670 que están alrededor y que también son de propiedad fiscal. Y a eso se sumó el permiso que Corfo dio a Minsal para adquirir e inscribir a su nombre todos los derechos de agua necesarios sobre esas 28.054 pertenencias y el compromiso de entregarle gratis a la sociedad todos los que Corfo posea y llegue a tener en ese mismo perímetro.

Mientras Corfo siguiera teniendo el 25% de Minsal, todas esas concesiones y protecciones eran comprensibles: se empezaba a levantar un muro para proteger de cualquier amenaza o competencia el negocio de esta empresa todavía público-privada.

Con la transformación a sociedad anónima en agosto del ‘94, el capital se duplicó a US$32 millones y Corfo disminuyó su participación a apenas un 18,18% (ver documento). Se constituyó un directorio provisorio que, además de Patricio Contesse y Julio Ponce, lo integraron el actual gerente general de SQM, Patricio de Solminihac Tampier; y dos ejecutivos de Corfo. Uno era Víctor Renner Berry, quien años después, como gerente de la planta de Celulosa Arauco en Valdivia, se vería directamente involucrado en el desastre ambiental que significó la muerte del 74% de los cisnes del Santuario del Río Cruces. El otro era Gibrán Harcha Sarras, quien como coordinador general de concesiones del Ministerio de Transportes, cumplió después un rol clave en el diseño del Transantiago. Hoy es gerente general de Global Public Service (GPS), grupo controlador de Alsacia y Express, dos de las principales operadoras del sistema metropolitano de transporte público. Hace unos días fue citado por la Fiscalía por los pagos ilegales de Alsacia para financiar campañas políticas.

La composición de ese directorio duraría apenas 16 meses. A fines de 1995, el 20 de diciembre, Minsal aumentó de nuevo su capital, esta vez a US$38 millones. Como en todos los aumentos anteriores, Corfo enteró su parte con pertenencias mineras y terrenos. Otra cláusula en los contratos señalaba que todas las condiciones y concesiones pactadas se mantendrían aun cuando Corfo vendiera sus acciones y se retirara de la sociedad. Y fue precisamente eso lo que ocurrió con el impulso privatizador del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

REGALO DE DESPEDIDA

Salirse del Salar de Atacama fue una política del gobierno de Frei Ruiz-Tagle. Poco antes, Corfo había vendido en US$ 10,7 millones el 49% que aún tenía en LAN y liquidó su participación en la sanitaria ESSAL Valdivia en otros US$ 10,5 millones. Lo mismo pasó con Ferronor, Radio Nacional y Empremar, entre otras. Y en esa lista también estaba Minsal, la que en 1998 se convertiría en SQM Salar.

La tarea que La Moneda encargó a Corfo era doble: desprenderse de Minsal y establecer las condiciones tras su salida. Ese proceso estuvo a cargo del equipo que lideraron el entonces ministro de Economía, Álvaro García Hurtado (PPD), y el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Felipe Sandoval Precht (DC), actual presidente de la asociación gremial Salmonchile. Allí también estaban el fiscal jefe de la Corfo, el abogado Raúl Donckaster Fernández (DC), “experto en privatizaciones” –según su currículum– y desde 2012 alcalde de La Reina; y el ex gerente general de Corfo, Eduardo Bitrán Colodro (PPD), el mismo que hoy, como vicepresidente ejecutivo de esa entidad estatal, encabeza la batalla legal contra SQM Salar por incumplimiento de contratos.

Un día después de ese último aumento de capital, el 21 de diciembre del ‘95, Corfo vendió a través de un remate en Bolsa todas sus acciones a SQM en US$7 millones. Quedaron dos socios en Minsal: SQM y su filial SQM Potasio. Ya era una empresa 100% privada, controlada por Julio Ponce Lerou. Ese mismo día se modificaron los dos contratos de 1993. Esas son las normas que rigen hasta hoy (ver contratos de arriendo y de proyecto). Si las condiciones antes eran beneficiosas para SQM, ahora quedaron hechas a su medida. Fue, de cierta forma, un regalo de despedida.

Al igual que los socios anteriores, al retirarse, Corfo adquirió un compromiso de confidencialidad para no divulgar ni hacer uso de cualquier información que tenga o llegue a tener respecto al Proyecto Salar de Atacama. Y no sólo eso: ahora Corfo “se obliga” a entregarle gratis y sin condiciones a Minsal cualquier información al respecto.

Las modificaciones de los dos contratos fueron incluso más agraviantes para el Estado. Si antes se establecía que Minsal podría vender la totalidad o parte de su producción de cloruro de potasio a SQM o a sus filiales a un precio preferente, el nuevo acuerdo lo convirtió en una “obligación”. Lo mismo dice de la prohibición de ingreso de terceros al negocio, al estipular que Minsal, ahora controlada en un 100% por SQM, tendrá el “derecho único, exclusivo, excluyente y total para explorar y explotar sin impedimento o interferencia alguna todas y cada una de las concesiones y, por ello, las sustancias minerales y acuíferas que se encuentren en las pertenencias mineras” entregadas en arriendo.

Algunos expertos que hablaron con CIPER señalan que el mayor beneficio para SQM se relaciona con los plazos de vigencia del contrato. Los documentos previos señalan que la duración del vínculo contractual será hasta el 31 de diciembre de 2030, con la posibilidad de prorrogarlo por períodos de 10 años. El nuevo acuerdo lo deja como una promesa: “La Corporación deja constancia que es su propósito actual prorrogar el plazo de este contrato y del contrato de arrendamiento”.

El único requisito para ello –según el contrato- es que la filial de Siquimich manifieste su interés de seguir en el negocio.

Consultados por CIPER, el ex ministro Álvaro García y el ex fiscal de Corfo Raúl Donckaster, aseguraron no recordar nada de ese proceso. Ni cómo se negociaron las nuevas cláusulas ni quiénes tomaron las decisiones.

Aunque su firma aparece en los dos contratos del 21 de diciembre de 1995, Felipe Sandoval dijo no recordar haberlos pactado, menos haberlos firmado,  y afirmó que la salida de Corfo de Minsal fue una decisión autónoma adoptada por el Consejo Directivo de la corporación. Según miembros de ese consejo, esa decisión sólo contemplaba la venta de acciones de Minsal, pero en ningún caso la modificación de los contratos. Respecto a cómo y quiénes negociaron esas modificaciones hay completo secretismo.

Consultado por CIPER, uno de los miembros del consejo aseguró que la “letra chica del contrato responde a decisiones que se tomaron a espaldas del Consejo Directivo de la Corfo”. En este punto las responsabilidades se desvanecen.

LA ILUSIÓN DE LOS PRECIOS DE MERCADO

Según información proporcionada por Soquimich, a diciembre de 2014, el 39% de los ingresos de la compañía provinieron de la explotación del Salar de Atacama (potasio y litio, principalmente). Ese mismo año, las utilidades de SQM Salar superaron los US$ 171 millones. Pero ha habido años mejores. En 2012, por ejemplo, la filial de SQM obtuvo utilidades por casi el doble: US$ 318 millones.

Aunque exiguas, parte de esas utilidades le corresponden, según una fórmula establecida en los contratos, a Corfo: un 6,8% de las ventas de litio y un 1,8% de las de potasio, boro y sodio.

En vista de que las empresas del grupo Soquimich podían ser las compradoras prioritarias y a precios preferentes de la producción de litio del Salar de Atacama, resultaba esencial que la fórmula de la renta se calculara en base a precios de mercado y no a precios de transferencia con partes relacionadas.

“El valor de los productos de litio se establecerá tomando como base los precios de venta facturados a clientes comerciales no relacionados”, se estipula en uno de los contratos.

En el contrato de arriendo del 21 de diciembre de 1995 en el que Corfo decide deshacerse de sus acciones en Minsal, quedó estipulado que será la sociedad controlada por Ponce Lerou la que “establecerá el monto de la renta correspondiente a cada periodo y pagará dicha renta a la Corporación (…) proporcionándole en la misma oportunidad los antecedentes en que se funda la liquidación”.

