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lunes, 9 de octubre de 2017

La Narcocultura, la experiencia del Capellán del Hogar de Cristo


La "narcocultura" en la experiencia directa del capellán del Hogar de Cristo - Pablo Walker

Pablo Walker: "No es tan difícil llegar a decir 'prefiero ser narco a no ser nadie'"
El sacerdote jesuita devela cómo el narcotráfico termina por corromper hasta lo más sagrado, que son los afectos y las confianzas familiares. Se impone el reinado del terror, que estigmatiza y aísla a las comunidades.
   
Los datos son muy claros y pocos los conocen. Lo dice el último informe de la Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de la Fiscalía (Observatorio del Narcotráfico en Chile, de 2016): hay una progresiva masificación de la venta de drogas, hasta el punto de llegar a una "vulneración de la vigencia del Estado de Derecho" en los territorios afectados y "la vulneración de sus normas más básicas como el derecho a la vida y la integridad física". Hay nada menos que 426 barrios críticos en el país en los que reina lo que se llama una "narcocultura".

¿Qué es un barrio crítico?

Es un espacio urbano "donde el narcotráfico ha establecido una plataforma de venta ilícita de drogas, especialmente a través del uso del espacio público, con un predominio sobre otras expresiones delictuales y sobre la vida de los vecinos, con un grave deterioro para la vida de estos, constituyendo un fuerte desafío a la vigencia del Estado de Derecho".

La "narcocultura" se extiende en una red de delitos que desborda los barrios críticos donde viven los pobres. "Está relacionada con el tráfico de armas, con el secuestro, con la extorsión, con el robo, con la explotación sexual", afirma el sacerdote jesuita Pablo Walker, capellán del Hogar de Cristo, quien ha vivido en contacto con hombres, mujeres y niños afectados. Su experiencia es directa.

-¿Es verdad que se acabó hace años el toque de queda en Chile o todavía existe?

"Pregúntenles a los que viven en esos barrios, porque yo me voy a quedar corto... Los niños 'jugando' a tirarse al piso en la sala y los profesores cambiando el horario en los colegios, el rumor en la feria de que mañana queda la escoba, la suspensión de la reunión en la capilla por las balaceras, el cierre temprano del almacén, el miedo de los choferes de micros o colectivos a entrar tarde, los carabineros y ambulancias que tampoco entran...".

-El común de los chilenos piensa que los focos son dos o tres y que la situación no es tan extendida.

"Por eso urge 'deslegualizar' este síntoma-país. Existe en 16 comunas de la Región Metropolitana y en otras nueve capitales regionales, en barrios donde vemos un Estado intermitente, un repliegue de las organizaciones de base, una ausencia de inversión privada y el deterioro de esa vida en comunidad que era el orgullo de una población. En ese despojo, ante el despiste del resto del país, se instalan las mafias decidiendo quién entra y quién sale a tal calle, asegurando, a su manera, 'trabajo', 'previsión', 'vivienda', 'salud', 'educación'...".

-Vale decir, una forma de vida vinculada al tráfico de drogas.

"Claro. Con sus héroes, con sus sueños, con sus códigos. Piensa qué te pasaría si tu abuelo y tu madre hubieran trabajado en lo ajeno hasta agotarse y hubieran muerto pobres, piensa en la oportunidad de tener hoy por la tarde lo mismo que te muestra y te prohíbe la televisión, piensa en por fin darle lo que quieres a tu hijo. No es tan difícil decir 'Prefiero ser narco a no ser nadie'. Si solo tienes que 'tener este paquete' o simplemente 'no ver'. Así avanza el crimen organizado, aprovechando el 'mercado' de la injusticia para extenderse. Y el país hace como que no ve. Estamos hablando de 426 barrios críticos, según el Informe 2016 de la Fiscalía".

-¿De qué es síntoma todo esto?

"De una sociedad que ha tirado por la borda el valor de la comunidad como forma de definir la identidad y como estrategia para resolver dificultades. Es síntoma de un Estado precario donde los derechos más fundamentales no están asegurados, de un sector privado sin foco en las condiciones de vida de sus trabajadores y de una sociedad donde la validación se verifica en el consumo inmediato a cualquier precio. Ahí se crea el espacio para que el 'Padrino' asuma las funciones de gran benefactor en medio de la frustración ante la hiriente desigualdad. El narco da respuesta a necesidades vitales -colchones antiescaras, sillas de ruedas para los ancianos, bolsas de mercadería para los que están cesantes, préstamos de dinero, organización de fiestas para los niños, útiles escolares, etc.- de familias que viven la exclusión. Les da lo que ni el Estado, ni la empresa, ni la Iglesia, ni las organizaciones de base, les están dando. Así se hace querido, e incluso logra ser defendido por la comunidad".

La balacera desde adentro y desde afuera

-¿Qué significado tiene, a su juicio, una balacera al interior de una población? ¿Es solo la expresión de una disputa de territorio?

"Significa que hay armas donde no debiera haber, cada vez más armas de alto poder. Que está normalizada la tenencia de armas aunque legalmente esté penada. Eso implica varias cosas. Al interior de la población, la balacera implica pánico de que te maten ahí mismo, de que maten a tu hijo. Es el terror desatado por vecinos a los que tú quieres, que sin embargo ahora desconoces. Es el fin del pasaje con los niños jugando y su reemplazo por una pesadilla de serie rasca de televisión".

-¿Y qué debe entender de una balacera el que la vive desde afuera o como una noticia?

"Hacia fuera de la población, la balacera es una punta de iceberg. No es solo una disputa territorial, es síntoma de que más allá de esa población se está gestando un negocio enorme, que mueve aún más dinero, haciendo de ese barrio una zona de sacrificio. Las balaceras muestran que hay muchísima plata en juego en esas disputas territoriales. Corrupción de guante blanco, de personas que no viven ahí, con manos 'preñadas de sangre', como dice el Papa Francisco. Corrupción que, como en toda América Latina, comienza con las balaceras en los barrios pobres, sigue con la tranquilidad del territorio ya repartido, avanza con la corrupción de los funcionarios públicos, y concluye con el narcoestado. Donde ya no se sabe qué somos".

"La 'narcocultura' avanza cuando desaparece la comunidad"

-Hoy en día, la pobreza se sigue entendiendo como una falta material. Pero entender la pobreza más compleja también implica conocer lo que es y lo que significa la exclusión, la segregación. ¿Qué propone para avanzar hacia una mayor comprensión de la pobreza?

"La cabeza piensa según donde pisan los pies. No basta el estudio teórico, sino el aprender humilde de los verdaderos 'expertos', los que han sufrido esta exclusión multidimensional. 'Usted está pasado a libro', le decían a un jesuita en la población. Urge la actitud de aprendizaje del que ha sufrido que se te cierren las puertas".

-¿Qué favorece el triunfo de la 'narcocultura'?

"La 'narcocultura' avanza cuando desaparecen la comunidad, los clubes, las juntas de vecinos, las capillas católicas e iglesias evangélicas, los servicios municipales. Si aparece una alternativa de inclusión comunitaria, ciudadana, empresarial, eclesial, se socava el poder narco".

-Después de su experiencia de tanto tiempo en sectores complejos para vivir, ¿dónde siente que el daño es mayor?

"Donde la 'narcocultura' desdibuja y rompe los vínculos familiares y donde socavan las confianzas sociales. Es estremecedor escuchar el grito de una mamá ante una hija 'que anda metida' en la droga. Como adivinando un infierno por recorrer. Te deja helado ver cómo trafican, en tus narices, tus hijos o tus vecinos. Y te sientes cómplice y encubridor. Jamás irías a denunciar a tu hijo. Se te va de a poco tu marido, tu hermano te engaña o lo ves consumiendo y robando, o llegando con cosas que sabes que no puede comprar. Y te encuentras con los vecinos vendiendo veneno a tus hijos, y no sabes qué hacer entre el miedo y la rabia. Y sabes dónde, y cómo, y quién vende. Y sabes que jamás denunciarías a nadie, no solo por miedo a que te maten, sino porque es tu gente".

-Desde hace años, algunos han planteado la necesidad de despenalizar el consumo de drogas, ¿qué le parece?

"Una despenalización del consumo, si no se hace con un genuina transformación del compromiso fiscal y privado en temas de salud mental, de inclusión laboral y escolar, es solo un cambio de proveedor. Tenemos que enfrentar la cultura de las adicciones que aletargan nuestra lucidez respecto de las causas de la exclusión y de la ruptura de vínculos. La despenalización no puede ser otra forma de desentendimiento, sino de reconocimiento del problema de fondo".

-¿La sociedad chilena está preparada para el cambio de mentalidad que implica la toma de conciencia del problema?