Distintos ejecutivos de Corfo en diferentes periodos entre el 2000 y 2010, coinciden en que esos antecedentes nunca se revisaron como se debía. “Hay un contrato y en virtud de eso se actúa de buena fe”, señaló a CIPER uno de ellos.

Por esa u otras misteriosas razones, nadie hizo valer la cláusula que señala que si Corfo “no estuviere de acuerdo con el cálculo y pago de la renta efectuado por Minsal, lo hará saber a ésta señalando las razones de su discrepancia y acompañando los antecedentes en que la funda”.

A diferencia de lo que sucedió con el litio, se acordó que para el potasio (cloruro y sulfato de potasio, y ácido bórico) el precio de referencia lo determinará un tercero. Para ello, se contrató a la British Sulphur Corporation, controlada por el Grupo CRU, de capitales ingleses. “Es propósito de las partes que el precio de referencia refleje del modo más exacto posible el promedio de los precios normales de mercado”, señaló el contrato.

Desde entonces CRU actuó como consultora en esta estratégica materia. Hoy, en el contexto de la controversia entre Corfo y SQM Salar, la firma británica especialista en minería, metales y fertilizantes, cobra un protagonismo que nadie sospechó veinte años atrás.

ERROR DE CÁLCULO

Fue recién en 2013, bajo el gobierno de Sebastián Piñera, que Corfo puso la lupa sobre los informes trimestrales que justificaban los pagos que recibía de SQM Salar por la explotación de los yacimientos de litio y potasio en Atacama. Habían transcurrido 18 años desde que se firmaron las últimas modificaciones a los contratos entre la entidad estatal y la compañía de Julio Ponce Lerou.

La revisión ordenada por el entonces vicepresidente ejecutivo de Corfo, Hernán Cheyre, arrojó diferencias notorias en la aplicación del cálculo para el pago del arrendamiento. Pero fue en mayo de 2014 cuando Corfo, bajo la dirección de Eduardo Bitrán, presentó una demanda ante la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) pidiendo el término anticipado de contrato con Soquimich. No era la primera vez que Bitrán accedía a los contratos. Como ya se dijo, el también ex ministro de Obras Públicas se desempeñó entre 1994 y 1997 como gerente general de Corfo, justo en la época en que se firmó el acuerdo que dejó el camino libre a Ponce Lerou para hacerse de la propiedad total de Minsal, hoy SQM Salar.

Según Corfo, los dineros que dejó de recibir producto de la manipulación que habría hecho Soquimich de los cálculos para el pago de la renta, ascienden a US$ 17 millones.

Según publicó La Tercera, la empresa habría pagado US $170 millones en rentas a la corporación estatal a lo largo de los 20 años de vigencia del contrato. Los dineros desembolsados por SQM Salar equivalen a la totalidad de las utilidades que la sociedad del ex yerno de Augusto Pinochet obtuvo sólo en 2014 (US$ 171 millones), por lejos el año de peores resultados en el último lustro.

Corfo aduce que el 90% de las ventas de litio que realiza SQM Salar van a dar a las empresas relacionadas del grupo y a precios 18% menores que los de mercado. Pero hay un problema: nadie en estos años se ocupó en la Corfo de fiscalizar cómo había hecho SQM Salar los cálculos para el pago del arriendo.

Respecto del precio de las ventas de potasio, Corfo también cree que los precios de referencia están bajo el valor del mercado internacional. Para subsanar la duda, le pidió a la British Sulphur Corporation,la consultora designada por contrato y de común acuerdo en 1995 para fijar los valores de referencia del potasio para el pago de la renta, que le muestre la fórmula que le entrega a SQM Salar para determinar el monto a pagar.

Según trascendió, la consultora habría firmado hace un tiempo -y a espaldas de Corfo- un contrato de confidencialidad con SQM que le impediría entregar la información. Corfo encargó estudios a expertos independientes y la conclusión apunta en una sola dirección: el precio de referencia del potasio reportado por la British Sulphur Corporation ha sido sistemáticamente más bajo.

Para el 9 de julio próximo quedó fijada la audiencia para el cierre definitivo de la etapa de conciliación entre las partes. El 25 de junio el vicepresidente de Corfo adelantó en un comunicado que proseguirá con la demanda y que pondrá los antecedentes en conocimiento de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Superintendencia de AFP y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), para que se investiguen eventuales infracciones tributarias en que habría incurrido SQM Salar.

LA COMISIÓN DEL LITIO

La guerra por el Salar de Atacama está al rojo vivo, justo en momentos en que el gobierno intenta por primera vez sentar las bases de una política del litio. Para frenar las acusaciones que apuntan a que se estaría promoviendo una expropiación encubierta, el vicepresidente de Corfo ya anunció que pretende relicitar a privados un nuevo contrato para la explotación de las pertenencias mineras en el Salar de Atacama entregadas hace más de 20 años en arriendo a SQM Salar.

El conflicto fue analizado en la Comisión del Litio liderada por la ministra de Minería Aurora Williams e integrada por distintos expertos. También se discutió y se sometió a voto si el Estado debía continuar con la política de concesiones y seguir fuera de la actividad o, por el contrario, crear una agencia estatal que en asociación con privados liderara la explotación del mineral.

El abogado y consejero legal de Codelco, Cristian Quinzio, fue uno de los miembros de la comisión que más bregó por la opción de seguir y extender las concesiones por 30 años más. El nombre de Quinzio se conoció además en estos días a raíz de la declaración del recaudador Giorgio Martelli a la Fiscalía. Tal como reveló El Mostrador, Quinzio, según Martelli, “dio su aporte legal como abogado” y participó de varias reuniones de Asesorías y Negocios, una de las empresas receptoras de dineros provenientes de SQM Salar para el financiamiento de campañas políticas.

Al final la opción de crear una empresa mixta que permita que el Estado controle y participe en la explotación del mineral se impuso casi por mayoría. Así, entre las conclusiones  entregadas por la comisión el 27 de enero pasado y luego de cinco meses de trabajo, se recomienda que en la futura explotación de los salares  se mantenga el estado de no concesibilidad del litio y que éste se eleve a rango constitucional.

En una alusión directa a los contratos que el Estado mantiene con SQM Salar, la Comisión del Litio recomienda que en los futuros contratos de asociación público privada que autoricen la explotación del litio “se establezca una política de regalías, gravámenes  y otros cobros con la finalidad de resguardar la captura de la renta económica por parte del Estado” y que esas condiciones se revisen periódicamente para que “se adecúen a las condiciones prevalecientes en el mercado mundial”.

Justamente, lo que no ha ocurrido en los últimos 20 años con el monopolio que mantiene SQM Salar en el negocio del litio.

Estocada a SQM

Corfo golpea a SQM y se apresta a poner término anticipado a contrato clave con la minera
Entidad estatal rechaza conciliación propuesta por árbitro en la disputa.

por CLAUDIA URQUIETA CH. 17 junio 2015

Corfo golpea a SQM y se apresta a poner término anticipado a contrato clave con la minera
La decisión quedó reflejada en un documento al que tuvo acceso El Mostrador y que recibieron todos los consejeros antes de votar el rumbo por el que optaría Corfo. Si bien el 9 de julio está programado un comparendo al que deben asistir ambas partes, donde el árbitro preguntará si aceptan la conciliación, la respuesta de Corfo quedó definida hace una semana.

En el más completo sigilo, el jueves de la semana pasada se marcaba un importante capítulo en el conflicto que enfrenta a la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) en un arbitraje contra una de las empresas más cuestionadas del momento: SQM.

Conflicto que tiene en la mira los contratos de arriendo de las pertenencias mineras que la estatal mantiene desde 1993 con la compañía controlada por Julio Ponce Lerou, a través de diversas sociedades.

En términos simples, Corfo es la dueña de las 28.054 pertenencias mineras en el Salar de Atacama, en la Región de Antofagasta, que arrienda a SQM bajo el amparo de dos contratos, que le permiten explotar hasta 2030 los minerales contenidos en el salar –principalmente cloruro de potasio en cualquiera de sus formas comerciales, ácido bórico y productos de litio– y que se estima representan entre un 60% y un 75% de las ventas de la compañía, que el 2014 registró utilidades por US$ 296,4, un recorte de 36,5% respecto del ejercicio anterior.

Situación que –según fuentes del sector– no es menor, ya que deja en evidencia que “SQM es un gigante con pies de barro”.

Ese día, y por unanimidad, el consejo directivo de Corfo rechazó la conciliación propuesta por el árbitro del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, Héctor Húmeres, que sugería un perfeccionamiento del contrato entre las partes, así como que SQM pagara una suma única y total de 17,1 millones de dólares de forma diferida hasta 2018, como compensación por el incumplimiento del acuerdo que acusa Corfo.

  La demanda de la corporación estaba dirigida al contrato de arrendamiento, lo que se interpreta como que Corfo afina su puntería hacia matar todos los vínculos que mantiene con la empresa minera en el Salar de Atacama. Una estocada al corazón del negocio de la sociedad.  Todo, luego de una seguidilla de escándalos que involucran a la minera en conflictos judiciales, entre los que se cuentan los casos Cascadas y Penta-SQM, que incluso le han valido demandas colectivas desde Estados Unidos y una auditoría independiente para la Securities and Exchange Comission (SEC).
Como la propuesta no dejó conforme a la corporación estatal –cuyo consejo directivo está presidido por el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, junto a los ministros de Hacienda, Relaciones Exteriores, Desarrollo Social, Agricultura, además del vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitrán, y el representante del Presidente de la República, Rafael Guilisasti–, se optó por continuar, hasta la dictación del fallo, con el procedimiento iniciado a partir de una demanda arbitral interpuesta en mayo del año pasado contra SQM Salar –filial de SQM que realizó pagos al recaudador de campaña de Michelle Bachelet, Giorgio Martelli, a través de su empresa Asesorías y Negocios SpA–, bajo el argumento de que SQM incumplió con el contrato al no pagar íntegramente las rentas acordadas.

La decisión quedó reflejada en un documento al que tuvo acceso El Mostrador y que recibieron todos los consejeros antes de votar el rumbo por el que optaría Corfo.

Si bien el 9 de julio está programado un comparendo al que deben asistir ambas partes, donde el árbitro preguntará si aceptan la conciliación, la respuesta de Corfo quedó definida hace una semana.

Lo más complejo para SQM es que Corfo apunta a iniciar de inmediato los estudios para solicitar el término anticipado del “contrato de proyecto” –el acuerdo madre entre la estatal y SQM originado en 1986 entre la estatal y otras compañías– con el fin de “restablecer coherencia entre ambos contratos”, aludiendo al trato de arrendamiento de las propiedades mineras celebrado en 1993, cuando la empresa de Ponce Lerou entró reemplazando a las antiguas interesadas. Aquel año se celebró el convenio a través del cual se arriendan las pertenencias mineras de Corfo a SQM hasta diciembre de 2030.

La demanda de la corporación estaba dirigida al contrato de arrendamiento, lo que se interpreta como que Corfo afina su puntería hacia matar todos los vínculos que mantiene con la empresa minera en el Salar de Atacama. Una estocada al corazón del negocio de la sociedad.

Todo, luego de una seguidilla de escándalos que involucran a la minera en conflictos judiciales, entre los que se cuentan los casos Cascadas y Penta-SQM, que incluso le han valido demandas colectivas desde Estados Unidos y una auditoría independiente para la Securities and Exchange Comission (SEC).

En este escenario, la decisión de Corfo de terminar los contratos implica que SQM tiene que reconocerlo en sus informes de estados financieros (FECU) y ante la SEC. “Y si lo informas haces evidente que las pertenencias mineras no son de ellos. Por lo tanto, si no cumplen, el Estado tiene el derecho de pedir el término del contrato, entonces empieza a ser más débil este imperio de SQM, que empieza a estar construido sobre la base de unos contratos de arriendo que son frágiles”, aseguran conocedores del sector.

Contrato a la medida
Tras rechazar la conciliación, la Corporación de Fomento de la Producción también se propone establecer “un comité Corfo con el fin de administrar, planificar y desarrollar minería no metálica”, lo que tendría como objetivo construir una institucionalidad que permita anticipar escenarios futuros en torno al litio, potasio y otros minerales, adelantándose a vacíos como los que han abierto la puerta a SQM a armar un complejo puzzle a través de apropiaciones mineras, obtención de derechos de agua y otras jugadas para hacer inviable la entrada de competencia en licitaciones futuras.

Entramado que, como se ha ido conociendo en los últimos meses, también ha tenido un brazo político, reflejado en los cientos de pagos a través de boletas y facturas entregados transversalmente a distintos actores, en el mayor escándalo que ha enfrentado Chile en torno al vínculo entre dinero y política, que ha puesto en el ojo del huracán a la empresa. Esto último es justamente uno de los fundamentos de la postura de Corfo, ya que se considera que, en vista de la actual situación de SQM, existen riesgos operacionales y relativos al gobierno corporativo que afectan los intereses de la corporación estatal.

Este comité antes referido, empezó a tomar forma el año pasado, según consta en correos electrónicos a los que tuvo acceso este medio, cuando distintas autoridades iniciaron discusiones al respecto y comenzaron a analizar su viabilidad normativa y jurídica.

Otro de los argumentos de Corfo para rechazar la conciliación propuesta, es la “negativa de SQM de modificar el equilibrio económico” del convenio que la estatal mantiene con SQM Salar.

Tal acuerdo tuvo su origen en 1986, cuando Corfo firmó el primer contrato con Amax Exploration y Molymet S.A., a través del cual se crea la Sociedad Minera Salar de Atacama S.A. (Minsal). En aquel tiempo la estatal mantenía el 25% del negocio, porcentaje que fue disminuyendo luego de la entrada de SQM en 1993, año en que se firmó el contrato que estableció las condiciones, plazos y tasas, mientras era vicepresidente ejecutivo de Corfo René Abeliuk, fallecido el año pasado. Luego, en 1995 y con Felipe Sandoval a la cabeza de la corporación fiscal, se le introdujeron modificaciones, debido a que Corfo decidió privatizar la parte que le quedaba, vendiéndosela a Soquimich.

De esta forma se estableció el arriendo a la compañía de 28.054 pertenencias mineras propiedad de Corfo, que le han permitido situarse como una empresa con presencia mundial en algunos productos, como en el caso del nitrato de potasio, cuya participación de mercado se estima en 49% en el 2014.

Para diversos actores del sector, el contrato “está hecho a la medida de SQM”. Algunos incluso hablan de “que es realmente una vergüenza”. Entre otras razones, porque las rentas que deben pagar por los millonarios recursos mineros “están fuera de los rangos de mercado que corresponden”.

A eso se suma que en la práctica es imposible llevar un control del manejo de la compañía en las pertenencias mineras del Salar de Atacama. “¿Cómo controlan embarques o los porcentajes de lo que están sacando? El control se le entrega a la propia SQM”, señalan.

Tampoco ayudaron las décadas en que el Estado no tomó cartas en el asunto y simplemente “miró para el lado”. Lo que para algunos tiene mucha relación con los vínculos que se habrían ido engranando transversalmente en el mundo político a través de pagos y favores, que incluso habrían llegado al ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo y la G90.

Consultados al respecto, desde SQM señalaron que “no se van a referir al proceso de arbitraje que está en curso. La compañía sí reafirma que ha cumplido cabal y oportunamente con todas las obligaciones del contrato”.

Este medio intentó comunicarse también con el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitrán, quien señaló que no puede referirse a temas que están en procesos arbitrales.

Incumplimientos de SQM
Un punto fundamental para la determinación de la corporación estatal es, según el documento al que tuvo acceso este medio, la “inviabilidad para conciliar el contrato frente a graves incumplimientos éticos y contractuales de SQM”.

Entre los incumplimientos, se detalla la “continua venta a precios de transferencia a empresas relacionadas a precios menores que de mercado”. Lo que implica que Corfo percibiría menores rentas.