"Debemos trabajar en sensibilizarnos para avanzar en la materia, primero hablando del tema, pues estamos amordazados por el miedo y caemos en la trampa de una mirada fatalista que nos hace creer que la batalla está perdida".

-Pero, ¿se puede preparar a una sociedad a este respecto o tiene que vivir el infierno para entender estas cosas?

"El tráfico de drogas está hace mucho en nuestro país, pero hoy es a los más pobres a quienes les matan a sus hijos, es a ellos a quienes se les cobra peaje para pasar de una calle a otra, son ellos los que ven desaparecer un hijo para encontrarlo muerto tiempo después... Todavía no todos viven en ese infierno".

-La Iglesia Católica, como también las iglesias evangélicas, asumen riesgos fuertes al trabajar en estas zonas. ¿Ha sentido miedo personal alguna vez? ¿Cómo se asume el miedo a la violencia física?

"Miedo es lo que quieren que sintamos, de este modo nos aislaremos y quedarán como dueños del territorio. Por eso es tan necesario abrir el tema, socializarlo. El miedo afecta a todos, religiosos y laicos. Recientemente, tras la amenaza de muerte que recibió un sacerdote que jamás ha denunciado a nadie -que ha bautizado, hecho el responso y visitado en la cárcel a casi todos los miembros de las familias comprometidas en el tráfico de drogas de su población-, este se encomendó al cuidado de la comunidad. Así como la 'narcocultura' destruye la comunidad, es también la comunidad la única que puede cuidar la vida de sus vecinos. 'No se preocupe, padre. Aquí todos los párrocos han tenido que arriesgar su vida para cuidarnos. Nosotros somos su comunidad y lo vamos a cuidar a usted'. Es el otro país que queremos".


 
 

lunes, 11 de abril de 2016

Justicia en duda - Colombia - Tamara Avetikian

Justicia en duda
Los acuerdos de paz en Colombia pueden dejar espacios de impunidad.

 
   
Dos años y medio de negociaciones en La Habana y todavía no hay un acuerdo definitivo entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Nadie dijo que sería fácil. El Presidente Juan Manuel Santos fue el primero en reconocerlo, pero se empeña en seguir adelante a pesar de los tropiezos y desencuentros con los duros líderes rebeldes, reacios a doblegarse después de cincuenta años de lucha armada, 280 mil muertos y casi siete millones de desplazados.

En La Habana ya se han definido puntos importantes de la agenda. No hay cuestionamientos a los acuerdos en los temas agrarios, por ejemplo, pero sí fuertes críticas a los que corresponden a reparación de las víctimas, la incorporación de los guerrilleros a la vida política, y sobre todo a la fórmula de justicia transicional, que incluye una amnistía que dejaría a los rebeldes sin cumplir penas de cárcel. Es un tema peliagudo, y hay múltiples puntos de vista.

En Madrid, hace unos días, en un seminario organizado por la Fundación Internacional para la Libertad, Álvaro Uribe y Andrés Pastrana hicieron demoledores análisis sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. De Uribe todos esperábamos escucharlos. Duro opositor a Santos, el ex Presidente se ha dedicado desde el primer momento a torpedear los esfuerzos de su sucesor. Pero lo novedoso fue escuchar a Pastrana, el artífice del Plan Colombia, quien consiguió que EE.UU. se responsabilizara de su parte en el flagelo de la droga, y apoyara económicamente a su país en el combate al narcotráfico, e indirectamente a luchar contra la guerrilla.

Pastrana estuvo hasta hace unos meses en la Comisión Asesora para la Paz, y renunció en octubre por desacuerdos profundos precisamente en torno al tema de la justicia posconflicto. Su argumento es contundente: la Jurisdicción Especial "es un golpe a la estructura institucional colombiana". Este tribunal, dice Pastrana, puede "ejercer una jurisdicción prevalente, en caso de que futuras leyes emanadas del Congreso puedan implicar una modificación a lo pactado (...) en La Habana. Esta 'jurisdicción perenne', sin límite en el tiempo, por encima de la Constitución actual o de cualquier constitución futura, condiciona al propio Poder Legislativo. Así, cualquier ley aprobada en un futuro estará supeditada a la Jurisdicción Especial". Pastrana abre la duda también del papel de la máxima instancia judicial, porque los casos tratados en la JEP no podrán ser nunca reabiertos sino por la misma instancia. O sea, dice el ex Mandatario, el tribunal especial "será siempre la instancia suprema de cierre pactada con las FARC, por encima de la Corte Suprema".