Hay que tomar en cuenta que, en la práctica, SQM ha sido históricamente la encargada de calcular los pagos a la corporación fiscal, que hasta 2013 y después de 20 años de mantener el contrato, nunca hizo una auditoría para revisarlo ni para fiscalizar de qué forma estaba funcionando. Incluso, los pagos trimestrales estipulados en el acuerdo se realizan el día que la compañía decide, por lo que el valor del dólar con que pagará a la corporación depende de ella.

El año pasado se hizo un cambio: las facturas de Corfo ahora incluyen una cláusula que señala que el pago parcial “no constituye una aceptación a que el pago corresponde a la realidad”.

Corfo también alude a “medidas para hacer inviable la licitación competitiva del salar a futuro”, entre las que se cuenta la acción de la compañía de inscribir derechos de agua a su nombre fuera de las pertenencias mineras arrendadas, lo que limitaría fuertemente la incorporación de terceros una vez terminado el contrato.

Por otra parte, acusa a la minera no metálica de “comportamiento hostil”, en virtud de que existen concesiones de exploración hacia los bordes de las pertenencias arrendadas, que están siendo tramitadas por la compañía y que se superponen a las de Corfo. “SQM no ha indicado de ninguna manera a Corfo de estos movimientos. Corfo se enteró por el monitoreo constante que efectúa sobre todas sus propiedades”.

De acuerdo a fuentes del sector, estos movimientos persiguen un único objetivo: impedir competencia cuando haya que renovar el contrato y dejar amarrada a Corfo.

Las mismas fuentes opinan que el siguiente paso que debería dar la Corporación de Fomento de la Producción, es impulsar un juicio que intente revertir estas medidas.

Gobierno Venezolano y Narcotráfico - WSJ publicado - 19-mayo-2015

Líderes venezolanos, bajo la lupa de EE.UU. por presunto narcotráfico

Fiscales realizan indagaciones sobre la base de que han convertido a Venezuela en centro global de tráfico de cocaína y lavado de dinero. En la lista de investigados figuran también el ministro de Industrias y varios militares.

   
Fiscales de Estados Unidos investigan a varios altos funcionarios venezolanos, entre ellos al presidente de la Asamblea Nacional, bajo la sospecha de que han convertido el país en un centro global de tráfico de cocaína y lavado de dinero, según más de una decena de personas al tanto de las indagaciones.

Una división élite de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Washington y fiscales federales en Nueva York y Miami están construyendo casos con pruebas aportadas por ex traficantes de cocaína, informantes que eran cercanos a altos funcionarios venezolanos y desertores de las fuerzas armadas, revelaron estas personas.

Un blanco importante, según un funcionario del Departamento de Justicia y otras autoridades estadounidenses, es el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, considerado el segundo hombre más poderoso del país.

"Hay amplia evidencia para justificar que él es una de las cabezas, si no la cabeza, del cartel", afirmó el funcionario del Departamento de Justicia de EE.UU., en referencia a un grupo de oficiales militares y altos funcionarios de los cuales se sospecha de estar involucrados en el narcotráfico.

Representantes de Cabello no respondieron llamadas y correos electrónicos en busca de comentarios.

Cabello dijo el miércoles en la televisión estatal que pidió una prohibición judicial de salida del país contra 22 ejecutivos y periodistas de tres medios venezolanos a los que ha demandado por publicar este año notas sobre las acusaciones de narcotráfico. "Me siento agraviado y ninguno de ellos ha pedido disculpas; ahora el malo soy yo, que me acusaron de narcotraficante sin una sola prueba y el malo soy yo. ¡Qué cosas, no!", apuntó.

El gobierno del Presidente Barack Obama no está dirigiendo ni coordinando las pesquisas, que son llevadas a cabo por fiscales federales con amplias facultades para perseguir sospechosos. No obstante, si las investigaciones derivan en la presentación pública de cargos contra Cabello y otros, el furor resultante en Venezuela podría sumir las relaciones entre ambos países en la crisis más grave desde que el difunto líder populista Hugo Chávez asumió el poder hace 16 años.

Las investigaciones son una respuesta al crecimiento explosivo del narcotráfico en Venezuela, dicen funcionarios estadounidenses. Presionados por Colombia, donde las autoridades combatieron enérgicamente el tráfico de drogas con US$ 10 mil millones en asistencia que EE.UU. proveyó desde 2000, muchos traficantes colombianos trasladaron sus operaciones al país vecino. En Venezuela, dicen funcionarios estadounidenses, hallaron un gobierno y fuerzas armadas dispuestos a permitir, y con el tiempo controlar, el tráfico de cocaína a través del país.

"La mayoría de los traficantes de alto perfil se mudó a Venezuela durante ese tiempo", dijo Joaquín Pérez, un abogado de Miami que representa a narcotraficantes colombianos.

Venezuela no produce coca, ni la hoja que se usa para hacer cocaína, ni la droga en sí. No obstante, EE.UU. estima que unas 131 toneladas de cocaína, cerca de la mitad de la cocaína producida en Colombia, pasó por Venezuela en 2013, el último año del cual se tienen cifras.

"Es una organización criminal"

Los fiscales no apuntan al Presidente Nicolás Maduro, quien está en el poder desde la muerte de Chávez hace dos años. Sin embargo, altos funcionarios de seguridad de EE.UU. dicen que consideran a varios funcionarios y oficiales militares venezolanos como los líderes de facto de organizaciones narcotraficantes que utilizan a Venezuela como punto de partida para los envíos de cocaína a EE.UU. y Europa.

"Es una organización criminal", señaló el funcionario del Departamento de Justicia, refiriéndose a ciertos miembros de las altas esferas del gobierno y las fuerzas armadas de Venezuela.

Mildred Camero, quien presidió la Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de las Drogas de Venezuela hasta que fue obligada a salir abruptamente en 2005, indicó que Venezuela tiene "un gobierno narcotraficante y de lavadores de dinero". Recientemente colaboró con un libro, 'Chavismo, narcotráfico y militarismo', en el cual afirmó que la corrupción vinculada con el narcotráfico había penetrado el Estado, nombrando a más de una decena de funcionarios, incluyendo nueve generales, que presuntamente trabajaron con traficantes.

Las agencias de seguridad de EE.UU. señalaron que han acelerado sus investigaciones en los últimos dos años, un período en el que la economía de Venezuela ha empeorado drásticamente.

La crisis ha facilitado a las autoridades estadounidenses el reclutamiento de informantes, dicen fuentes cuyo trabajo es enlistar personas cercanas a altos funcionarios venezolanos. Narcotraficantes colombianos y venezolanos también han llegado a EE.UU., con ansias de aportar información sobre funcionarios venezolanos a cambio de sentencias menores y la residencia, dicen autoridades de EE.UU.

"A partir de la agitación en Venezuela, hemos tenido mayor éxito en el desarrollo de estos casos", precisó un fiscal federal del Distrito Este de Nueva York que trabaja en casos venezolanos.

En enero, los investigadores de EE.UU. lograron una captura importante cuando el capitán de la armada Leamsy Salazar desertó y fue llevado a Washington. Salazar, que había encabezado la seguridad de Cabello, les dijo a las autoridades estadounidenses haber sido testigo de que este supervisó el envío de un gran cargamento de cocaína desde la península de Paraguaná, en Venezuela, afirmaron personas al tanto del caso. Cabello ha criticado públicamente a su ex guardaespaldas, asegurando que no dirigía su equipo de seguridad y calificándolo de un "infiltrado" que no tiene pruebas de su participación en el narcotráfico.

Rafael Isea es otro ex funcionario que ha hablado con investigadores, según fuentes al tanto. Ex ministro de Finanzas y gobernador del estado Aragua, Isea escapó del país en 2013. Fuentes al tanto del caso dicen que señaló a los investigadores que Walid Makled, un jefe narco ahora en la cárcel, le pagaba al ex ministro del Interior Tarek El Aissami para enviar cargamentos a través de Venezuela.

Casi un año después de dejar el país, Isea fue acusado de irregularidades financieras durante sus días como gobernador por la fiscal general del país, y por El Aissami, quien lo sucedió como gobernador de Aragua. "Hoy Rafael Isea, este bandido, traidor, está refugiado en Washington y entregado al programa de testigos protegidos a cambio de aportar información basura en contra de Venezuela", anotó recientemente El Aissami en la televisión venezolana. Isea ha calificado las acusaciones de falsas, motivadas políticamente y diseñadas para desacreditarlo.