El tema de los crímenes de narcotráfico para Pastrana es otro crucial en su crítica. Esto, porque en el acuerdo se los reconoce como "delitos conexos", es decir relacionados a "objetivos políticos de la insurgencia", entonces quedan amnistiados. A su juicio, eso es impresentable ya que el tráfico de drogas sigue siendo uno de los flagelos más graves que azotan a Colombia.

Los colombianos merecen la paz, y estas negociaciones, trabadas y cuestionadas, pueden lograr el milagro de terminar el conflicto. Pero si Pastrana tiene razón, los acuerdos dejan ventanas abiertas a la injusticia y muchos crímenes quedarían impunes.

martes, 19 de mayo de 2015

Gobierno Venezolano y Narcotráfico - WSJ publicado - 19-mayo-2015

Líderes venezolanos, bajo la lupa de EE.UU. por presunto narcotráfico

Fiscales realizan indagaciones sobre la base de que han convertido a Venezuela en centro global de tráfico de cocaína y lavado de dinero. En la lista de investigados figuran también el ministro de Industrias y varios militares.

   
Fiscales de Estados Unidos investigan a varios altos funcionarios venezolanos, entre ellos al presidente de la Asamblea Nacional, bajo la sospecha de que han convertido el país en un centro global de tráfico de cocaína y lavado de dinero, según más de una decena de personas al tanto de las indagaciones.

Una división élite de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Washington y fiscales federales en Nueva York y Miami están construyendo casos con pruebas aportadas por ex traficantes de cocaína, informantes que eran cercanos a altos funcionarios venezolanos y desertores de las fuerzas armadas, revelaron estas personas.

Un blanco importante, según un funcionario del Departamento de Justicia y otras autoridades estadounidenses, es el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, considerado el segundo hombre más poderoso del país.

"Hay amplia evidencia para justificar que él es una de las cabezas, si no la cabeza, del cartel", afirmó el funcionario del Departamento de Justicia de EE.UU., en referencia a un grupo de oficiales militares y altos funcionarios de los cuales se sospecha de estar involucrados en el narcotráfico.

Representantes de Cabello no respondieron llamadas y correos electrónicos en busca de comentarios.

Cabello dijo el miércoles en la televisión estatal que pidió una prohibición judicial de salida del país contra 22 ejecutivos y periodistas de tres medios venezolanos a los que ha demandado por publicar este año notas sobre las acusaciones de narcotráfico. "Me siento agraviado y ninguno de ellos ha pedido disculpas; ahora el malo soy yo, que me acusaron de narcotraficante sin una sola prueba y el malo soy yo. ¡Qué cosas, no!", apuntó.

El gobierno del Presidente Barack Obama no está dirigiendo ni coordinando las pesquisas, que son llevadas a cabo por fiscales federales con amplias facultades para perseguir sospechosos. No obstante, si las investigaciones derivan en la presentación pública de cargos contra Cabello y otros, el furor resultante en Venezuela podría sumir las relaciones entre ambos países en la crisis más grave desde que el difunto líder populista Hugo Chávez asumió el poder hace 16 años.

Las investigaciones son una respuesta al crecimiento explosivo del narcotráfico en Venezuela, dicen funcionarios estadounidenses. Presionados por Colombia, donde las autoridades combatieron enérgicamente el tráfico de drogas con US$ 10 mil millones en asistencia que EE.UU. proveyó desde 2000, muchos traficantes colombianos trasladaron sus operaciones al país vecino. En Venezuela, dicen funcionarios estadounidenses, hallaron un gobierno y fuerzas armadas dispuestos a permitir, y con el tiempo controlar, el tráfico de cocaína a través del país.

"La mayoría de los traficantes de alto perfil se mudó a Venezuela durante ese tiempo", dijo Joaquín Pérez, un abogado de Miami que representa a narcotraficantes colombianos.

Venezuela no produce coca, ni la hoja que se usa para hacer cocaína, ni la droga en sí. No obstante, EE.UU. estima que unas 131 toneladas de cocaína, cerca de la mitad de la cocaína producida en Colombia, pasó por Venezuela en 2013, el último año del cual se tienen cifras.

"Es una organización criminal"

Los fiscales no apuntan al Presidente Nicolás Maduro, quien está en el poder desde la muerte de Chávez hace dos años. Sin embargo, altos funcionarios de seguridad de EE.UU. dicen que consideran a varios funcionarios y oficiales militares venezolanos como los líderes de facto de organizaciones narcotraficantes que utilizan a Venezuela como punto de partida para los envíos de cocaína a EE.UU. y Europa.

"Es una organización criminal", señaló el funcionario del Departamento de Justicia, refiriéndose a ciertos miembros de las altas esferas del gobierno y las fuerzas armadas de Venezuela.

Mildred Camero, quien presidió la Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de las Drogas de Venezuela hasta que fue obligada a salir abruptamente en 2005, indicó que Venezuela tiene "un gobierno narcotraficante y de lavadores de dinero". Recientemente colaboró con un libro, 'Chavismo, narcotráfico y militarismo', en el cual afirmó que la corrupción vinculada con el narcotráfico había penetrado el Estado, nombrando a más de una decena de funcionarios, incluyendo nueve generales, que presuntamente trabajaron con traficantes.

Las agencias de seguridad de EE.UU. señalaron que han acelerado sus investigaciones en los últimos dos años, un período en el que la economía de Venezuela ha empeorado drásticamente.

La crisis ha facilitado a las autoridades estadounidenses el reclutamiento de informantes, dicen fuentes cuyo trabajo es enlistar personas cercanas a altos funcionarios venezolanos. Narcotraficantes colombianos y venezolanos también han llegado a EE.UU., con ansias de aportar información sobre funcionarios venezolanos a cambio de sentencias menores y la residencia, dicen autoridades de EE.UU.

"A partir de la agitación en Venezuela, hemos tenido mayor éxito en el desarrollo de estos casos", precisó un fiscal federal del Distrito Este de Nueva York que trabaja en casos venezolanos.

En enero, los investigadores de EE.UU. lograron una captura importante cuando el capitán de la armada Leamsy Salazar desertó y fue llevado a Washington. Salazar, que había encabezado la seguridad de Cabello, les dijo a las autoridades estadounidenses haber sido testigo de que este supervisó el envío de un gran cargamento de cocaína desde la península de Paraguaná, en Venezuela, afirmaron personas al tanto del caso. Cabello ha criticado públicamente a su ex guardaespaldas, asegurando que no dirigía su equipo de seguridad y calificándolo de un "infiltrado" que no tiene pruebas de su participación en el narcotráfico.

Rafael Isea es otro ex funcionario que ha hablado con investigadores, según fuentes al tanto. Ex ministro de Finanzas y gobernador del estado Aragua, Isea escapó del país en 2013. Fuentes al tanto del caso dicen que señaló a los investigadores que Walid Makled, un jefe narco ahora en la cárcel, le pagaba al ex ministro del Interior Tarek El Aissami para enviar cargamentos a través de Venezuela.

Casi un año después de dejar el país, Isea fue acusado de irregularidades financieras durante sus días como gobernador por la fiscal general del país, y por El Aissami, quien lo sucedió como gobernador de Aragua. "Hoy Rafael Isea, este bandido, traidor, está refugiado en Washington y entregado al programa de testigos protegidos a cambio de aportar información basura en contra de Venezuela", anotó recientemente El Aissami en la televisión venezolana. Isea ha calificado las acusaciones de falsas, motivadas políticamente y diseñadas para desacreditarlo.

Los otros investigados

Entre otros funcionarios poderosos bajo investigación figuran Hugo Carvajal, un ex director de inteligencia militar; Néstor Reverol, comandante general de la Guardia Nacional; José David Cabello, el hermano de Diosdado Cabello, ministro de Industrias y además superintendente nacional Aduanero y Tributario, y el general Luis Motta Domínguez, un general de la Guardia Nacional a cargo de la zona centro de Venezuela, de acuerdo con media docena de funcionarios y personas al tanto de las investigaciones.

Llamadas y mensajes de correo electrónico en busca de comentarios de varios ministerios gubernamentales, así como de la oficina de la Presidencia de Venezuela no obtuvieron respuesta. Algunos funcionarios han salido a las redes sociales para ridiculizar las investigaciones estadounidenses. Una cuenta de Twitter a nombre del general Motta Domínguez dijo a principios de este año: "Ya saben, el que quiera su green card y vivir en USA para conocer Disney, escoja su líder y acúselo de narco... DEA tours los atenderá, jejeje!".