Los otros investigados

Entre otros funcionarios poderosos bajo investigación figuran Hugo Carvajal, un ex director de inteligencia militar; Néstor Reverol, comandante general de la Guardia Nacional; José David Cabello, el hermano de Diosdado Cabello, ministro de Industrias y además superintendente nacional Aduanero y Tributario, y el general Luis Motta Domínguez, un general de la Guardia Nacional a cargo de la zona centro de Venezuela, de acuerdo con media docena de funcionarios y personas al tanto de las investigaciones.

Llamadas y mensajes de correo electrónico en busca de comentarios de varios ministerios gubernamentales, así como de la oficina de la Presidencia de Venezuela no obtuvieron respuesta. Algunos funcionarios han salido a las redes sociales para ridiculizar las investigaciones estadounidenses. Una cuenta de Twitter a nombre del general Motta Domínguez dijo a principios de este año: "Ya saben, el que quiera su green card y vivir en USA para conocer Disney, escoja su líder y acúselo de narco... DEA tours los atenderá, jejeje!".

Las agencias de seguridad estadounidenses trabajan con exiliados venezolanos y otros para localizar y reclutar a venezolanos insatisfechos. "Nosotros sacamos a la gente de Venezuela y nos reunimos con ellos en Panamá, Curaçao y Bogotá", dijo un ex agente de inteligencia que trabaja con autoridades de EE.UU. para reclutar e interrogar a venezolanos que tienen evidencia de vínculos entre las autoridades venezolanas y el narcotráfico.

El principal blanco es Diosdado Cabello, ex teniente del ejército de 52 años que estableció un vínculo estrecho con Chávez en la academia militar mientras ambos jugaban en el mismo equipo de béisbol. Cuando Chávez lanzó un intento fallido de un golpe de Estado en 1992, Cabello dirigió una columna de cuatro tanques que atacó el palacio presidencial en el centro de Caracas.

Cabello ha sido vicepresidente y ministro de Obras Públicas -que le dio control de aeropuertos y puertos- y del Interior. También fue Presidente por unas horas en abril de 2002, cuando Chávez fue expulsado brevemente en un fallido golpe de Estado.

Investigadores estadounidenses han construido sus casos utilizando también la información obtenida de casos delictivos en EE.UU. En Miami, dicen personas familiarizadas con el asunto, un elemento clave en dichas investigaciones fue una banda de contrabando de drogas manejada por el colombiano Roberto Méndez Hurtado. Este narcotraficante habría ingresado cocaína en Venezuela a través del estado occidental de Apure y, de acuerdo con personas familiarizadas con su caso, se habría encontrado con altos funcionarios venezolanos.

Méndez Hurtado se declaró culpable en una corte federal de Miami en 2014 y recibió una condena de 19 años. Fuentes cercanas a la investigación dicen que él y sus cómplices no habrían sido capaces de operar sin haberle pagado a una serie de altos oficiales militares y funcionarios del gobierno venezolano.

"Es súper claro el involucramiento de altos oficiales de la Guardia Nacional y del gobierno de Venezuela en el narcotráfico", dijo un ex oficial de inteligencia y lucha contra el narcotráfico de la Guardia Nacional de Venezuela que huyó del país el año pasado asustado por la abrumadora la corrupción que veía a diario.

En otro caso judicial en Brooklyn, los fiscales han conocido las complejidades del tráfico de drogas en Venezuela después de romper una red de contrabando de cocaína dirigido por Luis Frank Tello, quien se declaró culpable, según documentos judiciales.

Antecedentes

Las investigaciones estadounidenses de funcionarios venezolanos han estado en curso durante años. En 2008, el Departamento del Tesoro de EE.UU. puso a tres importantes asesores del entonces Presidente Chávez en una lista negra y congeló todos sus activos en EE.UU. Entre ellos se hallaba Carvajal, conocido como "El Pollo", entonces jefe de la inteligencia militar. EE.UU. actuó después de que amplias pruebas surgieran a principios de ese año de las computadoras de un comandante de la guerrilla colombiana muerto, en la que, según los gobiernos de EE.UU. y Colombia, se describía el floreciente intercambio de cocaína por armas entre los rebeldes y generales y oficiales venezolanos.

En 2010, la fiscalía de Manhattan hizo pública una acusación contra Makled, el distribuidor de drogas venezolano acusado de enviar toneladas de cocaína a EE.UU. a través de Puerto Cabello, principal puerto marítimo del país, supuestamente controlado por Makled. Este, que había sido capturado en Colombia, se jactaba de tener 40 generales venezolanos en su nómina. "Todos mis socios comerciales son generales", dijo entonces Makled en su correspondencia con uno de sus asociados, a la que tuvo acceso The Wall Street Journal. "Te estoy diciendo despachamos 300 mil kilos de coca. No podría haberlo hecho sin la parte superior del gobierno".

En julio pasado, funcionarios antidrogas estadounidenses casi atrapan a Carvajal, quien había sido acusado en Miami y Nueva York con cargos por narcotráfico y detenido en Aruba a instancias del gobierno estadounidense. Pero las autoridades holandesas lo liberaron a Venezuela con el argumento de que tenía inmunidad diplomática.

-Chris Matthews en Nueva York contribuyó a este artículo.

Informantes
La crisis en Venezuela ha facilitado a las autoridades estadounidenses el reclutamiento de informantes.

Convivencia en Chile: Desafío ético y respeto a nuestra dignidad

Autor: Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile

Convivencia en Chile: Desafío ético y respeto a nuestra dignidad

Santiago de Chile, 5 de mayo de 2015

Crisis de confianza y de credibilidad

El 11 de marzo pasado se conmemoraron los 25 años de la asunción del gobierno liderado por el presidente Patricio Aylwin. Este marcó el inicio de nuestra transición política, que fue ejemplo de civilidad, de valores democráticos y de confluencia de voluntades por el bien de Chile. Hoy una pregunta abierta y silenciosa recorre las venas de nuestra Patria: ¿Qué ha sucedido para que se haya resquebrajado el tejido social y debilitado la confianza en nuestra manera de convivir como nación?

Es preocupante constatar la pérdida de confianza en las relaciones sociales y en los liderazgos: en la política, la empresa, la escuela, las universidades. A esto se añade la pérdida de credibilidad en las instituciones de la República, y también en nosotros como Iglesia Católica. Se cuestiona en ellas la falta de transparencia y de espacios de participación. Esto resulta aún más preocupante en un país que ha sabido encontrar caminos para superar diferencias que parecían irreconciliables y para forjar significativos acuerdos. Muchos se preguntan: ¿Será que se ha agotado el modelo social, económico y político? ¿Será un efecto indeseado de ese bienestar económico que reconoce una mayoría de chilenos, pero que engendra apetitos insaciables de bienestar material, de poder y de ganancia fácil asociada a actos de corrupción? ¿Será un cansancio ante estructuras que frenan o limitan un proceso más rápido y eficiente para superar las escandalosas brechas sociales, aquellas que generan chilenos de primera y segunda categoría, según los bienes y las relaciones sociales a los que pueden acceder?

Convivencia enrarecida y crisis de identidad

Desde la enseñanza social de la Iglesia y nuestra misión pastoral, percibimos síntomas de una crisis antropológica, es decir, de una concepción de la persona humana que desconoce que la dignidad humana es la piedra fundante de toda convivencia. La falta de respeto a la propia dignidad y a la de los demás, pisotea la identidad y misión de cada cual y deteriora los logros que hemos obtenido como sociedad. Una de las causas de la situación actual es la fuerte crisis de representación que afecta a nuestras instituciones, especialmente en el plano político, aunque no exclusivamente. Constatamos que las instituciones no han sido capaces de captar y encauzar las nuevas demandas y expectativas de la gente. 

En los grandes centros urbanos del país damos la impresión de vivir violentados, y con escasa conciencia de los abusos cotidianos con que herimos a los demás. Da la impresión que para relacionarse hay que levantar la voz y usar un lenguaje soez, o bien, avivar los conflictos y multiplicar las declaraciones altivas. De esa manera, el maltrato se instala como comportamiento habitual, a tal nivel, que ya poco o casi nada nos asombra. Ante este escenario, hay que reconocer que las leyes y normas institucionales no entregan soluciones para todo. Se requieren cambios de actitudes, conductas y prácticas personales y comunitarias.

Una profunda mirada interior

Toda esta situación nos hace pensar que esta es la hora de una profunda introspección tanto a nivel personal como institucional. 

El esquema de vida planteado por el modelo de desarrollo económico social vigente no ha sido acompañado con un desarrollo humano integral. Más bien la idea de poseer siempre más y de los derechos individuales que cada uno reclama, ha engendrado una carrera por acceder a mejores condiciones materiales. Tal vez, por lo mismo, en el camino ha generado agresividad y el “todo vale”. En ese proceso descuidamos al otro en cuanto persona y solo priman los intereses individuales y de quienes nos son más cercanos. De este modo, nuestra convivencia laboral, urbana, cívica y mediática tiende a convertirse en una guerra despiadada. 

A nivel institucional se han hecho pocas reflexiones y autocríticas, con la fuerza que se requiere y con la transparencia que la población demanda. Arrepentimiento y contrición es lo que falta, pero también la debida sanción.

Esa mirada interior debiese llevar también a un acto de perdón y reparación, tanto a nivel personal como institucional. Tenemos que aprender a pedir perdón a quienes conviven con nosotros. En cuanto a los servidores públicos, sean ellos parlamentarios u otros, es necesario que se sepa con claridad quiénes utilizaron financiamiento indebido, asumiendo las consecuencias de esos actos. Lo mismo, los empresarios, los comunicadores y las diversas asociaciones. Los chilenos tenemos derecho tanto a la verdad como a la justicia, pero también a las oportunidades del perdón, que no es lo mismo que impunidad.

Hacia una renovación de las instituciones y de las personas

La desconfianza ha llegado a ser un mal crónico entre nosotros, como lo consignan diversos estudios. Una forma de restablecer las confianzas es aplicando serenamente la ley, sancionando a los culpables por haberla infringido y declarando inocentes a los injustamente acusados. Sin embargo, la judicialización no parece ser un camino suficiente para resolver los conflictos, menos aún para humanizar nuestra convivencia. Las relaciones humanas son mucho más que el imperio del derecho, sin perjuicio de que este sea fundamental para que la vida en sociedad esté basada sobre la justicia. 

Con frecuencia las instancias judiciales y la transparencia de los procesos se transforman para muchos en ocasiones propicias para una violencia denigratoria que pasa a llevar, sin más, la presunción de inocencia. No podemos cegarnos ante las injusticias ni cerrarnos al debido proceso, pero creemos que hay modos de diálogo social más fecundos y humanizadores que el solo camino judicial. En este sentido, valoramos los esfuerzos del gobierno, los parlamentarios y de los diversos actores políticos y sociales, por renovar y actualizar el marco regulatorio de nuestra convivencia. Una forma de salir de esta crisis es evidentemente cambiando aquellos aspectos de nuestra institucionalidad que hicieron posible los abusos que hoy se condenan.

También y, sobre todo, se necesitan cambios en las conductas. La experiencia nos enseña que “el apetito desordenado de dinero no deja de producir efectos perniciosos”. Por eso, “el respeto de la dignidad humana exige la práctica de la virtud de la templanza, para moderar el apego a los bienes de este mundo; de la justicia, para preservar los derechos del prójimo y darle lo que le es debido; y de la solidaridad, siguiendo la regla de oro (del Evangelio) y según la generosidad del Señor, que “siendo rico, por nosotros se hizo pobre a fin de enriquecernos con su pobreza”(Catecismo de la Iglesia Católica, 2407; cfr. 2 Corintios 8, 9).

La Doctrina Social de la Iglesia nos enseña que “una auténtica democracia no es solo el resultado de un respeto formal de las reglas, sino que es el fruto de la aceptación convencida de los valores que inspiran los procedimientos democráticos: la dignidad de toda persona humana, el respeto de los derechos del hombre, la asunción del «bien común» como fin y criterio regulador de la vida política. Si no existe un consenso general sobre estos valores, se pierde el significado de la democracia y se compromete su estabilidad” (Compendio Doctrina Social, 407).

Aporte desde la perspectiva cristiana

En Chile hay personas e instituciones con vocación de servicio público que, confiamos, abordarán con eficacia estos y otros desafíos. Con sencillez también nos sentimos llamados a hacer nuestro aporte. Un paso necesario, para los creyentes en el Señor, es ir al encuentro de cada persona, especialmente de la que sufre o está caída, y reconocerla y valorarla por lo que es. Quienes creemos en Cristo debemos ver en cada persona a un hermano suyo y nuestro. Más aún, lo que hacemos al menor de los hermanos, al Señor lo hacemos. Y esto es sagrado. Una profunda conversión social supone encontrarnos con la persona de Jesucristo y dejarnos maravillar por su manera de vivir, de sentir, de pensar y de actuar. Es Él mismo quien nos revela que la dignidad de la persona humana es algo inherente a su ser y no un reconocimiento externo que se le concede. Es una condición fundamental de su existencia que debe ser reconocida, respetada, protegida y promovida.

Desde esta actitud profundamente humana y humanizadora afirmamos que cuando la persona humana se endiosa, por cualquiera sea la razón, esta termina desquiciada. Ese endiosamiento personal, llamado también individualismo, es hoy una de las grandes causas del deterioro de la cohesión social. Así, cada cual busca su propio bienestar, contrariando su naturaleza social, sin importarle si su beneficio se logra a expensas del resto de la comunidad. “Serán como dioses” (Génesis 3, 4), dijo la serpiente engañosa a Adán y Eva, despertando una pretensión humana que ha causado demasiadas tragedias en la historia.

Llamados a amar y servir

A esta tentación responde el estilo de Jesús que nos enseña la alegría de servir, y no al interés propio desligado del bien de los demás (cfr. Evangelio de San Juan 13, 12-16; 15, 11-13).

Debemos redescubrir que el poder de las autoridades de diferente índole, existe para servir a los demás y que servirse de dicho poder provoca un daño capital. Debemos tomar conciencia de que la honra de las personas es crucial en la convivencia social. Por lo tanto, una práctica permanente de denostación pública como modo de diálogo político solo colabora a desintegrar más el ya debilitado tejido social. Los creyentes somos discípulos de Jesús, nuestro Maestro y Señor, que enseñó con su vida estas virtudes. Tenemos la certeza de que su Espíritu nos fortalece y nos impulsa a un diálogo social fecundo, basado en el respeto mutuo y en la verdad que nos libera. Esto no implica de ninguna manera soslayar los errores y pecados, pero siempre mantiene como prioritario el respeto que merece cada persona por el hecho de ser tal, aunque haya pecado y delinquido.

Estas actitudes se fundan en una concepción de la persona humana como ser naturalmente sociable, abierta a los demás, incapaz de alcanzar su perfección y plenitud sin comprometerse con el bien del prójimo. Por cierto, la fe ilumina esta verdad antropológica, mostrándonos a Cristo como modelo eminente de vida. Es una verdad que funda la vida de tantísimos compatriotas que, si bien no comparten nuestra fe, han hecho de sus vidas un ejemplo de amor y de servicio a la Patria y al prójimo.

Estas admirables actitudes se han encarnado en estos días en la ayuda solidaria desplegada por tantas personas e instituciones para ir en ayuda de nuestros hermanos del Sur y antes del Norte de Atacama y Antofagasta. Hemos sentido como propia esta tragedia y la seguiremos sintiendo mientras sus vidas no vuelvan a plena normalidad. Es lo que hemos plasmado como Conferencia Episcopal de Chile en el lema de CARITAS CHILE: “Solidaridad es nuestro Norte”.