Las agencias de seguridad estadounidenses trabajan con exiliados venezolanos y otros para localizar y reclutar a venezolanos insatisfechos. "Nosotros sacamos a la gente de Venezuela y nos reunimos con ellos en Panamá, Curaçao y Bogotá", dijo un ex agente de inteligencia que trabaja con autoridades de EE.UU. para reclutar e interrogar a venezolanos que tienen evidencia de vínculos entre las autoridades venezolanas y el narcotráfico.

El principal blanco es Diosdado Cabello, ex teniente del ejército de 52 años que estableció un vínculo estrecho con Chávez en la academia militar mientras ambos jugaban en el mismo equipo de béisbol. Cuando Chávez lanzó un intento fallido de un golpe de Estado en 1992, Cabello dirigió una columna de cuatro tanques que atacó el palacio presidencial en el centro de Caracas.

Cabello ha sido vicepresidente y ministro de Obras Públicas -que le dio control de aeropuertos y puertos- y del Interior. También fue Presidente por unas horas en abril de 2002, cuando Chávez fue expulsado brevemente en un fallido golpe de Estado.

Investigadores estadounidenses han construido sus casos utilizando también la información obtenida de casos delictivos en EE.UU. En Miami, dicen personas familiarizadas con el asunto, un elemento clave en dichas investigaciones fue una banda de contrabando de drogas manejada por el colombiano Roberto Méndez Hurtado. Este narcotraficante habría ingresado cocaína en Venezuela a través del estado occidental de Apure y, de acuerdo con personas familiarizadas con su caso, se habría encontrado con altos funcionarios venezolanos.

Méndez Hurtado se declaró culpable en una corte federal de Miami en 2014 y recibió una condena de 19 años. Fuentes cercanas a la investigación dicen que él y sus cómplices no habrían sido capaces de operar sin haberle pagado a una serie de altos oficiales militares y funcionarios del gobierno venezolano.

"Es súper claro el involucramiento de altos oficiales de la Guardia Nacional y del gobierno de Venezuela en el narcotráfico", dijo un ex oficial de inteligencia y lucha contra el narcotráfico de la Guardia Nacional de Venezuela que huyó del país el año pasado asustado por la abrumadora la corrupción que veía a diario.

En otro caso judicial en Brooklyn, los fiscales han conocido las complejidades del tráfico de drogas en Venezuela después de romper una red de contrabando de cocaína dirigido por Luis Frank Tello, quien se declaró culpable, según documentos judiciales.

Antecedentes

Las investigaciones estadounidenses de funcionarios venezolanos han estado en curso durante años. En 2008, el Departamento del Tesoro de EE.UU. puso a tres importantes asesores del entonces Presidente Chávez en una lista negra y congeló todos sus activos en EE.UU. Entre ellos se hallaba Carvajal, conocido como "El Pollo", entonces jefe de la inteligencia militar. EE.UU. actuó después de que amplias pruebas surgieran a principios de ese año de las computadoras de un comandante de la guerrilla colombiana muerto, en la que, según los gobiernos de EE.UU. y Colombia, se describía el floreciente intercambio de cocaína por armas entre los rebeldes y generales y oficiales venezolanos.

En 2010, la fiscalía de Manhattan hizo pública una acusación contra Makled, el distribuidor de drogas venezolano acusado de enviar toneladas de cocaína a EE.UU. a través de Puerto Cabello, principal puerto marítimo del país, supuestamente controlado por Makled. Este, que había sido capturado en Colombia, se jactaba de tener 40 generales venezolanos en su nómina. "Todos mis socios comerciales son generales", dijo entonces Makled en su correspondencia con uno de sus asociados, a la que tuvo acceso The Wall Street Journal. "Te estoy diciendo despachamos 300 mil kilos de coca. No podría haberlo hecho sin la parte superior del gobierno".

En julio pasado, funcionarios antidrogas estadounidenses casi atrapan a Carvajal, quien había sido acusado en Miami y Nueva York con cargos por narcotráfico y detenido en Aruba a instancias del gobierno estadounidense. Pero las autoridades holandesas lo liberaron a Venezuela con el argumento de que tenía inmunidad diplomática.

-Chris Matthews en Nueva York contribuyó a este artículo.

Informantes
La crisis en Venezuela ha facilitado a las autoridades estadounidenses el reclutamiento de informantes.