Por esta razón, invitamos con sencillez a creyentes y no creyentes, a darnos tiempo para redescubrir la bondad de cada persona, la eficacia que tiene la gratuidad y solidaridad en nuestras relaciones, así como el respeto de nuestra dignidad. 

Quisiéramos ayudar y ayudarnos a construir nuestro futuro sobre los valores, virtudes e ideales que heredamos de nuestros padres y madres en la Patria y en la fe. Nos interesan sus ejemplos, su fe y su fortaleza, para renovar la esperanza en esta tierra donde estamos llamados a amar y servir a quienes la habitan, con especial dedicación a aquellos que a causa de la injusticia sufren la exclusión del desarrollo. Estamos a tiempo para desterrar la idolatría del dinero y de la corrupción, de valorar la actividad política y de sus actores, de reconocer el aporte de tantos trabajadores y empresarios, de avanzar en el trato justo, respetuoso y amable que nos debemos, en fin, de corregir nuestros errores y juntos fortalecer el alma de Chile. Todo el bien que anhelamos para nuestra Patria lo encomendamos a nuestra Madre, la Virgen del Carmen.

EL COMITÉ PERMANENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE CHILE

+ Ricardo Cardenal Ezzati Andrello
Arzobispo de Santiago - Presidente

+ Alejandro Goic Karmelic
Obispo de Rancagua - Vicepresidente

+ Fernando Chomali Garib 
Arzobispo de la Ssma. Concepción 

+ Cristián Caro Cordero
Arzobispo de Puerto Montt

+ Cristián Contreras Villarroel
Obispo de Melipilla - Secretario General

Sincerarse también en derechos humanos

Sincerarse también en derechos humanos
Roberto Ampuero

"Si Bachelet aspira a dar un golpe de timón a su agenda para reorientar al país y reconstruir su liderazgo, conviene que asuma y modifique una realidad moralmente incómoda para su sector..."

Esta semana visitaron Chile dos mujeres jóvenes que se destacan internacionalmente por su aporte a la causa de la libertad y la democracia: la cubana Yoani Sánchez y la guatemalteca Gloria Álvarez. Aunque inspiradas en visiones distintas, las une la juventud, el coraje civil, su pensamiento rebelde y el uso de nuevas tecnologías para difundir sus ideas. La Presidenta Bachelet, que la semana pasada no recibió a las esposas de dos connotados presos políticos del régimen de Nicolás Maduro, pero tuvo tiempo para platicar con Joan Manuel Serrat, dejó escapar otra oportunidad para conocer a líderes que tal vez le habrían recordado una época en que exigía democracia y respeto a los derechos humanos en forma universal.

Yoani y Gloria han logrado algo mayor: trascender en un mundo con clara hegemonía masculina, discriminación que Bachelet denunció desde Naciones Unidas y denuncia desde La Moneda. Yoani se convirtió en símbolo de libertad bajo una dictadura militar que lleva 56 años; Gloria saltó a la fama criticando el populismo y la corrupción en una región azotada por la violencia de narcotraficantes que buscan controlar las rutas de la droga hacia Estados Unidos. Son líderes que, para su seguridad, necesitan respaldo. Fuera de descollar por su agudeza, oratoria y originalidad, ambas constituyen ejemplo para quienes viven sin libertad, condenan el populismo, luchan contra la discriminación de género y apuestan por vías pacíficas de cambio.

El desinterés de Bachelet por Yoani Sánchez estuvo en consonancia con su decisión de no reunirse con las cónyuges de valerosos presos políticos venezolanos, pero en contradicción con su conducta ante la hija del dictador Raúl Castro, a quien recibió durante la cumbre de mujeres que organizó en Santiago. Defrauda este doble estándar, e irrita que nuestra Mandataria, que sufrió ayer represión política, no solidarice hoy con mujeres que son víctimas de la represión. Sorprende su conducta, pues hasta en el oficialismo hay quienes exigen respeto a los derechos humanos en Cuba y Venezuela. Si la Presidenta -como quedó de manifiesto en su discurso del viernes- aspira a reconstruir su popularidad y liderazgo, debe hacer lo que la mayoría de los chilenos espera de un Presidente: que condene universalmente la violación de derechos humanos, y no actúe en esto en forma sesgada y enigmática por razones ideológicas.

En momentos en que su falta de liderazgo es cuestionada por figuras del oficialismo y su gestión es desaprobada por una abrumadora mayoría ciudadana, es recomendable un cambio en la actitud elusiva de Bachelet ante personalidades que exigen libertad, transparencia, respeto a los derechos humanos en países gobernados de forma dictatorial o autoritaria por la izquierda. Urge una política de Estado para que nuestros Presidentes siempre condenen la violación de derechos humanos y solidaricen con quienes sufren la represión política.

Si Bachelet aspira a dar un golpe de timón a su agenda para reorientar al país y reconstruir su liderazgo, conviene que asuma y modifique una realidad moralmente incómoda para su sector: desde el retorno a la democracia es la izquierda -o influyentes sectores de ella-, no la derecha, quien simpatiza con regímenes de dudosas credenciales democráticas. El centro y la derecha, en cambio, exigen hoy respeto a los derechos humanos, libertad y democracia, y no manifiestan simpatías por regímenes no democráticos. Es una realidad indesmentible, y la Mandataria debe aprovechar el marco del informe sobre probidad para transparentar su sentir hacia personalidades que exigen derechos humanos a gobiernos de izquierda.

La incoherencia presidencial en esto lleva a interrogarse sobre la capacidad de sus asesores. Pero buscar responsables en su círculo de hierro es menospreciar el intelecto de la Jefa de Estado. En rigor, lo que corresponde es concluir que decisiones como la de recibir a la hija de Castro e ignorar a Yoani Sánchez no obedecen a complejos acuerdos de la Nueva Mayoría sino a convicciones profundas de la Presidenta. Si la clase política busca sincerarse ante el país, Bachelet debe aprovechar las circunstancias para sincerar su visión sobre derechos humanos. Si da este paso, evitará tener que repetir en un futuro próximo un "no supe condenar con fuerza y a tiempo" las circunstancias en otros países.

Roberto Ampuero

Política Comunicacional de la Presidencia

10 de abril de 2015

Política comunicacional de la Presidencia: callar, ignorar, negar

             PEDRO SANTANDER,  Profesor titular de la Escuela de Periodismo y director del     Observatorio de Comunicacion y Medios de la PUCVhttp://www.observatoriodecomunicacion.cl

ENVIAR RECTIFICAR IMPRIMIR

Hay una máxima en la comunicación estratégica que todo asesor debiera conocer: evitar a toda costa situaciones en las que te obliguen a negar una y otra vez. Es justamente lo que por estos días le ocurre a la Presidenta. Las negaciones abundan hoy por hoy en sus frases y en sus explicaciones; prolifera la polaridad negativa en sus expresiones, llenas de “no”, “pero”, “nada”, “nunca”, etc.

               Por ejemplo, en la reciente conferencia que Bachelet sostuvo con los corresponsales                        extranjeros, su frase “no he pensado en renunciar” se constituyó en la noticia del día. Según la agencia Efe, respecto de la reunión de su hijo con Luksic, dijo: “No tuve nada que ver con ella, no la pedí y desde que volví a Chile, en marzo de 2013, no hablé con Luksic hasta noviembre de 2014. Yo no he tenido ninguna vinculación con nada de eso, ni con la reunión ni con el negocio, nada"

¿Qué implica que la máxima autoridad política del país haga noticia por lo que tiene que negar? Significa que las voces que afirman lo que ella niega han adquirido una fuerza tal que la obligan a pronunciarse acerca de lo que no quería hablar. Además, al negar, ella contesta y dialoga con quienes afirman, legitima así esas voces como puntos de vista que tienen la suficiente fuerza como para ser debatidos por la Presidenta. Si hoy dice “no renunciaré” es porque el ruido de quienes sostenían que sí pensaba renunciar se hizo insoportable.

Han sido, una tras otra, las torpezas estratégico-comunicacionales que llevaron a Bachelet a esta situación. Cuando el caso Caval-Luksic comenzó (febrero) optó por el silencio. Mientras nuestro país –supuestamente una excepción en el continente por su impoluta elite– comenzaba a enfrentar uno de los casos de corrupción político-empresarial y de tráfico de influencias más escandalosos de las últimas décadas, la decisión político-comunicacional de la máxima autoridad fue el silencio. Lo único que se logró de ese modo fue convertir su vuelta de vacaciones en una expectativa nacional, a diario los chilenos se preguntaban “¿qué irá a decir la Presidenta cuando vuelva de vacaciones?”; es decir, mientras más callaba, más expectativas se generaban por sus pronunciamientos.

¿Qué implica que la máxima autoridad política del país haga noticia por lo que tiene que negar? Significa que las voces que afirman lo que ella niega han adquirido una fuerza tal que la obligan a pronunciarse acerca de lo que no quería hablar. Además, al negar, ella contesta y dialoga con quienes afirman, legitima así esas voces como puntos de vista que tienen la suficiente fuerza como para ser debatidos por la Presidenta. Si hoy dice “no renunciaré” es porque el ruido de quienes sostenían que sí pensaba renunciar se hizo insoportable.

Y la ineptitud comunicacional continuó cuando se pasó de la estrategia del silencio a la estrategia de la emocionalidad incauta: “Me enteré por la prensa en Caburgua”, se convirtió en la frase del momento y en la confirmación de que no se afrontaría con liderazgo el escándalo. Quienes idearon esta segunda etapa del diseño comunicacional, mostrando una expresión de máxima candidez analítica y de desprecio por la racionalidad de los chilenos, pensaron que la figura de madre dolida apaciguaría la demanda por liderazgo político, que la apelación al dolor y a la emoción funcionaría como escudo, tal como hasta ahora había funcionado en relación con la historia personal de Bachelet (presa, exiliada, padre asesinado, etc.) y el modo en que eso se convirtió en capital político.

La siguiente etapa es la más sorprendente como apuesta comunicacional: permitir durante semanas que se esparza el rumor de su renuncia. Personalmente supe ya el 20 de marzo (y eso que no vivo en Santiago) que la Presidenta sostuvo aquello en una reunión privada en La Moneda. Pocos días después lo mencionó Tomás Mosciatti en la televisión y por estos días era ya noticia propagada. ¿Sólo fue torpeza ante la primera crisis política severa que le toca enfrentar? ¿O dejar crecer el rumor fue una apuesta política?

Finalmente, el coro de afirmaciones en los medios, en los pasillos, en los colectivos, en las oficinas del país y en las redes sociales acerca de lo que dijo, de lo que haría o no haría la Presidenta se hizo tan ensordecedor que los asesores de comunicación por fin toman una decisión acertada: que la propia Jefa de Estado se refiera a la coyuntura y aclare ante la prensa sus dichos. Sin embargo, el acierto se convierte en desconcierto cuando sólo se convoca a los corresponsales extranjeros acreditados en el país, sin permitir el ingreso de periodistas nacionales. No sólo es políticamente torpe, pues evidentemente los chilenos y chilenas somos los más interesados en saber qué piensa la Mandataria de esta crisis que la involucra, también es comunicacionalmente absurdo pues, aun sin asistir, los medios nacionales, incluso no siendo invitados, de todos modos iban a informar acerca de todo lo que allí se habló, y esto al minuto de que terminara el encuentro, tal como efectivamente ocurrió. Queda, eso sí, la sensación de desprecio por los periodistas de la plaza.

Evidentemente nunca es fácil sortear comunicacionalmente las crisis, pero tampoco es fácil cometer tantas torpezas en tan poco tiempo. Tal vez se echó de menos en esta ocasión al ideólogo de las comunicaciones del anterior Gobierno de la Presidenta y ex director de la Secom, Juan Carvajal, pero, claro, este hoy está demasiado ocupado ideando estrategias comunicacionales para salvar al grupo Penta.

Ignorantes e Ignorantas

IGNORANTES E IGNORANTAS   -   Mauricio  Phelan

Carta de una Profesora con acertadísima y lapidaria frase final.
Está escrito por una profesora de un instituto público:

Yo no soy víctima de la Ley de Educación. Tengo 60 años y he tenido la suerte de estudiar bajo unos planes educativos buenos, que primaban el esfuerzo y la formación de los alumnos por encima de las estadísticas de aprobados y de la propaganda política.

En jardín (así se llamaba entonces lo que hoy es "educación preescolar", mire usted) empecé a estudiar con una cartilla que todavía recuerdo perfectamente: la A de "araña", la E de "elefante", la I de "iglesia" la O de "ojo" y la U de "uña".

Luego, cuando eras un poco mayor, llegaba "Semillitas", un librito con poco más de 100 páginas y un montón de lecturas, no como ahora, que pagas por tres tomos llenos de dibujos que apenas traen texto.
Eso sí, en el Semillitas, no había que colorear ninguna página, que para eso teníamos cuadernos.

En Primaria estudiábamos Lengua , Matemáticas , Ciencias e Historia. En 6º de Primaria, si en un examen tenías una falta
de ortografía del tipo de "b en vez de v" o cinco faltas de acentos, te bajaban y bien bajada la nota.

En Bachillerato, se estudiaba Historia de Venezuela, Universal, Ingles, Francés, Latín, Literatura y Filosofía, entre otras.

Se leía El Quijote, el Lazarillo de Tormes; las "Coplas a la Muerte de su Padre, Doña Barbara, Lanzas Coloradas, Cien Anos...

Pero, sobre todo, aprendí a hablar y a escribir con corrección.

Aprendí a amar nuestra lengua, nuestra historia y nuestra cultura.
Y.. vamos con la Gramática.

En castellano existen los participios activos como derivado de los tiempos verbales.
El participio activo del verbo atacar es "atacante";
el de salir es "saliente"; el de cantar es "cantante" y el de existir, "existente".

¿Cuál es el del verbo ser? Es "ente", que significa "el que tiene identidad", en definitiva "el que es". Por ello, cuando queremos nombrar a la persona que denota capacidad de ejercer la acción que expresa el verbo, se añade a este la terminación "ente".

Así, al que preside, se le llama "presidente" y nunca "presidenta", independientemente del género (masculino o femenino) del que realiza la acción.

De manera análoga, se dice "capilla ardiente", no "ardienta"; se dice "estudiante", no "estudianta"; se dice "independiente" y no "independienta"; "paciente", no “pacienta"; "dirigente", no dirigenta"; "residente", no "residenta”.

Y ahora, la pregunta: nuestros políticos y muchos periodistas (hombres y mujeres, que los hombres que ejercen el periodismo no son "periodistos"), ¿hacen mal uso de la lengua por motivos ideológicos o por ignorancia de la Gramática de la Lengua Española ? Creo que por las
dos razones. Es más, creo que la ignorancia les lleva a aplicar patrones ideológicos y la misma aplicación automática de esos patrones ideológicos los hace más ignorantes (a ellos y a sus seguidores).

Les propongo que pasen el mensaje a vuestros amigos y conocidos, en la esperanza de que llegue finalmente a esos ignorantes semovientes (no "ignorantas semovientas", aunque ocupen carteras ministeriales).

Lamento haber aguado la fiesta a un grupo de hombres que se habían
asociado en defensa del género y que habían firmado un manifiesto.
Algunos de los firmantes eran: el dentisto, el poeto, el sindicalisto,
el pediatro, el pianisto, el golfisto, el arreglisto, el funambulisto,
el proyectisto, el turisto, el contratisto, el paisajisto, el taxisto, el
artisto, el periodisto, el taxidermisto, el telefonisto, el masajisto,
el gasisto, el trompetisto, el violinisto, el maquinisto, el
electricisto, el oculisto, el policío del esquino y, sobre todo,
¡el machisto!

SI ESTE ASUNTO "NO TE DA IGUAL",
PÁSALO, POR AHÍ, CON SUERTE, TERMINA HACIENDO BIEN HASTA EN LOS MINISTERIOS.
Porque no es lo mismo tener "UN CARGO PÚBLICO"
que ser "UNA CARGA PÚBLICA".p

--
Mauricio Phelan C
Profesor/ Investigador
FACES
UCV